Negocios son negocios. El gobierno quiere desprenderse de Fútbol para Todos lo más pronto posible aunque el contrato venza en 2019. Y la AFA quiere mayores ingresos, pero no acepta imposiciones. Pretende que todo sea consensuado. La cuestión no es muy clara, pero sí es palpable una hipótesis de conflicto que asoma en el horizonte cercano, más precisamente la semana que viene. “Si bien ellos creen que tienen el poder porque manejan el dinero, si nosotros paramos el fútbol, durante la semana se empieza a hablar más de Panamá Papers, los aumentos en los medicamentos para los jubilados o en los transportes...”. La frase, más bien el concepto, la idea, se escuchó en la calle Viamonte, donde 12 dirigentes de la casa mayor del fútbol argentino se reunieron para armar una especie de barricada para defenderse de la arremetida del gobierno Nacional, que parece que quiso marcar la cancha con un apriete de bolsillo: o aceptan los términos establecidos o no cobran la cuota vencida de marzo si no presentan un libre deuda. La semana que viene el gobierno debería desembolsar algo menos de 800 millones para los clubes que los esperan como agua en el desierto. La necesidad tiene cara de hereje, pero esta vez, con dirigentes muy experimentados en el rubro negociaciones en tiempos de conflicto a la cabeza, respondieron al apriete con una probable medida de fuerza. Ese fue el mensaje que se llevó de la reunión Daniel Angelici, presidente de Boca y vocero del gobierno a la vez.