El abogado Carlos Edwards asumió la defensa del ex comisario mayor Hugo Giuliano, recientemente procesado por enriquecimiento ilícito, y su primera medida será apelar la resolución del juez de Instrucción Juan Andrés Donnola por considerar "notoriamente arbitraria la valoración de la prueba" que realizó el magistrado. El letrado cuestionó los plazos transcurridos desde la apertura de la causa y remarcó que su defendido fue sobreseído dos veces sobre la base del mismo material probatorio.
Giuliano, quien fue jefe de la Agrupación Unidades Especiales de la Unidad Regional II y estuvo al frente de otras departamentales de la provincia, fue denunciado por enriquecimiento ilícito en 2004. Tras una investigación de la Dirección de Asuntos Internos, en 2008 se abrió una causa judicial durante la cual el acusado no fue citado a indagatoria, lo que prolongó los plazos.
Tras asumir al frente del juzgado de Instrucción Nº 10, en 2011 la jueza Patricia Bilotta le dictó la falta de mérito a Giuliano por el vencimiento de los plazos. La Cámara Penal lo revirtió y el expediente recayó en el juzgado de Instrucción Nº 11, a cargo de Hernán Postma. El ex comisario resultó otra vez sobreseído pero ese fallo volvió a ser revocado por la Cámara.
En medio de ese recorrido, tras la transformación del sistema penal la causa fue absorbida por Donnola, quien consideró fundamentada la acusación como para que el ex policía fuera a juicio ya que, a su entender, en los diez años transcurridos desde el inicio de la pesquisa Giuliano no pudo demostrar con documentación objetiva cómo obtuvo propiedades y bienes por valores que superan a sus ingresos como policía.
Al asumir como defensor de Giuliano, Edwards consideró "arbitraria" la valoración de la prueba realizada por Donnola.
Prueba diabólica. "Se le imputa a mi defendido la justificación documentada de la procedencia de su patrimonio desde 1975 hasta dos años después de su retiro, es decir 2007, lo cual implica un período de más de 30 años, convirtiéndose tal justificación en una prueba diabólica en razón de que la documental que respalda la evolución de su patrimonio en muchos casos fue destruida de los distintos registros públicos y privados, ya que pasados diez años la documentación se destruye", argumentó el abogado.
Edwards sostuvo que la imputación contra Giuliano "se limita a una vivienda particular, un local comercial y un auto, y no a edificios enteros como inicialmente se le adjudicó falazmente. Pero mi cliente justificó la adquisición de todos estos bienes con fondos provenientes de la explotación y posterior venta de un taxi, la explotación de una agencia de Prode, trabajos contratados por la Municipalidad de Rosario para la construcción y reparación de tapiales, el cobro de una indemnización de su esposa y la donación de un familiar".
El defensor del ex policía también consideró "sorprendente" que desde que se inició la causa dos jueces sobreseyeron a Giuliano "siempre sobre las mismas pruebas, sobreseimientos que fueron apelados y revocados sin mayores fundamentos por la Cámara Penal". Sin embargo, agregó, "el juez Donnola, en el transcurso de un mes desde que comenzó a intervenir en este expediente de más de 1.400 fojas, decide el procesamiento de mi defendido, en flagrante contradicción con lo resuelto por los otros dos anteriores jueces de instrucción".
Finalmente, para el letrado "se verifica una clara violación a la garantía constitucional del plazo razonable de duración del proceso penal, considerando que la investigación lleva más de diez años, con criterios totalmente opuestos de los sucesivos jueces que intervinieron en este proceso, reactualizándose el trámite en un momento en que se está demonizando a algunos funcionarios policiales, soslayándose que los casos más emblemáticos de corrupción administrativa se han producido en el ámbito político y también en la misma Justicia".