Las medidas de tránsito adoptadas por distintas comunas y municipios de la provincia tendientes a prohibir el ingreso y/o circulación de personas que no residen en ellas, generando conflictos interpersonales e institucionales, hizo que la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe saliera a instar a que “todos los gobiernos locales actúen dentro del marco legal vigente y respetando las medidas adoptadas por el Estado provincial”.

   Días después de que Sastre, Correa y Carcarañá, entre otras localidades, cerraran accesos por rutas, la Defensoría recordó que “con el objetivo de detener la circulación del Covid 19, el Estado nacional dispuso a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 297 el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 31 de marzo inclusive. Y, posteriormente, el Ejecutivo provincial adhirió a esa norma”, con las excepciones generales y particulares a la regla para garantizar a la población la provisión de alimentos, productos de limpieza e higiene, medicamentos y servicios públicos, entre otros.

   La provincia de Santa Fe adhirió a todo lo dispuesto y aclaró que “la policía provincial, en colaboración con las fuerzas de seguridad nacionales, o por sus propios medios, controlará en modo permanente rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine, contando además con la obligación de hacer cesar las conductas infractoras y dar intervención a la autoridad judicial competente”.

   La Defensoría del Pueblo evaluó que es entendible que comunas y municipios realicen controles sanitarios para garantizar la salud de su población, pero advirtió que restringir la circulación de quienes están habilitados por cuestiones de trabajo o necesidad imperiosa no se condice con el espíritu de lo dispuesto tanto a nivel nacional como provincial.

Además, se habilitaron las zonas de servicios en los peajes de Carcarañá y General Lagos (de 10 a 18) exclusivamente para transportistas.