A pedido de la Procuraduría General, el Supremo Tribunal Federal de Brasil autorizó ayer abrir una investigación sobre la manifestación que encabezó el domingo el presidente Jair Bolsonaro y en la que se pidió una intervención militar de los poderes Legislativo y Judicial.

El magistrado Alexandre de Moraes aceptó un pedido presentado ayer por el procurador general de Brasil, Augusto Aras, para investigar una “posible violación de la ley de Sseguridad nacional” en la protesta que exaltó la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985 y pidió una nueva intervención militar.

Asimismo, el magistrado destacó la “necesidad de verificar la existencia de organizaciones y tramas de financiación de manifestaciones contra la democracia”, ya que, recordó, la Constitución brasileña “no permite la financiación y propagación de ideas contrarias al orden constitucional y al Estado democrático”.

El domingo pasado, cientos de personas se manifestaron frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia a favor de Bolsonaro y en contra las medidas de aislamiento adoptadas por diversos gobernadores —y apoyadas por el Congreso y la Justicia—para frenar el avance del coronavirus, que ya dejó 2.588 muertos y más de 40.800 casos positivos, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.

Los manifestantes invocaron, con gritos y carteles, la vuelta del llamado Acto Institucional 5 (AI-5), instaurado en 1968 por el régimen militar, que marcó el inicio del periodo más violento de la represión de la dictadura que gobernó Brasil por 21 años.

El propio mandatario ultraderechista participó de estos actos, sin mascarilla ni guantes, y afirmó que su gobierno no quiere “negociar nada”, declaraciones que fueron rechazadas por varios sectores, entre ellos la mayoría de los gobernadores del país, jueces y congresistas.

Las tensiones entre Bolsonaro y las autoridades de los otros poderes y líderes de otras fuerzas antes aliadas no son nuevas.