Policiales

Admiten posible participación policial en la desaparición de "Pichón" Escobar

La defensa se opuso a cualquier modificación y pidió que el lunes (se pasó a un cuarto intermedio) se revise la prisión preventiva de los cinco imputados: dos policías y tres patovicas.

Sábado 21 de Noviembre de 2015

La fiscalía a cargo de investigar la muerte de Gerardo "Pichón" Escobar sorprendió ayer al adherir a la postura de la querella sobre la sospecha de una posible participación policial en el hecho, cambio que se sostiene en "nuevos elementos" incorporados a la causa. Esa circunstancia habilitaría la posibilidad de remitir el caso a la Justicia federal bajo la calificación de la "desaparición forzada de persona" del joven de 21 años agredido y golpeado el 14 de agosto al salir de un boliche céntrico y hallado muerto una semana después en el río Paraná.

La novedad surgió ayer en la audiencia de apelación a la resolución de primera instancia en la cual se había rechazado el cambio de jurisdicción. La defensa se opuso a cualquier modificación y pidió que el lunes (se pasó a un cuarto intermedio hasta ese día) se revise la prisión preventiva de los cinco imputados: dos policías y tres patovicas.

Con la aceptación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como "amicus cureae" (amigo del tribunal), la jueza de la Cámara Penal de Rosario Georgina Depetris presidió la audiencia de expresión de agravios de los abogados de la familia Escobar contra la decisión de mantener la investigación penal bajo la órbita provincial.

En el mismo acto también se debía tratar la apelación a la prisión preventiva contra los imputados: los policías Maximiliano A. y Luis Alberto N., y los patovicas César A., José Luis C. y Cristian V., este último acusado de matar a golpes a Escobar mientras estaba agazapado entre dos autos en Tucumán y Sarmiento, luego de salir a las 5.45 del boliche La Tienda (Tucumán al 1100) y de protagonizar un incidente con el vehículo de la encargada del local. Los otros cuatro están acusados de encubrimiento agravado y a todos se les impuso la prisión preventiva sin plazos luego de que la fiscal Marisol Fabbro tomara como evidencia el registro de la cámara de videovigilancia de un edificio donde se observa el momento de la agresión.

Datos relevantes.EN_SPACETal cual lo venían sosteniendo desde un primer momento, con adhesión del defensor general de la provincia Gabriel Ganón, los abogados querellantes Guillermo Campana y Gustavo Vera (en representación de la hermana de Pichón) plantearon que el caso debía caraturlase como "desaparición forzada de persona" y girarse al fuero federal.

Un primer intento de Ganón fue rechazado por el juez Luis María Caterina, pero esa resolución fue apelada y se trató ayer en los Tribunales provinciales. Y aunque Depetris aclaró que no iba a tener en cuenta "datos nuevos" incorporados con posterioridad a la resolución de Caterina, Campana aportó circunstancias desconocidas para sostener su objetivo.

Se trata de informes del Ministerio de Seguridad provincial sobre la ubicación de los móviles policiales que circularon el día del hecho por la zona del boliche, puntualmente dos patrullas de la seccional 3ª de las cuales no hay informes oficiales sobre su ubicación. "La querella los pidió hace dos meses y lo entregaron esta semana", se quejó Campana.

El abogado, además, se remitió a la declaración de un detenido en la comisaría 3ª el 14 de agosto, quien sugirió que ese día los policías ingresaron a una persona sin registrarla y que después quedaron todos engomados (castigados) porque los agentes decían tener "un quilombo bárbaro por Escobar".

Según Campana, al salir del boliche "Gerardo fue perseguido por el personal de seguridad del lugar" y, tras ser golpeado en Sarmiento y Tucumán, fue "visto con vida por última vez en Sarmiento y Catamarca, donde lo habría levantado un móvil policial".

"Posiblemente lo levantó un móvil de la 3ª", aventuró el abogado. "Misteriosamente ese día dos móviles no reportaron datos del GPS. Por eso, la privación de la libertad se planteó desde un primer momento", insistió. En ese camino indicó que de acuerdo al informe de la autopsia, Escobar pudo tener una sobrevida de hasta 6 horas, "tiempo que debió transcurrir en algún lugar privado de la libertad".

Siempre la policía. La exposición de la querella giró en torno a esas evidencias y la participación policial. "Hay dos policías imputados del Comando Radioeléctrico, testimonios de vecinos de la presencia frecuente de patrulleros en la puerta de La Tienda y zonas aledañas".

