Policiales

Apelarán el procesamiento de los diez policías del peaje

Los abogados de los diez policías del peaje de General Lagos que fueron procesados por distintos delitos, vinculados a la denuncia de dos turistas que se declararon víctimas de extorsión, presentarán el lunes la apelación de la medida dispuesta por la jueza de Instrucción Nº 6, Raquel Cosgaya.

Sábado 26 de Enero de 2008

Los abogados de los diez policías del peaje de General Lagos que fueron procesados por distintos delitos, vinculados a la denuncia de dos turistas que se declararon víctimas de extorsión, presentarán el lunes la apelación de la medida dispuesta por la jueza de Instrucción Nº 6, Raquel Cosgaya.
  El abogado Horacio Corbacho sostuvo que no encuentra elementos para fundamentar los procesamientos, en especial el que implicó a los dos ex jefes de la Patrulla de Caminos que, según dijo, ni siquiera estaban en el escenario del hecho investigado, ocurrido el 11 de enero pasado a las 10.30 de la mañana.

La resolución. La jueza Cosgaya procesó el jueves y dictó la prisión preventiva de diez policías. Cuatro de ellos están acusados como autores de extorsión agravada, privación ilegítima de la libertad y robo de los turistas Santiago Mercatante, de 32 años, y Juan Balmont López, ciudadano español de 31.
  Los otros seis efectivos procesados son cuatro colegas que estaban de turno con los cuatro implicados principales y los dos jefes. A estos seis efectivos la jueza les adjudica los mismos delitos que a los cuatro primeros pero en calidad de partícipes secundarios.

Ironías. Luis Laporte, que también defiende a los policías, expresó malestar porque según dijo se enteró de los procesamientos por la prensa y no por la vía de la notificación del tribunal. “Hemos solicitado, por escrito, que se nos confirme judicialmente y nos aclaren si tenemos que apelar ante el tribunal o ante las oficinas del diario”, ironizó ayer por LT8. “No sé por dónde fue la fuga de información. hay que comprobar por dónde se fugó, pudo ser un empleado infiel, o algún funcionario”.
  Laporte sostuvo que frente a esto realizó una denuncia penal por un hecho que, a su criterio, puede constituir “un delito de acción pública como la violación de secreto de sumario”. Corbacho atemperó el señalamiento de su colega. “La información no salió del juzgado. Debió salir de otra parte”, dijo.
La denuncia. El incidente que derivó en los procesamientos ocurrió hace 15 días en el control de la estación de peaje de General Lagos. Mercatante y Balmont López denunciaron, a instancias del Consulado de España en Rosario, que cuatro policías les exigieron dinero para dejarlos circular a cambio de no abrirles una causa por traslado de pastillas tranquilizantes que según los denunciantes fueron plantadas.
Los dos turistas señalaron que tras entregarles 950 pesos, los policías los forzaron a pedir un giro a España de 800 euros, que cobraron en pesos en un local de San Martín al 3500 y que les entregaron. Aseguraron que dos de los policías los guiaron hasta allí entrando en su auto y que otros dos efectivos los siguieron en una patrulla.
También denunciaron que los retuvieron por algo más de cuatro horas, que les robaron mercadería que transportaban, el estéreo del auto y la cámara digital de fotos aunque le permitieron conservar el chip con la memoria de las fotos que habían sacado.
Luego hicieron la denuncia judicial junto al canciller del Consulado español, Gerardo Hernández. Este funcionario denunció dos días más tarde la recepción de una amenaza telefónica de muerte vinculada al suceso. Otras tres amenazas del mismo tenor denunció el perito policial asignado a la investigación de la llamada que había recibido el funcionario del consulado.

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