La ministra de la Corte Suprema de la Nación Carmen Argibay pulverizó ayer, con una humorada, la propuesta de rebajar la edad de imputabilidad penal como fórmula para controlar el delito. “Quieren bajar la imputabilidad de 16 a 14 años. Pero va a seguir igual la cosa. Luego van a proponer bajarla a 12. Y luego a 10. Finalmente vamos a encarcelar al nene de tres años porque le pegó al compañerito en el pelotero del jardín de infantes”, ironizó.
  La integrante del máximo tribunal argentino, especialista en derecho penal, reiteró en Rosario posiciones personales ante la renacida polémica de reducir el umbral de persecución a chicos. Su criterio es que los niños y adolescentes que se convierten en victimarios son antes, en la mayoría de los casos, víctimas de situaciones sociales vulnerables: falta de hogar, educación, familia y de perspectiva de futuro.
  Bajar la imputabilidad de los menores sin generar políticas sociales inclusivas para niños y adolescentes, dice la jueza, servirá para encarcelar más, pero no para terminar con la criminalidad. “No sirve para nada. Es lo mismo que incrementar las penas para los delitos en el Codigo Penal. Son fórmulas inadecuadas para resolver el delito. Esto se resuelve con programas de prevención e integración social que hoy en Argentina son insuficientes”, sostuvo.
  Las declaraciones fueron realizadas ayer a la mañana en los Tribunales provinciales de Rosario, al inaugurar el XII Congreso Nacional y II Internacional de Capacitación Judicial. Hasta allí llegaron el gobernador Hermes Binner, los ministros de Justicia y de Seguridad, Héctor Superti y Daniel Cuenca respectivamente, y los representantes de la Suprema Corte provincial encabezados por su presidente, Roberto Falistocco.

¿Me pueden explicar? La jueza consideró que las relaciones entre menores y sistema penal se instala en forma espasmódica en los medios por razones políticas. “Hay muchos chicos que tienen una expectativa de vida de 20 años como mucho. Saben que su vida no vale nada. Lo saben porque la sociedad no les ha dado nada: ni familia, ni salud, ni atención médica, ni cariño, ni nada. ¿Me pueden explicar por qué les voy a exigir yo a esos chicos que respeten la vida de los demás si nadie respetó la de ellos?, se preguntó, en una entrevista con Canal 3.
  La semana pasada Argibay había sostenido que si se tocan los libros sin modificar la realidad social donde se origina la criminalidad el delito seguirá existiendo. A la ministra le preguntaron por los dichos de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, respecto de que la policía realiza detenciones y los jueces liberan con ligereza. “Son declaraciones políticas. Yo no hago declaraciones políticas, hago mi trabajo de jueza”, planteó.
  Argibay coincidió, contra la línea del Poder Ejecutivo en este tema, con su colega de la Corte nacional Raúl Zaffaroni, quien dijo que Kirchner “se equivoca políticamente y mal”, al pedir a los jueces garantistas “ponerse los pantalones largos” porque liberan a delincuentes que vuelven a cometer delitos. “Hay hipócritas que pretenden que se encierre a todo el mundo y que los jueces se conviertan en verdugos de los pobres y excluidos. Piden que se condene a niños para meterlos en cárceles donde sean violados y de las que salgan como psicópatas asesinos”, afirmó la semana pasada.

La discusión. La iniciativa del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, de bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en casos de delitos graves, surgió tras la muerte de un ingeniero en San Isidro hace dos semanas y abrió la polémica luego de que fuera rechazada desde varios sectores, incluso oficiales.
  En Buenos Aires, según datos del Ministerio de Desarrollo Social, hay 400 mil jóvenes de entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan y gran parte de ellos vive “situaciones extremas de marginalidad y de pobreza”. En este sentido, desde esa área consideraron que “es letal y lacerante criminalizar” a los adolescentes, al tiempo que es una “barbaridad” y una “irresponsabilidad” decir que ellos son los culpables de la inseguridad.