La intendenta de Rosario, Mónica Fein, planteó oficialmente a nivel nacional la necesidad de un acercamiento con Entre Ríos para la protección del humedal virgen a través de una declaración de parque nacional y de generar acciones de coordinación y desarrollo del turismo sustentable en las islas entrerrianas. Lo hizo en el marco de una audiencia celebrada esta semana en el Ministerio de Turismo de la Nación, y encabezada por el titular de esta cartera, Enrique Meyer y su par a nivel provincial en Santa Fe, Martín Bulos.
"El planteo quedó hecho y se abrió una posibilidad de empezar a trabajar con Parques Nacionales y con el Ministerio de Turismo de Entre Ríos. Hace unos días estuve con el titular de este área, Hugo Marsó, en un congreso celebrado en Bariloche, y quedamos en agendar esta semana una fecha para reunirnos para hablar del tema", adelantó Bulos a LaCapital.
Rechazo. No es la primera vez que desde la orilla santafesina se realiza este tipo de planteos y el que ahora realiza Fein seguramente generará, como en otras oportunidades, el rechazo generalizado de los entrerrianos que ante este tipo de iniciativas sienten avasallada su soberanía.
La última y más sonante polémica de los últimos años fue la generada en 2008, cuando los senadores nacionales por Santa Fe Carlos Reutemann y Roxana Latorre presentaron en la Cámara alta y por segunda vez un proyecto de ley impulsando la creación de un parque nacional en la zona de islas entrerrianas.
El discutido proyecto "Alto Delta", que propone crear un espacio protegido en el humedal que forma un triángulo delimitado por las ciudades de San Lorenzo, Arroyo Seco y Victoria, en Entre Ríos, representa para los funcionarios entrerrianos un fantasma acosador que aparece, se desvanece y vuelve a la carga cada tanto.
Sin embargo, sus "reflotes" no parecen casuales: se presentan tras "desastres ecológicos" en las islas frente a la costa rosarina, como las asfixiantes quemas intencionales de pastizales en 2004; aquella masiva mortandad de ganado que los productores no alcanzaron a rescatar de la inundación de 2007 y 2008 y los terraplenes que cortan o modifican cursos de agua que por estos días está denunciando el grupo "El Paraná no se toca".
En cada intento, Entre Ríos no da el brazo a torcer y los que suenan más enojados son los funcionarios de turno, que han calificado al proyecto como "impertinente" y "avasallante", entre los términos más leves. Es que el gobierno entrerriano no oculta sus intenciones manifiestas del uso productivo que pretende dar al humedal.
Productivas. Prueba de esta pretensión fue la polémica ley de arrendamientos implementada en 2006, por la cual se adjudicaron miles de hectáreas principalmente para la ganadería y la apicultura. La norma cayó en 2009, cuando el Ejecutivo decidió no renovar los contratos.
Otro indicio contundente fue la sanción en diciembre último de una ley de privatización de los lotes fiscales que Entre Ríos posee en las islas, y su explotación arrocera a través de la conformación y la gestión de una sociedad anónima a lo largo de casi un siglo. La norma fue objetada duramente desde distintos sectores y, finalmente, el gobernador Sergio Urribarri decidió dar marcha atrás con la iniciativa que afectaba principalmente a las Islas del Ibicuy, aunque por la amplitud de sus términos quedaban varios interrogantes sobre el área a sembrar y el destino de las tierras públicas, entre otras incógnitas.
