La Corte Suprema de Justicia de Corrientes dispuso la continuidad de la actividad judicial a partir del lunes próximo a través de un “protocolo” que “implementa diversas medidas tendientes a organizar el trabajo y adaptarlo a las condiciones de la emergencia sanitaria”.

   El Alto Tribunal consideró que “el servicio de justicia es una actividad esencial del Estado” y que “es contrario a su esencia adoptar actitudes que obstruyan su continuidad, siendo que existen herramientas digitales disponibles que posibilitan y garantizan su sostenimiento”.

   En el marco de la emergencia sanitaria y el aislamiento preventivo, social y obligatorio, el Acuerdo Extraordinario del 7 de abril constituye un “esfuerzo” por compatibilizar la prestación del servicio de Justicia y el cuidado de la salud de los funcionarios, empleados, abogados y justiciables.

   Según la Corte, los intereses que se encuentran en danza en los estrados judiciales distan de ser superfluos o postergables: las personas concurren a los tribunales apremiadas por la lesión de derechos de la más variada gama, pasando por la indemnización derivada de un accidente o de un despido injusto, la provisión de alimentos para la subsistencia familiar; incluso por el restablecimiento de prestaciones médico-asistenciales o de la seguridad psicofísica de quien ha sufrido el embate de la violencia doméstica; entre muchos otros. En estos casos, la dilación en el auxilio equivale a la denegación misma de justicia.

   El protocolo dispuesto por los altos jueces establece un sistema de mínima atención al público rotativo y por franjas horarias flexibles a fin de evitar aglomeraciones innecesarias de personal; manda a reforzar las medidas de higiene a cargo del personal de maestranza y a instituir un estricto control de ingreso.

A su vez, otorga licencias especiales a los empleados que en razón de edad y factores de riesgo se encontraren más expuestos a la enfermedad. Para dotar de operatividad al sistema, dispone guardias reducidas y obligatorias en cada juzgado y autoriza el teletrabajo de empleados y funcionarios desde el hogar por vía de acceso remoto a las computadoras de los Tribunales. No olvida implementar de manera estricta las medidas de distanciamiento social e higiene harto conocidas por todos.

   La Corte correntina ordenó a los operadores del sistema de Justicia a utilizar en todo su potencial “las herramientas tecnológicas”, y sin medias tintas ordenó a los magistrados y funcionarios que utilicen todos los medios electrónicos a su alcance para tramitar los expedientes durante la emergencia sanitaria con sencillez, eficacia y celeridad, obligándolos a desprenderse radicalmente del soporte papel.

   El Acuerdo Extraordinario habilita la utilización del correo electrónico como medio de intercambio y comunicación, así como de la firma digital en los casos en que estuviere disponible su uso (y en los que no, se contenta con exigir que los escritos se firmen de puño y letra y se envíen escaneados).

   Dispone que la presentación de escritos y peticiones deba hacerse por medio de la plataforma digital provista por el Poder Judicial, previamente adaptada para las circunstancias. Asimismo, autoriza la realización de reuniones y audiencias por videoconferencia, sin discriminar ninguna plataforma de las que operan en el mercado al efecto (Zoom, WhatsApp, Skype, etc), arbitrando un “Protocolo de Audiencias a Distancia”.

   Los jueces adjuntaron a su resolución una serie de guías explicativas de cómo instalar y utilizar las aplicaciones propuestas. Los documentos contienen instructivos específicos emanados de la Dirección General Informática del Tribunal, brazo ejecutor que la Corte pone a disposición de todos los operadores.

   En un gesto de apertura y reconocimiento de que el sistema que desplegaba podía adolecer de fallas o problemas en su implementación, la Corte invitó a todos los actores vinculados al sistema de administración de justicia a brindar propuestas superadoras y de mejora que tiendan al logro del cometido declarado.