A lo largo de seis horas y media de audiencia, Esteban Lindor Alvarado, su histórico abogado defensor, cuatro oficiales de la policía santafesina y otros dos civiles fueron acusados de integrar una asociación ilícita y lavar activos provenientes de esos delitos. Para llevar adelante las imputaciones, los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra se basaron en información recabada de causas que había en la Justicia Federal de Rosario y en una serie de escuchas recopiladas en la investigación del fiscal federal de San Isidro Patricio Ferrari que terminó con Alvarado condenado por el robo y desguace de autos. Los expedientes de la Justicia Federal fueron causas que no avanzaron o fueron archivadas. En algunas de ellas el principal investigado era el asesinado empresario narco Luis Medina, y por detrás de él se proyectaba la sombra de Alvarado. A las 20.30 la jueza Melania Carrara dictó un cuarto intermedio y la audiencia continuará hoy.
El único de los encausados que anoche encaminó su situación fue el comisario Gustavo Spoletti, a quien los fiscales no imputaron como participe de la asociación ilícita encabezada por Alvarado. Y que llegó al banquillo después de que le reabrieran una causa por enriquecimiento ilícito que había sido archivada en 2017 y en la cual constaba la venta de una casa a otro de los imputados. Ante ello su defensor, Paul Krupnik, pidió la libertad bajo fianza y la magistrada se la otorgó.
Esteban Lindor Alvarado fue reimputado como jefe de una asociación ilícita y lavado de activos proveniente del narcotráfico que operó al menos desde el 16 de junio de 2012 hasta el 18 de octubre de 2019. ¿Por qué esas fechas como parámetro? La primera esta fijada en el día que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le solicitó a la Justicia Federal de Rosario la intervención telefónica de Alvarado al entender que era la punta de un iceberg narco. La segunda, la detención de Mauricio Laferrara, supuesto ejecutor de homicidios por encargo de Alvarado.
"Usted dio instrucciones para la comisión de delitos y otros hechos ilícitos que culminaron con los atentados contra el Centro de Justicia Penal, los Tribunales Provinciales y la casa de una funcionaria del Ministerio Público de la Acusación además del homicidio de (el prestamista) Lucio Maldonado. También mandó a privar de la libertad incluso a personas de su organización para que no generen problemas a otros miembros", explicaron los fiscales sobre el principal acusado.
Otro que fue reimputado fue el comisario Marcelo Rey, quien se desempeñó en la extinta Sección Sustracción de Automotores de la Unidad Regional II y en el Área de Investigaciones de la Policía de Investigaciones (PDI). A Rey le agregaron la acusación de haber dado cobertura a Esteban Alvarado cuando era tan sólo un ladrón de autos. "Cuando se habla del rol policial no sólo es liberar zonas", dijo el fiscal Schiappa Pietra antes de rememorar que el entonces numerario de Automotores coordinó con Alvarado y Lucio Nápoli el hallazgo de autos que habían sido robados en una playa de estacionamiento el 1º de julio de 2012. En una escucha Alvarado le recrimina a Rey la oferta, ya que esos autos "tienen una bronca bárbara y los busca todo Rosario". Y le dice: "Yo trabajo a raja bonete" (en cantidad).
También fueron reimputados Nadia Toledo, acusada como titular de Toia SRL, una de las nueve empresas puestas bajo la lupa del entramado legal financiero del que Alvarado se valía, siempre según la acusación, para financiar maniobras ilícitas, entre ellas ordenar homicidios. Y Jorge Benegas, ya acusado de integrar la asociación ilícita, pero a la que ahora se le sumó el rol de organizador. Como "hombre de extrema confianza" de Alvarado "se ocupó de establecer relaciones y contactos fluidos con personal policial" y "gestionar con Alvarado el cuidado, venta y disposición de caballos de carrera, compartir con otro miembros de la organización (Luis Quevertoque) el caballo «Cascarudo», perteneciente a la caballeriza L.Q. y cuyo certificado para correr registra como propietario", explicaron los fiscales.
