Un tribunal civil le negó una indemnización a Miguel Angel Duré, quien fue condenado a prisión perpetua por un doble homicidio, pasó tres años y medio preso, y finalmente resultó absuelto por falta de pruebas concluyentes. El hombre había reclamado al gobierno de Santa Fe un resarcimiento por los daños sufrido durante su encierro en la cárcel de Coronda. Y ahora, 12 años después del hecho, tres jueces civiles rechazaron la demanda al entender que la indemnización no procede cuando la absolución se dicta por la duda, como fue en su caso.

El fallo fue dictado por la Sala I de la Cámara Civil y Comercial rosarina. Los jueces Ricardo Alberto Silvestro, Ariel Ariza y María Mercedes Serra confirmaron la decisión que en septiembre de 2006 habían tomado los jueces del tribunal de responsabilidad extracontractual Nº 1 de rechazarle a Duré el reclamo indemnizatorio.

Los jueces de segunda instancia compartieron los argumentos de aquel fallo, el cual planteaba que la indemnización por la detención de una persona en una causa penal procede si se comprueba su inocencia o un error “palmario”, pero no cuando es por la duda. En definitiva, evaluaron que si bien Duré fue absuelto su detención no fue irregular ni arbitraria.

A los tiros. Duré estuvo acusado del crimen de María del Carmen Pierantoni, una policía de 28 años, y su hija Ailén Nair Franchi, de 3. Las dos fueron asesinadas mientras dormían, cada una con dos tiros en la cabeza. Fue la madrugada del 29 de agosto de 1997 en Carcarañá. Duré era por entonces pareja de Pierantoni y desde hacía ocho meses vivía con ella y con la nena en la casa donde ocurrió el drama. El era empleado en un frigorífico y ella en la Patrulla de Caminos de la Unidad Regional de San Lorenzo.

A las 3 de la tarde de ese día Duré llegó de trabajar y él mismo denunció el doble crimen al encontrarse con madre e hija muertas en el dormitorio.

La policía lo acusó del doble homicidio y quedó preso. Llegó a ser condenado a prisión perpetua como autor de un crimen alevoso en base a pruebas a simple vista inconmovibles: su detallada confesión en sede policial, restos de pólvora en su camisa, su presencia en la casa a la hora estimada del ataque y un motivo para matar: celar al ex marido de la mujer y padre de la nena, también policía.

Pero en marzo de 2001 la Sala IV de la Cámara Penal dio vuelta el fallo: absolvió a Duré y lo dejó en libertad al advertir que todos esos indicios habrían sido armados por la policía para involucrarlo en el caso. El mismo Duré, tras días de arresto, había denunciado ante la primera jueza del caso que su confesión fue obtenida mediante apremios ilegales de los policías, entre ellos el ex de Pierantoni. Un médico policial constató las lesiones, pero el supuesto tormento no se investigó.

Los camaristas penales Guillermo Fierro, Rubén Jukic y Antonio Paolicelli evaluaron entonces que Duré, prácticamente analfabeto, no pudo brindar una confesión con una estructura narrativa tan organizada como la que figuraba en las actuaciones policiales. Consideraron que la camisa con pólvora pudo ser una prueba plantada. Y remarcaron que los estudios forenses no fundamentaron nunca por qué el horario de la muerte fue fijado a las 4.30. Esa madrugada, Duré marcó tarjeta en el frigorífico a las 4.45.

En base a un cúmulo de dudas lo desligaron. Señalaron que el autor del delito podría ser otro o el mismo Duré, aunque las pruebas no lo acreditaron.

La demanda. Al salir de prisión, el hombre presentó una demanda por daños y perjuicios contra el gobierno de Santa Fe por los 3 años, 6 meses y 16 días que estuvo “injustamente detenido”. Reclamó una indemnización por daños materiales y morales en la que expresó que fue preso por una serie de errores voluntarios de la policía y posteriores negligencias judiciales.

Sin embargo para los jueces Ricardo Netri, María Angélica Rodríguez y Fernando Longhi, quienes le rechazaron la demanda en primera instancia, su detención no fue ilegítima. La condena que le habían impuesto, expresaron, no fue revocada por arbitraria sino por una distinta apreciación del tribunal superior.

En base a jurisprudencia de la Corte Suprema nacional evaluaron que el Estado sólo puede ser responsabilizado por un error judicial “en la medida que el acto que origina el daño sea ilegítimo” o “cuando el imputado resulta absuelto en virtud de su inocencia manifiesta”. En ese sentido, plantearon que no toda absolución hace nacer una obligación del Estado a reparar daños. Solamente procede ante una detención infundada, pero no —como en este caso— cuando el imputado es absuelto por el beneficio de la duda o falta de pruebas suficientes.

Diferente

El tribunal que no le otorgó indemnización a Miguel Angel Duré señaló en el fallo que su caso es distinto del de Leandro Riboldi, el joven condenado como el supuesto “violador del centro” pese a ser inocente, porque en ese caso hubo un grueso error judicial por el que la provincia fue condenada a resarcirlo en 76.500 pesos.