Los nombres de los niños. Cuántos años tienen. Si van a la escuela. Quién los cuida. Sus carnets de vacunación. Son asuntos que suenan ajenos a las causas penales y sin embargo de eso tratan varios fallos recientes de la Justicia Federal de la provincia. Los jueces instaron al Estado a proteger a los hijos de mujeres presas en causas vinculadas al tráfico de drogas y convocaron a pensar políticas específicas para ese sector de la infancia. "Lo que hay que generar son políticas de empleo digno para esas familias, el narcomenudeo es una economía de subsistencia", dijo en torno al debate la diputada provincial y ex defensora oficial Matilde Bruera, mientras el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia proyecta crear una dependencia específica para atender estos casos y cumplir con los requerimientos judiciales.

La inquietud se expresó en cuatro fallos que emitió la Cámara Federal de Rosario al rechazar la prisión domiciliaria de mujeres detenidas por infracción a la ley de drogas cuyos hijos perdieron, de esa manera, a su principal figura de cuidado (ver página 31). En esos dictámenes reclamaron que el Estado se ocupe de los niños y se discutan políticas públicas específicas para estas situaciones.

El más reciente de esos fallos, emitido en abril, manifestó la preocupación de los jueces por los tres hijos de Yanina Abregú, una mujer acusada de integrar un conocido clan narco de la zona oeste. Ese tema fue abordado en una nota que este diario público en su edición del domingo 26 de abril bajo el título "Instan al Estado a proteger a los hijos de una mujer presa por narcotráfico". Lo que amplificó la preocupación por los efectos nocivos de la cárcel que se transfiere a los niños.

"Son chicos que generalmente quedan abandonados o al cuidado de tíos o abuelas en sectores empobrecidos", puntualizó al respecto Bruera, diputada provincial del bloque Justicialista y con quince años de experiencia como defensora pública en los Tribunales Federales de Rosario. Para la abogada y docente univeristaria, son casos en los que confluyen cuestiones económicas y de género: "El narcomenudeo es una economía clandestina en territorios empobrecidos adonde no llega la economía legal. El Estado ahí ya incumplió. Es una economía familiar de subsistencia ante la ausencia de políticas para generar trabajo y recursos".

El planteo

En los cuatro casos que se detallan aparte, los camaristas convocaron a los tres poderes del Estado a pensar políticas específicas para estos niños y solicitaron a la Subsecretaría de Niñez provincial que los proteja, garantice su alimentación, la escolaridad y la asistencia psicológica. "Estamos ante una colisión de garantías constitucionales, por un lado el derecho de los niños a estar con los padres y por otro el del Estado a perseguir el delito y encarcelar a los culpables", explicó a este diario el juez Aníbal Pineda, uno de los impulsores de la iniciativa.

Según el juez, esa colisión es difícil de resolver cuando se vuelve inviable la detención domiciliaria de la madre por haberla violentado o por ser reincidente: "El Estado coloca a ese niño en una situación de vulnerabilidad, por ello no puede desentenderse ya que eso viola los derechos del niño y agrava a futuro el problema de la exclusión social y el delito". Por eso considera que la Justicia debe tener una perspectiva "más integral" y debe coordinar acciones con otros poderes.

Ante esa demanda y tras una reunión con Pineda, el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Danilo Capitani, proyecta crear una dependencia específica para que se ocupe del tema, coordine con el Poder Judicial y las instituciones barriales y dé cumplimiento a los pedidos de los fallos. La Subsecretaría de Niñez también tomó nota. Su titular, Alejandra Fedele, indicó que en ocasiones lo que se requiere desde los juzgados son informes ambientales. "Si bien esta Secretaría toma medidas excepcionales por maltrato, abandono o abuso, aspiramos a que los niños sean escuchados para garantizar sus derechos", indicó.

"En algunos casos de narcotráfico en los que se debe apartar al niño de sus cuidadores naturales es muy difícil trabajar si toda la familia está involucrada. Así como hay personas que se dedican al narcomenudeo pero se ocupan de sus hijos maravillosamente. Por eso debemos fijar criterios. La articulación es fundamental", explicó.

Sintonía fina

La cantidad de mujeres detenidas por delitos vinculados a las drogas ha crecido en el país en los últimos años. Y eso ocurrió de la mano del fenómeno de mujeres pobres o que son único sostén de hogares que encuentran en el tráfico a pequeña escala una opción de subsistencia.

"Siempre que cae una banda hay alguna chica embarazada, otra con chicos chiquitos o una abuela que se hace cargo de sus nietos. La venta de drogas es lo que les da de comer, es una cuestión de economía doméstica", describe Susana Zulkarneinuff, defensora particular en causas federales.

Para la abogada, "el niño y su vínculo con la madre es lo primero que hay que proteger. Si la mujer está en su casa con pulsera electrónica y sigue vendiendo droga habrá que tomar medidas, pero antes de dejar desamparada a una criatura hay que pensarlo muy bien. Los tratados internacionales lo dicen bien claro: hay que privilegiar a la niñez. Lo que sucede es que no es fácil convencer a un juez, sobre todo en la etapa de instrucción de una causa, que debe elegir entre resguardar la investigación o la integridad del menor. Muchas cuestiones se podrían resolver con criterios humanitarios de los jueces", opinó.

La ley prevé la prisión domiciliaria para madres de niños menores de 5 años o con discapacidad. Pero cuando una mujer es condenada "pocos jueces aceptan darle una pena baja o que la cumpla bajo regimen domiciliario. Hay gente que vende droga porque no fue a la escuela, no tiene trabajo y no la toman ni para limpiar pisos en una casa porque vive en una villa. Si a esa persona la visibilizó el sistema penal, ahí es donde el Estado puede hacer algo", consideró la abogada.

El impacto de las prácticas judiciales en los niños también fue constatado por Bruera en su época de defensora, cuando conoció de cerca situaciones de niños desamparados y al cuidado de hermanos adolescentes tras el arresto de sus madres. "Hasta 2016 las prisiones domiciliarias con chiquitos se otorgaban siempre. Cuando aparece el macrismo, con una política punitivista, se empiezan a rechazar. Por eso es muy importante la independencia de los jueces, que están presionados entre lo que corresponde legalmente y el miedo que agitan los medios por la inseguridad".

"El narcomenudeo es la explotación de la pobreza y es cierto que genera violencia en los barrios donde muchos se disputan ese ingreso", continuó la legisladora. Para Bruera, en ese contexto, instar al poder político a ocuparse de los chicos es redundante porque "es su obligación constitucional hacia la niñez en general y no de manera específica para los hijos de los presos, lo que sería discriminatorio. En lugar de ir detrás del problema, debería pensarse en una organización social distinta, en una política de empleo donde el trabajo sea para todos".