“Las tasas de criminalidad como las penitenciarias aumentan en correlación directa con la
inequidad de la distribución del ingreso”. Quien lanza la afirmación es Elías Carranza, un
sociólogo rosarino especializado en políticas criminales que desde hace 30 años estudia la
problemática del delito en América Latina y el Caribe. Carranza es el director del Instituto
Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del
Delincuente (Ilanud) y fue contactado por el equipo de seguridad de Hermes Binner para el diseño de
políticas vinculadas con la seguridad pública y el sistema penitenciario.
—¿Cómo se puede mejorar el sistema carcelario, sobre todo en Santa
Fe, donde en el 2005 hubo una matanza de gran repercusión en Coronda?
—Hablar del sistema penitenciario en Santa Fe o de cualquier país
nos obliga a ver el panorama de conjunto. Desde México hasta Argentina y Chile hay una explosión
penitenciaria. Desde 1992 hasta la actualidad vienen subiendo las tasas de presos, de manera muy
acelerada. Algunos países como Argentina y Brasil las triplicaron. En ese año, nuestro país tenía
más de 60 presos por cada 100 mil habitantes, y hoy esa cifra llega a los 200. Para este tema hay
dos explicaciones clásicas: una que dice que hay más presos porque hay más delitos y otra que hay
más presos porque hay políticas de mayor encierro.
Podríamos preguntarnos “¿no será que de golpe los argentinos se
volvieron más violentos y delincuentes?” Sin embargo, el mismo fenómeno ocurrió en la región
ya que hay variables estructurales que inciden, además del folklore de cada país, en las formas del
delito. En Ilanud lo hemos medido y Argentina y Costa Rica son dos de los países donde la inequidad
aumentó más aceleradamente. Esto coincidió con las políticas que se llamaron del Consenso de
Washington y que se tradujeron en la venta de los activos del Estado y la apertura de los mercados
financieros.
En los países de medianos y bajos ingresos, la desigualdad social genera
un crecimiento de las tasas de homicidios y de delitos contra la propiedad. También a esta
conclusión llegaron los técnicos del Banco Mundial, a pesar de que sus políticas contribuyeron para
esta situación de inequidad. En forma paralela, en los países desarrollados, como Estados Unidos y
Canadá, las tasas de delitos han ido descendiendo desde la década del 90. Sin embargo, las tasas
penitenciarias en esas naciones se incrementaron por el altísimo porcentaje de población migrante
que está detenida. Por ejemplo, Austria tiene un 42 por ciento de inmigrantes presos. A su vez,
este fenómeno aumenta las tasas de encierro y provoca una explosión penitenciaria con un gravísimo
hacinamiento. Algo más preocupante que lo que reflejan las cifras oficiales.
—Dentro del contexto que usted descrribe, ¿qué políticas se
deberían implementar en Santa Fe?
—No hay una respuesta inmediata como una aspirina. Si hay falta de
espacio y las tasas de presos no son excesivamente altas, se pueden construir penales, pero siempre
pensando que se vuelven a llenar. Hay que tener sistemas de justicia penal sensatos que encierren a
lo que lo merecen, pero no en forma indiscriminada y con penas excesivamente altas. Sin embargo, a
pesar de que subieron las tasas de delitos, en Argentina, hace 4 años, que vienen descendiendo los
homicidios. Lo que ocurre que la percepción de la opinión pública es siempre posterior, pero ahora
la gente tiene tanto miedo que la maten en la calle como hacía cinco años.
Desde 1980 la tendencia es que existen más delitos y en consecuencia
mayor alarma social. Además hay políticas ignorantes del tema porque es más fácil aumentar las
penas que resolver las cosas. Y hay una tercera razón en los países de América latina: el
crecimiento demográfico de los últimos diez años que hace que haya más presos. Además, las tasas de
encierro se triplicaron y esto podría llevarnos a pensar que la Justicia penal está actuando
efizcamente. Sin embargo, los países con sistemas punitivos más drásticos no tienen el menor índice
de criminalidad. Por ejemplo, Estados Unidos, donde existe la pena de muerte, tiene las cifras más
altas de homicidios de los países de altos ingresos.
Mientras no haya mejor distribución del ingreso no habrá justicia penal
equitativa. En este tema tenemos un programa con la cooperación del gobierno sueco. Consiste en
reunir los actores del sistema penal y a los defensores del pueblo en talleres y analizar las
respuestas de largo plazo y corto plazo. Aunque la situación carcelaria, en los últimos tres años
en la provincia de Santa Fe mejoró, ya que hay dos presos por funcionario del Servicio
Penitenciario. Además hay que construir los presidios que sean necesarios y, por otro lado, que
estén presos los que deben estar, o sea que no se apliquen penas altísimas a los que no tienen
plata para pagar un abogado.
—¿Qué política criminal se está proyectando frente a la
problemática del crecimiento del delito sobre todo en la ciudad de Santa Fe que tiene un índice
elevado de homicidios?
—Debemos controlar el aumento de la utilización de las armas de
fuego. Una posibilidad sería partir de un programa exitoso que se aplicó en Costa Rica y en dos
ciudades de El Salvador sobre la violencia en menores de edad. El diseño de una política hay que
hacerlo teniendo en cuenta que más población joven es igual a más delito en cualquier país del
mundo. También influye que haya muchos jóvenes fuera del sistema educativo. El gobierno entrante se
plantea que la educación obligatoria sea hasta los 17 años. Además hay que hacer un mapa adecuado
del delito y asignar los policías para esa tarea y no destinarlos a cuestiones administrativas. Si
atacamos estos frentes incluida la problemática de la droga, hay estudios que demuestran que se
pueden dar resultados excelentes. Por ejemplo, con estos programas, en la ciudad de Bogotá se
redujeron los delitos.
