El solo hecho de tener un arma de fuego sin documentación legal o sin ser un usuario habilitado es un delito por el cual desde hace cuatro años en Rosario se imponen condenas. Es históricamente rutinario que en el marco de la investigación de ilícitos más graves como homicidios se consideren en la sentencia, cuando esto ocurre, imputaciones por el uso de armas de fuego. Pero cuando a una persona en general sin antecedentes se le encontraba un arma de manera irregular en la casa o en la guantera de su auto estas conductas, en los hechos, terminaban sin ninguna sanción. Ahora los delitos autónomos de tenencia o portación ilegal de arma de fuego implican condenas que pueden tener, en los casos más graves, hasta ocho años y medio de prisión.
Esto es producto de un cambio legislativo en la provincia que en septiembre de 2017 se consolidó con procedimientos más rápidos hacia los delitos con armas que no son complejos. También en la política de persecución del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que agrupa a los fiscales provinciales.
Especialmente en Rosario la decisión se conecta con el contexto: en una ciudad donde la circulación de armas ilegales es muy alta y explica las altas tasas de homicidios, el mensaje público buscado es que tener un arma en forma ilícita es un problema serio para quien sea encontrado con ella.
También hay otros propósitos que procuran limitar que las armas que en principio pueden tener un usuario legítimo terminen en manos de alguien que la obtenga y la utilice fuera de la ley.
Ayer se supo, por ejemplo, que el arma homicida encontrada en la casa del hombre acusado de asesinar al diputado nacional Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón pertenecía a un usuario fallecido. Vale decir que en estos dos homicidios fue utilizada un arma ilegal.
Hace dos semanas se encontraron 22 armas de fuego, entre ellas dos ametralladoras, en operativos de fuerzas federales en Rosario. Aunque en principio se dijo que tenían relación con las balaceras al Poder Judicial sus guardadores terminaron solamente imputados de tenencia por falta de otras pruebas. Pero aunque no se las vincule a otros ilícitos esas piezas eran en algunos casos, además de ilegales, muy poderosas. Por esto la posesión ilegal de un arma es motivo de preocupación del Estado.
En trámite
En este momento el sector específico que investiga sólo delitos de tenencia o portación de arma tiene 355 casos en investigación en trámite. Los dos fiscales asignados impusieron desde febrero de 2018 a la fecha 51 condenas en juicio abreviado.
Entre acusaciones ya formalizadas contra imputados y condenas hay en Rosario al menos 224 personas alcanzadas por los procesos. Se proyecta para todo este año unas 150 condenas cuando el delito es solamente de tenencia o portación. Los números de años recientes son semejantes. En 2016 hubo 137 sentencias condenatorias.
La cifra puede no impresionar, dice Matías Ocariz, uno de los dos fiscales de la Unidad de Investigación Nº 4, asignada a estos casos. Pero son importantes si se considera que hasta comienzos de 2014, cuando estaba vigente el sistema de juicio escrito, la cifra de condenas por hechos como estos era cero.
"El criterio de persecución apunta a dejar claro que hoy, en Rosario, tener o portar un arma ilegal no es algo que al Estado le vaya a pasar desapercibido. Actualmente todas las causas con armas se trabajan. Unas pocas se archivan o desestiman. Pero la mayoría terminó o terminará en una condena", dice Ocariz.
Hasta hace menos de dos años este tipo de conducta ilícita muy rara vez o nunca llegaba a sentencia. La baja expectativa de pena, con personas mayormente sin antecedentes y que no quedaban presas llevaban los casos a la prescripción sin que nadie controlara el devenir de los casos. "Ahora existe un seguimiento que nos garantiza que no se prescriban las causas", señala Ocariz.
Tener o portar
Lo que diferencia la tenencia ilegal de la portación ilegal de un arma es la posibilidad de su inmediato uso. Un arma no registrada encontrada en una casa durante una requisa es delito de tenencia. Un arma cargada secuestrada a una persona en la calle o en un auto es delito de portación.
El criterio de política criminal al poner el acento en la sanción de estos ilícitos parte, contra la apariencia contraria, en tratar de evitar que sean una puerta de entrada a hechos peligrosos. "Escuchamos en las audiencias que un imputado alega tener un arma sin intención de usarla hasta que lo hace. También alguien puede tener un arma en un estante de su casa hasta que alguien se la lleva en una entradera y la ingresa al mercado negro", sostuvo Ocariz.
