"Nosotros no pretendemos sólo que se haga justicia con el abusador. También queremos saber por qué hubo silencio y eventualmente encubrimiento, más allá de que (ese delito) pueda haber prescripto". Las palabras corrieron por cuenta del abogado querellante de la primera de las víctimas que denunció al cura Justo José Ilarraz por abusos sexuales cometidos en el Seminario Menor de Paraná contra adolescentes que estaban iniciando la carrera religiosa.
Se trata del abogado paranaense Marcos Rodríguez Allende quien, junto a un grupo de letrados que incluye entre otros a Walter Rolandelli, representará a la primera de las víctimas que brindó su testimonio sobre los actos a los que lo sometió el sacerdote Ilarraz cuando tenía 15 años y estaba en el Seminario Menor.
Las sospechas sobre el sacerdote apuntan inicialmente a que habría abusado de una importante cantidad de jóvenes entre 1984 y 1992 (denuncias periodísticas hablan de 50 víctimas), cuando estaba al frente de esa instancia religiosa y tenía bajo su tutela a los jovencitos, aunque en la estrategia de la querella los márgenes temporales de su accionar delictivo no están tan claros. Y lo que es más importante, el accionar se orientará a determinar no sólo la responsabilidad del cura, sino también de las autoridades del Arzobispado de Paraná que nunca dieron intervención a la Justicia por los hechos de los que tuvieron conocimiento.
Pedido."Cuando el juez Alejandro Grippo resuelva los diferentes planteos que hizo el Ministerio Público Fiscal, presentaremos nuestro pedido para constituirnos como querellantes en esta primera denuncia", señaló el letrado, más allá de que la intención es representar a otras víctimas.
Rodríguez Allende remarcó su intención de avanzar en la búsqueda de sanción para los encubridores frente a la declaración periodística del Procurador General, Jorge García, quien señaló: "No nos interesa la Iglesia, vamos por el abusador".
Tras elogiar la actitud de García de iniciar de oficio la investigación y formar un grupo especial de fiscales para que se dediquen al tema, remarcó su intención de investigar el encubrimiento, aun si éste ya no resultara sancionable por el paso del tiempo.
En el mismo sentido, señaló que el supuesto Juicio Diocesano al que fue sometido Ilarraz serviría de prueba en su contra en el marco de la vigencia de la libertad probatoria en el derecho argentino. Sin embargo, el letrado se mostró cauteloso al respecto. "Entiendo que no existen tales actuaciones", indicó.
En cuanto a las responsabilidades por el supuesto encubrimiento, recordó que en 2010 hubo ocho sacerdotes del Departamento Paraná que le reclamaron al entonces obispo Mario Maullión instándolo a que haga la denuncia ante la Justicia, sin haber obtenido ninguna respuesta.
Incluso trascendió que los investigadores dudan también de que realmente el expediente de ese supuesto Juicio Diocesano haya sido enviado al Vaticano, por lo que pedirán informes a la Santa Sede sobre la diligencia.
La prescripción. Respecto de la eventual prescripición de los delitos cometidos por Ilarraz, que es el principal argumento conocido de sus defensores; Rodríguez Allende afirmó que existe preeminencia de los tratados internacionales sobre los derechos de los niños abusados, que despejan la posibilidad de la prescripción de los delitos.
"Además, no sabemos hasta cuándo se cometieron. No se conoce el límite temporal de estos hechos, y por eso se va a investigar también en los diferentes lugares donde estuvo Ilarraz tras dejar el Seminario Menor en Paraná", indicó el abogado.
Casos de abusos infantiles. La Iglesia australiana del Estado de Victoria reveló que desde 1930 al menos 620 menores fueron víctimas de abusos sexuales por parte del clero. "Es vergonzoso y consternador que estos abusos, con su dramático impacto en los que fueron abusados y sus familias, fueran cometidos por curas católicos, religiosos y empleados de la Iglesia", dijo el arzobispo de Melbourne, Denis Hart.
La revelación al parlamento local provocó nuevos pedidos para que se haga una investigación independiente.
El año pasado el Papa Benedicto XVI dijo a los obispos australianos que el escándalo de abusos sexuales en la Iglesia haría su trabajo más difícil y los exhortó a "reparar los errores del pasado con honestidad".
El informe no fue hecho público, pero la Iglesia dijo que la mayoría de los 620 casos de demandas por abusos registrados en los últimos 16 años eran relativos a incidentes de hace 30 a 80 años, y muy pocos relativos a abusos cometidos desde 1990 hacia adelante.
Hart expresó que la Iglesia tomó iniciativas para resolver el tema, incluido un programa que funciona desde 1990 que incluye una investigación independiente, un programa de asesoramiento y apoyo y un sistema de compensación. "Esta presentación muestra cómo la Iglesia de hoy está comprometida para buscar la verdad y no disfrazarla, eludiendo las acciones de aquellos que traicionaron la sagrada confianza", agregó en una declaración.
Diario UNO Entre Ríos