Policiales

Agravan la acusación a una banda por conformar una asociación ilícita

Resolución judicial. Lo decidió un camarista penal y recayó en cinco hombres imputados de cometer una decena de robos en viviendas del microcentro rosarino.

Viernes 19 de Junio de 2015

Los cinco integrantes de una sofisticada banda que perpetró robos en al menos 15 departamentos y viviendas del microcentro de Rosario logrando cuantiosos botines serán acusados de conformar una "asociación ilícita" luego de que la Cámara Penal revocara la decisión de un juez de garantías, que inicialmente los había imputado bajo la figura menos gravosa de "robo calificado por efracción en poblado y en banda". Según la acusación fiscal, el grupo tenía un aceitado mecanismo con un líder operativo que aportaba infraestructura y logística.

Luego de una sigilosa pesquisa coordinada por la Unidad de Investigación y Juicio de la Fiscalía Regional, la Policía de Investigaciones logró en marzo pasado la detención de cinco hombres sospechados de cometer una decena de escruches. Se trata de Jorge Alberto P., de 50 años y sindicado como jefe de la banda; Jonatan Ezequiel F., de 24; Cristian Leonel D., de 23 años; Jonatan F., de 26 años; y Andrés F., de 22 años.

Peligrosos. En una audiencia imputativa celebrada el 23 de marzo, los fiscales Georgina Pairola y Nicolás Foppiani desplegaron evidencias concretas para demostrar la peligrosa actividad criminal del grupo.

Los vincularon a por lo menos 9 robos cometidos entre agosto de 2014 y marzo de 2015 (al día de hoy se investigan otros 10 hechos), y le asignaron "aceitada logística, capacidad económica, distribución clara de roles, y gran capacidad para atentar contra la intimidad de las víctimas".

El poderío del grupo quedó en evidencia cuando se constató que alquilaba un departamento en Suipacha al 1100 que servía como base de operaciones, que contaba con movilidad de alta gama (una Toyota Hilux, un Ford Focus, dos motos tipo enduro), que accedían a la frecuencia policial y realizaban pacientes tareas de inteligencia para conocer los movimientos y actividades de los moradores de las casas que asaltaban.

A pesar de la evidencia y la petición fiscal de acusarlos como una asociación ilícita cuya jefatura asignaron a Jorge Alberto P. (condenado en 2012 a 10 años de prisión por delitos contra la propiedad, y a un año por lesiones graves en accidente de tránsito), el juez Héctor Núñez Cartelle no estuvo de acuerdo con la calificación y les imputó "robo por efracción en poblado y en banda".

El magistrado consideró que el grupo realizaba "hechos planificados"pero no delitos "indeterminados en su especie", aunque sí con "violencia y efracción". Y ordenó la prisión preventiva por 30 días de Jorge Alberto P., de 50 años; Jonatan Ezequiel F., de 26; Cristian Leonel D., de 23 años; y Jonatan Ezequiel F., de 24. E hizo lugar a un arresto domiciliario con salidas laborales de Andrés F. Cuando en abril pasado se cumplió el plazo estipulado, se renovó la medida cautelar por el mismo plazo.

Apelación. Pero como esa figura escogida por el juez no conformó a los fiscales, la apelaron. En la audiencia de debate de segunda instancia relataron los nueve hechos atribuidos y recalcaron que el grupo estaba "organizado por Jorge Alberto P., y que los hechos fueron todos cometidos en el lapso de un año.

Además, señalaron los argumentos que debería haber seguido el juez para la imputación pretendida, y que el magistrado "se entrometió" haciendo una corrección de la acusación que hizo la fiscalía. Además, remarcaron que todavía se le podría imputar a la banda otros diez delitos. Por su parte, los defensores rechazaron la acusación por falta de elementos para probar la participación de los imputados en los atracos.

La controversia quedó en manos del juez de la Cámara Daniel Acosta, quien en una nueva audiencia decidió revocar la resolución de Núñez Cartelle. El magistrado revisor, a contrario del su par de primera instancia, coincide con la postura fiscal, y lo refuerza con doctrina.

"El delito de asociación ilícita es de carácter permanente, y requiere la existencia de un acuerdo de voluntades, estable y con caracteres de cohesión y organización, entre tres o más personas con la finalidad de cometer delitos en forma general e indeterminada, «aun cuando se refieran a una misma modalidad comisiva»", resalta Acosta.

Al tipificar al grupo como una "asociación ilícita", con penas efectivas de 5 a 10 años de prisión, el juez se refirió al peligro que representan en la sociedad. "Se refiere a una forma de cometer el robo que disminuye las dificultades para el agente, al mismo tiempo que aumenta el peligro concreto para el bien jurídico lo cual está dado por la pluralidad de sujetos que se organizan", dijo.

 

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