De las trece personas imputadas por la tenencia de las armas halladas en los mencionados allanamientos realizados por las fuerzas federales la mayoría no tenía historial delictivo previo. Pero el sólo hallazgo de esas piezas en su poder implicará una sanción.
armas en delitos autónomos se repiten en manos de distintos fiscales que tienen investigaciones previas en las que se encuentran armas.
En agosto del año pasado Matías Messi recibió una condena a dos años y dos meses de prisión por portar un arma de guerra que se le encontró en una lancha en la que se accidentó. No hubo constancias de que el hermano del delantero del Barcelona tuviera esa arma con otro propósito ilícito, por lo cual el fiscal Lucas Altare le asignó esa pena.
“En un momento en el que regía una prioridad de persecución distinta este caso podría haber terminado archivado o prescripto. Nosotros obtuvimos una sanción a pesar de que se trató de un caso mucho menos lesivo que otros comparables en el mismo delito. Es mucho más peligrosa una persona parada en una esquina con una pistola cargada en la cintura que alguien solo en el medio del río. Pero recibió condena”, dice Altare.
Condición
Las penas en general quedan en suspenso. Pero la condena condicional es una carta que se puede jugar una vez porque luego deben pasar diez años para que la misma persona pueda volver a acceder a esa modalidad de ejecución de la pena.
La importancia que le atribuyen los fiscales es que si la persona sentenciada por tener un arma ilegal tiene conexión con otros delitos quedará privada de libertad si vuelve a ser detenida. “La respuesta que da la fiscalía es el no a las armas de fuego. El mensaje de que quien tiene una de modo ilegal va a recibir una condena”, asegura Altare.
Desde que se modificó el Código Procesal Penal de la provincia para instalar un juzgamiento de estos delitos los trámites son muy veloces. Según explica Ocariz, se trata de causas “relativamente simples” de investigación. “Se analizan las testimoniales de las personas que intervienen en el procedimiento, se hace la pericia balística de aptitud para el disparo del arma ilegal y se piden las pericias necesarias. Se imputa a la persona, se pasa a un cuarto intermedio de pocos días y se formula la propuesta de que haya un procedimiento abreviado”.
Su colega complementa: “El mérito de estas acusaciones es que apunta a gente que nunca cometió delito pero a la que se le pone un freno de entrada cuando tiene un arma de fuego. A esta persona quizá le entran a robar y repele con un arma de manera excesiva. Se busca evitar eso tanto como que el arma que tiene alguien que no la usará le sea sustraída y termine en manos de alguien que sí lo hará”.
Sobre control de usuarios y de expendio de balas
El hecho de que la pistola usada en el doble crimen frente al Congreso la semana pasada perteneciera a un usuario fallecido es indicativo de los caminos que nutren ese mercado negro. Autoridades de Seguridad provinciales pidieron varias veces a la Anmac (la agencia de control de armas, ex Renar) que informe los legítimos usuarios vencidos con más de diez armas registrados en Santa Fe. La idea es ajustar los controles, porque los fiscales sospechan que en algunos casos el acopio legal de armas en cantidad es para alquilarlas; o porque las balas adquiridas por un usuario legítimo pueden terminar en uno ilegítimo.
Lo que se pretende es cruzar datos de la tarjeta de consumo de municiones con que los usuarios compran balas con vainas levantadas en hechos delictivos. Si las vainas son de fabricación industrial y no casera se puede presumir que un comprador legal de balas en una armería las pudo facilitar al usuario de un arma ilegal.
En general la Anmac es renuente a brindar estos datos. La agencia considera que si intima a regularizar las armas a sus usuarios o los incrimina, al ser cada trámite por arma caro (5 mil pesos) es posible que en vez de actualizar el tenedor pueda deslizar el arma hacia el mercado ilegal. Por eso la Anmac incentiva que en casos de posesión vencida sus usuarios se desprendan de las armas mediante entrega voluntaria, por el cual reciben 3 mil pesos.
El MPA también reclama auditorías a armerías de Rosario por sospechar que los inventarios no siempre coinciden con las existencias. Se cree que a veces se adulteran tarjetas de consumo a espaldas de sus dueños. "La idea es examinar los consumos y citar a los dueños de esas tarjetas. Si éstos nieguen haber comprado se abre una vía para investigar si se usaron sus tarjetas para vender a compradores ilegales", dijo una fuente de la provincia.
