Policiales

Avalan que a Pillín lo investigue la Justicia provincial por lavado de dinero

Está acusado de haber acumulado 38 millones de pesos en base a delitos vinculados a la barra de Central. Una camarista dice que por eso la competencia no es de la Justicia federal. Seguirá preso.

Jueves 27 de Agosto de 2020

Andrés Pillín Bracamonte, jefe de la barra brava de Rosario Central durante casi dos décadas, está detenido hace dos meses acusado de haber construido una fortuna de al menos 38 millones de pesos en base a blanquear dinero procedente de ilícitos. La Cámara Penal de Rosario acaba de confirmar que tiene que seguir preso. Pero al mismo tiempo convalidó la competencia de la Justicia provincial para intervenir en delitos de lavado de activos. Por lo que lo por ahora lo más importante de la pulseada penal se librará en el ámbito donde se inició la causa.

Esta es la quinta vez que la Cámara Penal de Rosario se pronuncia en favor de la competencia provincial en delitos de lavado. En febrero la Corte Suprema de Santa Fe resolvió que la Justicia provincial tiene vía libre para intervenir en lavado de activos. Esto tiene impacto en la política criminal que impulsan no pocos fiscales provinciales, que indican que para contener el delito violento es fundamental avanzar en las investigaciones de lo que se hace con el dinero obtenido violentamente. La idea es apuntar a los bienes que atesoran las organizaciones criminales para sacarles a los grupos delictivos los motivos para ejercer violencia, que impacta fundamentalmente en los territorios locales.

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El 25 de junio pasado la jueza Valeria Pedrana avaló el planteo del fiscal Miguel Moreno, quien indicó que Pillín se valió de amenazas, intimidaciones y extorsiones para generar un espacio de poder desde la barra y luego “crear un verdadero negocio ilícito y millonario”. Las empresas vinculadas con Bracamonte, que fueron allanadas el 23 de junio, son de reciente constitución. Según los registros públicos, se dedican a objetos de distinta índole, desde servicios de limpieza hasta la prestación de servicios de abastecimiento marítimo.

Para el fiscal Moreno, Pillín obtuvo el dinero para constituir esas empresas al frente de negocios relacionados con Central, ya sea cobrando por estacionar en las inmediaciones del estadio los días de partido, participando de la venta de jugadores o creando firmas para facturarle servicios al club.

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Los defensores de Pillín objetaron la potestad de la Justicia provincial para el delito de lavado de activos alegando que este tipo de ilícitos deben tratarse en la esfera federal. El fiscal Moreno reclamó que el caso lo llevaran jueces de la provincia. La camarista Georgina Depetris estuvo de acuerdo con esta última postura: señaló que lo que define la competencia es los intereses que hay en juego.

En este caso, para la magistrada, como señala el fiscal, el lavado de activos supuso haber creado sociedades comerciales para poner dinero en el mercado proveniente de delitos como amenazas, extorsiones y posibles defraudaciones, que son delitos de índole provincial. Lo que define, dice Depetris, es que el blanqueo de dinero endilgado a Pillín es presunta consecuencia “de delitos ordinarios cometidos en el ámbito de la Provincia de Santa Fe”. Por eso en este caso estos son, para la camarista, los intereses que hay en juego.

No obstante la magistrada señala que el tipo de delitos previos al blanqueo “deben resultar identificados y superar las simples sospechas y conjeturas”.

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