Los dirigentes de Nacional de Montevideo desistieron de contratar al futbolista Diego García, acusado por la Justicia argentina de abuso sexual con acceso carnal, por el enojo e indignación que generó la iniciativa entre los hinchas tricolores, quienes se autoconvocaron en el predio Los Céspedes para protestar por esta posibilidad y hasta vandalizaron uno de los portones de acceso al predio.
Esa protesta de los hinchas llevó a que las autoridades de Nacional dejaran sin efecto la negociación con el representante del futbolista, las que estaban a punto de concretarse.
En esta oportunidad el sentido común estuvo por parte de los hinchas, quienes consideraron inadmisible que sus dirigentes no hayan considerado como un inconveniente insalvable para el regreso de Diego García el juicio al que será sometido en la Argentina por una causa tan grave como el de "abuso sexual con acceso carnal".
Este cambio de decisión por parte de Nacional dejó a la deriva a García, quien en función de su regreso a Uruguay había rescindido su contrato con Patronato, club en el que jugaba, y además había resuelto su situación con Estudiantes de La Plata, club dueño de los derechos económicos.
García se disponía a firmar un nuevo vínculo con Nacional, razón por la cual viajó a Montevideo luego de haber recibido el permiso por parte del juez que lleva adelante la causa de “abuso sexual con acceso carnal”, ocurrida a inicios del año pasado.
Este viaje a Montevideo le permitió resolver rápidamente a su representante la incorporación a Nacional de Montevideo, donde iba a jugar a préstamo hasta que se inicie el juicio.
No obstante, la repercusión negativa en el público hizo naufragar la gestión de García, quien irá a juicio oral porque el 24 de febrero de 2021, cuando era parte del plantel de Estudiantes, participó de una fiesta tras la cual una de las asistentes denunció que el futbolista la forzó a ingresar al baño, la golpeó en un ojo y la abusó sexualmente.
Semanas atrás el juez de Garantías Pablo Raele anunció que la causa irá a juicio oral, tras rechazar los pedidos de nulidad y sobreseimiento de la defensa del uruguayo de 25 años, que podría recibir, si se lo considera culpable, entre 6 y 15 años de prisión.
Si bien en la noche de este lunes los directivos determinaron dejar sin efecto su contratación, insisten con que el jugador es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero todos estuvieron de acuerdo en que en este momento es importante mantener la unidad de la institución.