Policiales

Ariel "Guille" Cantero, un hombre condenado a morir tras las rejas

Ya lo condenaron seis veces y espera tres juicios. De quedar firmes las penas impuestas, el líder de Los Monos podría salir de prisión tras cumplir los 80.

Domingo 12 de Julio de 2020

El pasado 14 de mayo Ariel Máximo "Guille" Cantero cumplió 32 años. Es padre de cuatro chicos que tuvo con dos parejas. Y a pesar de su relativa juventud, ya pesan sobre él seis condenas por delitos graves que, sumadas linealmente, acumulan 62 años y 8 meses de prisión. A ese alto número seguramente se sumarán nuevas penalidades ya que hay tres juicios orales que lo esperan por delante. Así leído, y aunque las sentencias no estén firmes, al final del recorrido judicial todas ellas podrán ser unificadas en una sola pena que no bajará de los 50 años de encierro según la legislación vigente. Por eso se puede decir sin sobresaltos que, aunque en la República Argentina esté prohibida la pena de muerte, "Guille" está condenado a morir en prisión. Y eso, para algunos penalistas, "es totalmente inconstitucional".

El abogado Gustavo Feldman remarcó a este diario que, "más allá de los delitos juzgados y las penas impuestas, nunca debe perderse de vista el artículo 18 de la Constitución Nacional en cuanto al carácter resocializador de la pena". Y en ese sentido, sostuvo que "la perpetuidad de la detención, la detención hasta morir, es inconstitucional".

Feldman basó su aporte en un dictamen de la Cámara Federal de Casación Penal que, en un voto de la magistrada Ana María Figueroa sobre una de las tantas condenas a prisión perpetua impuestas al genocida Jorge Rafael Videla por crímenes de lesa humanidad, sostuvo que "se pueden tener tres condenas a prisión perpetua pero una sola vida".

Un fin conrovertido

Carlos Varela, abogado de algunos de los integrantes de la familia de "Guille" Cantero, dijo a La Capital que "en el supuesto de que sobre esta persona se llegue a una pena unificada en 50 años de prisión eso controvierte el fin constitucional de la razón de ser del encarcelamiento, porque uno de los objetivos de la pena es la retribución por la conducta lesiva; pero el otro fin es la resocialización, y allí se advierte que estas penas de tan larga duración contradicen la intención estatal".

El letrado explicó que "la resocialización implica que el condenado, en un momento del cumplimiento de la pena tenga la posibilidad de recuperar la libertad para confirmar el ideal de la reinserción, lo que virtualmente se imposibilita con una pena de duración inusitada que no finalizará en el plazo previsto para la libertad condicional (al cumplir los dos tercios de la pena) sino que dependerá de una serie de factores que obstaculizarán preordenadamente su concesión por ser considerado éste un reo de alto perfil, denominación inventada para agravar las condiciones de detención de ciertas personas y así obturar el tránsito de la progresividad en la aplicación de la Ley de Ejecución Penal que permite libertades anticipadas".

Finalmente, Varela explicó que "derivada de la prohibición de imposición de penas crueles, inhumanas y degradantes, una pena de 50 años de prisión creo que es claramente atentatoria de la dignidad humana y violatoria de la Convención Americana y la Convención contra la Tortura y otros actos crueles, inhumanos y degradantes".

¿Qué se busca?

En esa misma línea de pensamiento se expresó la abogada y docente bonaerense Claudia Cesaroni, referente del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc). "A mi juicio estas penas eternas son inconstitucionales, son incluso más altas que las aplicadas a los genocidas en este país y producto de las reformas incorporadas al Código Penal en 2004, lo que se conocen como «Leyes Blumberg»" (una serie de reformas de endurecimiento de penas aplicadas al Código Penal e impulsadas por el empresario Juan Carlos Blumberg tras el secuestro y asesinato de su hijo Axel).

La profesional explicó que "la misma Corte Penal internacional fijó en 30 años la pena máxima para aquellos acusados de genocidios y no puede ser que en la Argentina, que está adherida a esos tratados, haya tribunales que desconozcan eso e impongan penas más altas". Y recordó que el ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Raúl Zaffaroni "es de los que considera que nadie puede estar preso más allá de 30 años".

En otra parte del diálogo con este diario, la abogada, magíster en criminología y docente universitaria se preguntó: “¿Qué sentido tiene imponer ese tipo de penas más allá de la venganza, de decir ese es el tipo más malo que hay? ¿Es para dar un ejemplo? ¿A quién? ¿Porque esa persona pase el resto de su vida en prisión nadie más cometerá crímenes? ¿O es sólo para satisfacer la sed de venganza y el morbo de cierta parte de la sociedad?” Y concluyó: “Estas son verdaderas penas de muerte porque es casi imposible en el sistema carcelario argentino pasar 50 años en prisión. No se llega por las condiciones internas de detención y porque ninguna persona vive sabiendo que va a estar presa toda su vida”.

Lo que dice la ley

Lo cierto es que una vez que todas las condenas dictadas y por dictarse contra Cantero queden firmes, un tribunal superior podrá echar mano al artículo 58 del Código Penal donde se fijan tres reglas básicas para arribar a la pena única, que en el país no supera los 50 años de encierro.

La primera de esas reglas sostiene que la unificación de condenas “debe ser aplicada de oficio por el órgano jurisdiccional que pronuncia la última sentencia” y que “debe ser aplicada en la etapa en que el proceso se encuentre ya sea que las causas correspondan a la misma o a distintas jurisdicciones”. La segunda regla dice que la unificación abarca los “delitos cometidos después de la primera condena firme y sentenciados mientras aún se cumple la pena impuesta”. Y la tercera comprende “los casos en que se hubieren dictado dos o más sentencias firmes respecto de la misma persona”.

Asimismo, la Corte Suprema nacional sostuvo que “el artículo 58 del Código Penal responde al propósito de establecer real y efectivamente la unidad penal en la Nación, adoptando las medidas necesarias para que ella no desaparezca por el funcionamiento de las distintas jurisdicciones”.

En resumen, lo que ha pasado y seguirá pasando con “Guile” Cantero no es más que legitimar las penas a partir de la llamada teoría de la prevención general en su aspecto negativo, es decir ponerlo como ejemplo, símbolo y emblema de lo que no se debe hacer porque quien lo hace es excluido, aislado y eliminado de la sociedad a la que perjudica. Y todo ello sin tener en cuenta el aspecto positivo de la misma teoría que apunta a resocializar, reeducar y reinsertar en la sociedad a quien haya delinquido como lo establece la Ley de Ejecución, lo que parece imposible e irrisorio en un sistema cuyas cárceles sólo son oscuros pozos en los que funcionan escuelas de nuevos y mejores delincuentes.

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