La Inspección General de Personas Jurídicas, en resolución Nº 144 del 8 de febrero, dispuso que el club El Torito sea intervenido. Los días turbulentos en la entidad de la zona norte de la ciudad, parecen ir llegando a su fin. El Estado decidió tomar cartas en el asunto cuando se presentó un grupo de personas denunciando irregularidades en el funcionamiento de la entidad, entre las que se detallan la composición y administración de la comisión directiva, la explotación del buffet del club, la falta de exhibición de libros sociales, la prohibición de ingreso, las expulsiones de asociados contrarias al procedimiento regulado estatutariamente, entre otras.
Todas estas irregularidades generaron situaciones tensas en la comunidad que participaba de la vida de El Torito, llegando en los últimos meses a producirse problemas constantes, conflictos diarios y vaivenes interminables que afectaron el normal desempeño del club.
Debido a lo mencionado, representantes de Fiscalía de Estado se abocaron a recabar todas las informaciones necesarias, a los fines de aclarar la situación y, de ser necesario, tomar las medidas correspondientes. Es así que, según surge de la resolución que consta en el expediente llevado adelante por la repartición pública, se advirtieron los siguientes puntos:
* Las autoridades y estados contables no estaban registrados. Se verificó un incumplimiento absoluto de la Resolución General Nº 359/75, según la cual debían presentarse informes periódicos sobre las autoridades y estados contables".
* El libro de registro de asociados se encontraba confeccionado incorrectamente, resaltando que la categoría de asociados "se encuentra escrita en lápiz". Los únicos asociados activos registrados no cumplen con el pago de la cuota social. De lo que puede deducirse que los integrantes de la comisión no pagaban la cuota correspondiente.
* Las personas que participaban de las Asambleas no estaban registradas como socios, por lo cual no tenían derecho a participar con voto, careciendo de legitimación.
* También se incumplió el artículo 173 del Código Civil y Comercial de la Nación, ya que el síndico titular Jorge Gallardo (que era el encargado de controlar los manejos económicos del club), resultó ser el cónyuge de la tesorera Marta Salazar (quien manejaba el dinero). Ello está prohibido por ley para evitar complicidades entre quienes manejan las cuentas de una institución.
* La expulsión y prohibición de ingreso que sufrieron los denunciantes fue totalmente ilegítima, ya que no se efectuó conforme a los pasos establecidos por el estatuto social.
* Las tareas de investigación y de recopilación de información, realizada por parte de los integrantes del órgano de contralor, llegó a la conclusión de que El Torito es "una entidad que se encuentra inmersa en una crisis institucional importante".
Por todo esto, se resolvió la normalización de la entidad, la cual será llevada adelante en las próximas semanas, mediante la apertura del club a todos aquellos que deseen asociarse, para luego realizar el proceso electoral correspondiente para nombrar a una nueva comisión directiva.