"Hay que recordar que al momento del allanamiento a la casa de Cristian V. se secuestraron chalecos antibala de la policía provincial y 13 teléfonos celulares", agregó. Y el abogado de Cristian V., Leopoldo Monteil, aclaró que los chalecos no pertenecían a la fuerza.

Después Campana habló de una "organización mixta de patovicas y policías que trabajaban en la logística de La Tienda", y que había "un acuerdo con la comisaría 3ª. Se trata de un grupo con acuerdo y autorización estatal a través de la institución policial", denunció.

Por último pidió el cambio de caratula por "desaparición forzada de persona" por la "posible responsabilidad de personal policial", y que se gire a la Justicia federal.

Tras ello y en bloque, los abogados defensores se opusieron a los planteos de la querella porque se traducían en indicios pero no con andamiaje suficiente para poner en duda la calificación de los delitos, y se pronunciaron a favor de mantener la causa en la fiscalía provincial.

Nosotros también.PUNCTUATION_SPACELa sorpresa llegó cuando los fiscales Marisol Fabbro y Rafael Coria expresaron su posición. La primera hizo una descripción de la secuencia hasta que Pichón es golpeado por el principal imputado, todo eso registrado por la cámara de un edificio. Además recordó la declaración de cuatro jóvenes que escucharon a los compañeros del patovica decirle: "Deja de pegarle que lo vas a matar". Y que los acusados de encubrimiento "ocultaron el cuerpo de la víctima y lo trasladaron al río donde finalmente lo arrojaron".

Fabbro mencionó la declaración de un amigo de Pichón, Tony R., quien lo acompañó hasta La Tienda. "En un primer momento no aportó detalles, pero cuando familiares de la víctima le preguntaron qué había pasado dijo que fueran a buscarlo al domicilio de Cristian V."

Cuando la funcionaria explicó que Coria iba a brindar nuevos datos de la causa, el defensor Ignacio Carbone, por César A. y José Luis C. se opuso de forma tajante. Pero los fiscales expresaron que "con estos elementos se podría configurar la desaparición forzada de personas. Queremos hacer conocer a su excelencia nuevas medidas, dejamos abierta esa posibilidad", sorprendieron quienes hasta ayer sostenían la investigación como un homicidio y encubrimiento agravado.

Definiciones.PUNCTUATION_SPACEAnte el pedido de Carbone, la jueza Depetris pidió una definición al fiscal Coria. "Correspondería declarar la incompetencia y girar el caso a la Justicia federal", disapró para sorpresa de la defensa.

Carbone dijo estar "sorprendido" por la nueva postura y dijo: "No se revisó la decisión de primera instancia. Se ventilaron presunciones y situaciones nuevas. Este planteo no lo hizo la querella sino el defensor general (Ganón) por escrito y ya fue valorado y rechazado por el juez Caterina". E indicó que se configuró "un vicio formal de arranque" que impide el análisis del recurso por lo que pidió se rechace "in límine".

A su turno Juan Ubiedo, abogado de César A. y José Luis C., apuntó "que no está probada la privación de la libertad de la víctima. Dicen que después de ser golpeado Escobar se reincorpora y camina por Catamarca, pero nadie ve a mis defendidos privarlo de la libertad y tampoco la supuesta connivencia policial".

"Las pruebas de la querella siempre se refieren a situaciones en potencial y no hay una sola donde se demuestre que trasladaron a Escobar en un móvil policial o en el baúl de un auto como dijo la fiscalía. Hay que probar el cambio de caratula, acá no hubo privación de la libertad o desaparición forzada", amplió.

Los abogados Monteil, José Luis Giacometti y Marcelo Piercecchi no se apartaron de esa línea al cuestionar la falta de evidencias concretas de la fiscalía. Piercecchi calificó de "relato fantástico" a esa hipótesis, mientras que Monteil habló de "artificios y artilugios" en desmedro de los acusados. Y pidieron que se confirme el rechazo al cambio de calificación y jurisdicción.

Tras conferenciar con las partes y aclarar que debía estudiar el caso, la jueza Depetris decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el lunes, cuando se debatirán las apelaciones a las medidas cautelares, aunque eso aspecto podría quedar supeditado al posible cambio de jurisdicción.

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