La detención del exfiscal de Rosario Mariano Ríos Artacho, quien fue acusado de liderar una asociación ilícita dedicada a vaciar fondos de fianzas, cauciones y dinero secuestrado en expedientes del Ministerio Público de la Acusación (MPA), dejaron expuestas serias falencias dentro del organismo judicial. Es que las maniobras ilícitas se habrían producido durante al menos siete años sin que nadie las haya advertido, paradójicamente dentro de la unidad que se dedica a la investigación de delitos económicos.

Durante esos años fueron muchas las autoridades que estuvieron a cargo del MPA. Es más, la actual fiscal general, María Cecilia Vranicich, lideró la Auditoría General de Gestión, nada menos que el órgano encargado de monitorear el trabajo de los fiscales y de iniciar procesos disciplinarios si se advierte alguna conducta inapropiada. Pero las maniobras que llevó adelante el exfiscal Ríos Artacho expusieron la falla de todos los controles.

El caso le asestó otro duro golpe al MPA, que viene sumando serios cuestionamientos al tiempo que sus autoridades dicen estar refundandolo.

Pero los problemas de los fiscales parecen ser muchos. Recientemente se conoció la destitución de un fiscal y la suspensión por tres meses de una colega suya por no haber investigado debidamente una denuncia de violencia de género de una mujer que luego fue asesinada.

La lupa sobre Ortigala

En esta larga lista de desaciertos de funcionarios del MPA se suma un nuevo pedido de investigación que hace unas semanas le efectuó el Colegio de Jueces de Segunda Instancia a la Auditoría de Gestión, a la Fiscalía Regional y a la Fiscalía General para que en el marco de la causa en la que se condenó al exfiscal Regional Patricio Serjal se investigue la posible omisión de investigar a Mariana Ortigala (extestigo clave que fue condenada por delitos de extorsión y estafas inmobiliarias vinculados a la banda de Los Monos) por parte de los fiscales que tenían a cargo sus causas.

Ortigala habría sido informante de un fiscal que luego terminó impùtado tras haber sido denunciado por su pares Miguel Moreno y Pablo Socca. Ahora, el Colegio de Jueces de Segunda Instancia pidió que se investiguen los motivos por los cuales los fiscales no avanzaron en la imputación de una serie de delitos, pese a que existiría evidencia en su contra que la vinculaban a Los Monos.

Ortigala fue condenada en el marco de un procedimiento abreviado en el que asumió la responsabilidad en algunos hechos, pero restaría que se investigue si existieron otras causas por las que también debió haber sido imputada y no avanzaron, entre ellas, una posible extorsión al empresario del juego Leonardo Peiti. El Colegio de Jueces quiere que se investigue si hubo un tratamiento indebido por parte de los fiscales que tenían a su cargo esa investigación. Uno de ellos es Luis Schiappa Pietra, quien en su momento trabajaba en las causas donde Ortigala había sido informante y que fue consolidando su posición dentro del MPA.

El crimen de Pillín

Sobre este fiscal también existirían otros dos pedidos de investigación que habrían presentado ante la auditoría dos abogados de Rosario por irregularidades en la causa por la muerte del exjefe de la barra brava de Central Andrés Pillín Bracamonte. Esa causa inicialmente fue asignada al fiscal Alejandro Ferlazo, quien luego fue apartado de la misma por decisión del Fiscal Regional Matías Merlo, quien se la asignó a Schiappa Pietra y Georgina Pairola, quien también fue denunciada por los abogados.

Al menos una de estas denuncias estaría vinculada al irregular manejo que, una vez más, se habría hecho sobre personas que los fiscales presentan como informantes o testigos protegidos.

Otra fiscal cuyo accionar un juez de la provincia pidió investigar en el marco de una causa sobre abuso sexual es Alejandra Del Río Ayala, quien ostenta un alto grado dentro del MPA.

Por lo pronto la realidad del MPA es inquietante, con causas penales que no avanzan sobre fiscales denunciados que ocupan cargos de relevancia dentro del organismo judicial e incluso en algunos casos siguen vinculados a las causas por las que se solicitó que fueran investigados.