Qué hicieron los demás
También fueron acusados los seis detenidos en los allanamientos desarrollados el jueves por la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), quienes ingresaron esposados, con chalecos antibalas y escoltados por policías de élite.
Con rostro demacrado, el abogado Claudio Tavella se sentó junto a su defensa, a cargo de Lucas Peyrano. A la hora de indicar si habían entendido la evidencia presentada por la Fiscalía fue el único que remarcó "supuesta evidencia". Fue acusado de ser parte de la asociación ilícita, un hecho inédito para los penalistas rosarinos, y por "usufructuar ilegalmente el título y cargo de abogado para acceder a información y manipular bienes y recursos" de la banda, ofrecer dinero a distintos investigadores y "transmitir información proveniente de Alvarado a los integrantes de la asociación a los fines de continuar la empresa delictiva", indicaron los fiscales.
Entre los policías detenidos el jueves, el comisario Gustavo Spoletti fue acusado de realizar una maniobra inmobiliaria durante 2012 en la que intervino el ya imputado Jorge Benegas. Los fiscales indicaron que Spoletti realizó una maniobra junto con Benegas con la venta y escrituración de una casa de Bolivia 1833 que le permitió justificar los montos que le demandaron construir su vivienda en Fisherton, donde fue detenido el jueves. La defensa de Spoletti, a cargo de Paul Krupnik y Marina Lianza, se mostró sorprendida ya que, dijeron, esa propiedad fue investigada en una causa de supuesto enriquecimiento ilícito de 2014 que ya se había archivado.
Cosas de caballos
Al subcomisario Luis Quevertoque, integrante de la ex División Judiciales que investigó y llevó a juicio al núcleo duro de Los Monos, la banda rival de Luis Medina y Esteban Alvarado, los fiscales lo acusaron de "permitir construir un permiso estatal contrario a la ley para beneficio del jefe de la asociación", es decir Alvarado. "Procuró con sus acciones y/u omisiones la impunidad de los crímenes ejecutados por los integrantes de la organización" y "tuvo a su nombre y compartió con otros miembros de la asociación la propiedad de caballos de carrera, los cuales al día de la fecha siguen participando en diversas competencias", indicaron.
Sobre el comisario Sergio Di Franco los fiscales repitieron la acusación hecha a Quevertoque en su función de policía; y puntualmente lo acusaron de ingresar al menos tres veces, entre junio y julio de 2012, al sistema del Registro Nacional de la Propiedad Automotor a pedido de Alvarado para averiguar patentes específicas de autos. Los otros acusados fueron el comisario Javier Makath, puesto bajo la lupa por la compra de un departamento en Condominios del Alto que había sido propiedad de Alvarado y un loteo en el barrio Puerto Roldán.
En la primera jornada de las imputativas las defensas se dedicaron sólo a escuchar y analizar los dichos de los fiscales. Quienes llevaron la voz cantante fueron Jorge Bedouret, por el policía Rey; Germán Mahieu, por Makath; y Lucas Peyrone, por Alvarado y Tavella.
Los dos primeros mostraron su desconcierto ante la hipótesis fiscal. Bedouret dijo que la acusación "era oscura" y con "pocas chances de ser chequeada" al acusar a su pupilo sobre supuestas faltas durante 2012. Mahieu, por su parte, hizo un prolijo y minucioso recorrido de su cliente a la hora de comprar el departamento en Condominios del Alto. Una exposición que desarrolló con cuadros explicativos. "¿Por qué la Fiscalía no nos pidió esta documentación? Nos hubiéramos ahorrado tener un hombre preso", dijo Mahieu. Al rebatirlo el fiscal Edery le respondió: "No les pedimos nada, porque tenemos todo de la causa".
fiscales. Luis Schiappa Pietra y Matías Edery llevan adelante la acusación contra los hombres ligados a Alvarado.