El camarista Daniel Acosta revocó la incompetencia de la Justicia provincial para investigar por lavado de activos a Andrés “Pillín” Bracamonte en el marco de una causa en la que el líder de la barra brava de Rosario Central está imputado de asociación ilícita junto con quien fuera hasta entonces titular del gremio de la Construcción (Uocra), Carlos Vergara, por una serie de delitos para imponer negocios con viandas, baños químicos y coimas a empresas y contratistas de obras en el Gran Rosario. En la misma resolución, el juez de segunda instancia mantuvo la libertad con restricciones para Bracamonte y ordenó que el gremialista siga en prisión preventiva. Así, la Justicia provincial podrá seguir investigando a Pillín por lavado de activos, además de los otros delitos que se le imputaron en este expediente: extorsión y amenazas.

Bracamonte y Vergara fueron imputados en diciembre del año pasado a partir de una denuncia realizada seis meses antes por Juan Pablo M., un colaborador de la Uocra afectado a actividades en Villa Constitución, Venado Tuerto y San Lorenzo que días después fue imputado dentro de la misma investigación que fue tomada por el fiscal de Delitos Económicos Miguel Moreno, que ya había investigado e imputado a Pillín por negocios vinculados a la barra de Central.

El fiscal le atribuyó a Bracamonte comandar junto con el secretario de la Uocra una asociación ilícita que apelaba a “modalidades extorsivas” para “exigirle a empresas contratistas vinculadas a la construcción la contratación de determinados servicios de viandas y baños químicos, más una colaboración dineraria para el gremio”, explicó en líneas generales.

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En tal sentido el sindicato ofrecía, para que la operatoria tuviera un carácter formal, un “libre deuda” desde las sedes de Villa Constitución y San Lorenzo con el cual el contratista era autorizado a ingresa a trabajar, por ejemplo en plantas del cordón industrial. La maniobra era a dos puntas, según la acusación, ya que también la empresas eran amenazadas para que les exigieran a los contratistas el “libre deuda” como requisito para trabajar en sus predios.

Otra modalidad que analizó el acusador fue el llamado “rentamiento”, que consistía en exigir a las empresas de construcción la contratación de determinadas personas relacionadas a los acusados que luego percibían un salario sin trabajar. Como ejemplo, con documentación entre las evidencias, Moreno citó el caso de un hijo de Bracamonte y dos hijos de Vergara. “La figura del rentamiento es la versión extorsiva de la del delegado sindical”, consideró.

Moreno también le atribuyó a Vergara “haber incorporado inmuebles al patrimonio familiar a partir de simulaciones de adhesiones a fideicomisos o de compraventas con empresas constructora”, sin abonar los precios que constaban en los contratos.

En su denuncia, Juan M. afirmó que “Bracamonte y su gente comenzaron a manejar bajo amenazas las viandas y baños químicos de todos los agremiados del cordón industrial, amenazando y apretando también a los empresarios como para que contraten sus servicios, caso contrario sufrirían consecuencias”. Y agregó que el propio Pillín lo amedrentó en una reunión gremial en febrero de 2023 en la cual lo prepoteó: “Yo te dije que te iba a sacar de San Lorenzo y de Villa y voy por vos y por tu familia”. También le dijo: “Nunca te quisiste alinear con nosotros, ahora bancátela. Te dijimos si no te alineabas ibas a tener problemas”.

Asociados

La imputación por asociación ilícita contra Pillín y Vergara incluyó además a Juan Manuel E., Cristian D, Luciano G., Horacio M., Fernando R, y Raúl Roque M. A los ocho se les atribuyó “integrar una asociación ilícita con permanencia y estabilidad en el tiempo para y cometer una pluralidad de delitos de manera organizada, valiéndose de la estructura de la Uocra, dentro de la cual se ha consolidado un poder de hecho que es compartido con la barra brava del club de fútbol”. Según la imputación se constataron los orígenes de esa asociaicón en 2018 cuando para los fiscales se reforzó el vínculo entre el barra y el gremialista, que le había abierto las puertas a la Uocra de San Lorenzo.

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Luego se refiere una expansión a Villa Constitución, para lo que se aprovechó que la empresa Vanefra de Pillín y su socio Fernando R. había incluido el alquiler de baños químicos “en su vasto objeto social”. Y que luego de que ambos socios fueran imputados por lavado de activos en 2020 —en una investigación anterior del mismo fiscal— esa empresa cambió de nombre y objeto social, al que agregó el “servicio de preparación de comidas para empresas y eventos”.

Tras formularse las imputaciones en diciembre pasado el juez Facundo Becerra admitió los argumentos de la defensa de Bracamonte para declarar incompetente la Justicia provincial para investigar el lavado de activos que le había imputado Moreno. Por otra parte, le dictó prisión preventiva a Vergara, Carlos P., Horacio M., Cristian D., y Juan Manuel E. Asimismo el juez le dictó la libertad de Pillín —también la de su socio Fernando R.— con una caución de 20 millones de pesos y reglas de conducta.

Varios puntos de la resolución fueron apelados por la fiscalía así como por las defensas de los distintos imputados. El análisis de los agravios quedó en manos de Acosta, que resolvió revocar parcialmente la resolución de Becerra en lo relativo a la declaración de incompetencia de la Justicia provincial para imputar a Pillín por el delito de lavado de activos. El resto del fallo anterior fue confirmado, como por ejemplo el hecho de que Pillín continuará en libertad mientras que Vergara y Juan Manuel E. deberán seguir tras las rejas.