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Piden la expropiación de la Quinta de Funes

El proyecto, presentado en el Concejo de esa ciudad, solicita convertir al lugar en espacio de memoria y propone que funcione una escuela.

Miércoles 04 de Febrero de 2015

Un proyecto de ordenanza ingresado ayer en el Concejo local propone la expropiación de la Quinta de Funes, centro clandestino de detención entre 1977 y 1978, y solicita que el predio se trasforme en un espacio de memoria donde funcione una escuela pública. "Allí, fueron torturados y sometidos a aberrantes tormentos 16 ciudadanos. Se concibió un plan de asesinato de militantes. Se pergeñó la apropiación ilegal de la niña Sabrina Gullino, nieta recuperada número 96. Se secuestró y torturó a la maestra funense Ana Gurmendi, asesinada luego en Timbúes en 1978", enumeró Mauro Miguez, concejal de la Unidad Popular (UP) y autor del proyecto.

"Ese lugar, que fue sitio de la muerte y el genocidio, será del pueblo de Funes. Un espacio de vida para que nuestros pibes estudien y comprendan las luchas pasadas, por la igualdad y la libertad", afirmó convencido el edil.

El proyecto, que una vez aprobado será elevado a la Legislatura provincial, establece que se declare de interés público municipal la expropiación del inmueble, ubicado en la esquina de las calles San José y Córdoba (ruta 9).

Asimismo, determina que sus instalaciones se constituyan en un espacio de memoria histórica y se proyecte la instalación de un establecimiento educativo público denominado "Ana María Gurmendi", cuyo carácter definirá el Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.

Sería entonces la Legislatura la responsable de determinar el trámite de expropiación e indemnización, en los términos que dispone la legislación, haciendo uso exclusivo de su potestad expropiatoria en función de la satisfacción de un interés de carácter colectivo, como reviste la ordenanza.

Consenso. "Como es la primera vez que se presenta un pedido así, vamos a buscar el consenso de la ciudad. La intención es que pueda llegarse al 24 de marzo (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia). Desde hoy (por ayer) arrancamos una campaña de junta de firmas.", agregó el edil.

Miguez, quien comentó que nunca pudo entrar a la quinta, resaltó que es militante desde los 16 años e integrante de la Comisión por la Memoria. "Siempre organizamos las marchas y la señalización hasta su puerta. Es una deuda de la democracia el poder recuperar ese predio y nada mejor que convertirlo en escuela".

Actualmente, la quinta es privada y su parque se alquila para fiestas. Miguez reconoció ese uso y opinó que "hubo festejos que no se condicen con la función del espacio". En ese rumbo, destacó que "el actual responsable no tiene nada que ver con los hechos del pasado pero hay que darle otro sentido y puede hacerse dentro de la ley".

Larga tarea reconstructiva. El edil explicó que preparar la ordenanza significó "una larga tarea reconstructiva. En la fundamentación tuve que hacer un trabajo muy duro de recuperación de la quinta", como la lectura del Nunca Más, el informe de la Conadep, documentos del Centro de Estudios Legales y Sociales, el libro "Recuerdos de la Muerte", de Miguel Bonasso, las pesquisas, testimonios y resoluciones de los Juicios de la Verdad efectuados para juzgar y condenar a los represores Agustín Feced y Daniel Amelong y las sentencias de la Causa Guerrieri.

Por último, consideró que su pedido va a ser factible "construyendo acuerdos; ya logramos que sea considerado Sitio de Memoria Histórica Municipal conforme a la ordenanza 770/12, ahora vamos por esta etapa". El pedido será tratado a principios de marzo, luego de concluido el receso del cuerpo.

Argumentos. El proyecto de Miguez se basó en la ley nacional 26.691 de señalización de los sitios de memoria, que dispone que serán sujetos a preservación todos los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que hayan funcionado durante la represión ilegal que operó entre el 24 de Marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983.

Y cita la probatoria documental sobre el funcionamiento efectivo de la quinta como centro clandestino de detención con sus respectivas fuentes, tanto testimoniales como literarias, documentos públicos de investigación y otros de carácter judicial.

Asimismo, destaca que existe el consenso entre las organizaciones militantes y la sociedad civil respecto de la necesidad de recuperar para el patrimonio público dicho espacio físico y proyectar allí "la construcción de la memoria de los funenses, vinculadas al mundo de lo pedagógico y educativo".

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