El comisario general Ricardo Daniel Cáceres, quien fuera jefe de la policía de la provincia en dos administraciones políticas de signos distintos entre octubre de 2007 y diciembre de 2009, fue sobreseído por la Justicia en el marco de la investigación que se le inició hace varios años por presunto enriquecimiento ilícito. Según la resolución firmada por la jueza Alejandra Rodenas, a cargo del juzgado de Instrucción 13, "la justificación (de bienes) presentada por el ex funcionario es válida en tanto demostró que el enriquecimiento presenta un origen lícito".
La investigación contra Cáceres fue iniciada en febrero de 2009 por la Dirección de Asuntos Internos de la policía santafesina después de haberse recibido allí un anónimo vía fax en el cual se denunciaba que el ex jefe policial había "comprado un terreno en un country de Pueblo Esther (denominado Puerto Paraíso) donde se estaba construyendo una casa". El escrito también mencionaba que "en el lugar había una bajada para lanchas", que sólo "el terreno tenía un costo de 60 mil dólares" y que además el policía "tenía algunos negocios y otras inversiones".
En ese marco, se inició una pesquisa y Cáceres fue citado por Asuntos Internos para que justificara sus posesiones en un acto donde se invierte la carga de la prueba. Es que el delito de enriquecimiento ilícito es uno de los pocos donde la inocencia no se presume sino que deber ser demostrada.
Los bienes. En ese marco la causa fue acumulando informes solicitados al Banco Central de la República Argentina, a la Administración Federal de Impuestos, a la Administración Provincial de Impuestos y a la Caja de Valores además de otros organismos de control fiscal. De todos esos registros se supo que Cáceres es propietario de una casa en calle 3 de Febrero al 600, un departamento en Mendoza al 600, una cochera en Juan Manuel de Rosas al 1200, un local de Maipú al 2000, un Peugeot 407, un Citroën C4 y una embarcación además de algunos títulos públicos correspondientes al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Santa Fe además del predio del country que aparecía en la denuncia anónima y que en realidad pertenece a su madre.
Así fue que la causa llegó a los Tribunales de Rosario a mediados del año pasado y el defensor de Cáceres, el abogado Horacio Corbacho planteó la prescripción de la acusación bajo la excusa de que su cliente se había retirado de la fuerza "el 20 de agosto de 2008 y, como ya habían transcurrido seis años, la causa estaba prescripta" dado que la pena máxima para ese delito es, precisamente, la de seis años.
No obstante, tras varias idas y vueltas en las que el juez también interviniente en el proceso, Luis María Caterina, ordenó una pericia contable, en abril pasado la camarista penal Georgina Depetris dispuso que se siga adelante con la investigación desistiendo del pedido de prescripción hecho por la defensa. En ese marco Cáceres fue indagado y negó el hecho imputado. "Ratifico toda la documentación aportada oportunamente en sede administrativa en momentos de la justificación, ratifico la certificación contable realizada por el contador público Emilio Silva tras realizar un balance de mi evolución patrimonial año tras año desde 1978, hasta dos años después de mi retiro (2010), adhiero a la pericia realizada por la contadora pública Elida Pujato (perito oficial del Tribunal) concluyendo que justifica la licitud de mi patrimonio, justifica la adquisición de un inmueble por parte de mi madre y la adquisición de un vehículo Citroën por parte de mi hijo".
Tras evaluar las distintas pericias, los informes oficiales recibidos y el testimonio del imputado, la jueza Rodenas entendió que "Cáceres ha justificado el origen lícito de su incremento patrimonial de manera convincente, es decir, ha construido un cuadro probatorio que presenta un estado de verosimilitud que permite tener por comprobadas las razones y explicaciones invocadas. Dicha colecta probatoria ha sido alcanzada a través de los elementos de prueba legalmente establecidos".
Con ingresos declarados. Asimismo, el fallo absolutorio sostiene que el comisario retirado Cáceres pudo incrementar su patrimonio a raíz de que junto a su esposa tienen tres ingresos bien definidos: la explotación de un taxi, los sueldos del policía y un negocio de venta de ropas de su mujer. Además, la madre del ex jefe policial declaró ingresos y presentó los documentos referidos a la compra del terreno en el country de Pueblo Esther denunciado en el anónimo; y el hijo del comisario también exhibió sus ingresos a fin de justificar la compra del Citroën C4 atribuido al ex titular de la policía santafesina.
Así las cosas, dice la jueza en el escrito, "la justificación es válida en tanto el ex funcionario demostró que el enriquecimiento presenta un origen lícito" y, ante eso, "no existen elementos suficientes que permitan probabilizar responsabilidad criminal" del acusado. Por lo tanto, el comisario Cáceres fue sobreseído de culpa y cargo.
Ex jefe de AUE será el primero en ir a juicio
El pasado 22 de junio, tras un largo trámite procesal iniciado en 2008, el camarista penal Carlos Carbone rechazó los pedidos de nulidad de la defensa del ex comisario Hugo Giuliano y elevó el expediente en el que se investiga su presunto enriquecimiento ilícito para que se realice el juicio. Así, el caso será el primero en la provincia que pone en el banquillo de los acusados por enriquecimiento ilícito a un ex alto funcionario policial.
Giuliano, quien se desempeñó como jefe de la Agrupación Unidades Especiales (AUE) de la Unidad Regional II y estuvo al frente de dos departamentales en el sur de Santa Fe, fue procesado en abril de 2014 por el juez de Instrucción Juan Andrés Donnola.
Otros nombres de uniformados bajo la lupa de la Justicia
El caso del comisario general Ricardo Daniel Cáceres no es el único que ha llegado a los estrados judiciales por supuesto enriquecimiento ilícito. En octubre pasado el fiscal Carlos Covani pidió que sean llamados a indagatoria el ex jefe de la policía santafesina Cristian Sola, el ex subjefe Fernando Romitti y el actual titular de la Brigada Operativa de la Unidad Regional VIII de la ex Drogas Peligrosas Alejandro Druetta.
El responsable de la acusación formuló el pedido a raíz de que, en abril del 2014, la fiscalía de Cámaras de Rosario ordenó impulsar una decena de causas contra oficiales policiales de las que cinco ya habían obtenido estado judicial. Uno de los expedientes involucra a Cristian Sola a partir de una denuncia anónima recibida por el fiscal de Cámaras Guillermo Camporini, que atribuyó a más de una decena de jefes policiales maniobras de enriquecimiento ilícito y conexiones con mercados delictivos. Los otros que están bajo la lupa del fiscal Covani son Alejandro Druetta y Fernando Romiti.
El fiscal ponderó que había evidencias suficientes para plantear el crecimiento patrimonial injustificado de los tres policías, quienes “compraron propiedades que exceden los ingresos legítimos como policías”.
Al archivo. En tanto, cuatro de los expedientes revisados pasaron al archivo. Son los que involucraban a los policías Hugo Fornero, Jorge Blanco, Marcelo Mendoza y Dardo Saucedo. Mientras que el expediente de Hugo Damián Tognoli, quien también aparecía mencionado en el anónimo, está en suspenso por los juicios que se le siguen en el fuero federal.
El 27 de octubre pasado Tognoli fue condenado en Santa Fe a 6 años de prisión por encubrir el accionar del narco Daniel “El tuerto” Mendoza y coaccionar a la titular de la ONG Madres Solidarias, Norma Castaño, mientras que en Rosario fue elevada a juicio la casua que se le sigue por la supuesta protección a narcos del sur provincial.
