A esta altura no somos pocas las que sabemos que ayer el presidente Alberto Férnandez, con corbata verde como homenaje, cumplió con su promesa de campaña y presentó el proyecto que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive y la atención pos aborto.
La alegría fue verde, verdísima, hasta bien entrada la noche en que muchas nos quedamos recordando, leyendo, debatiendo y comparando el proyecto oficial con el presentado por octava vez por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, entidad pionera de esta lucha.
El proyecto del Ejecutivo es de 20 artículos, seis páginas. No promueve abortos sino que pretende terminar un problema de salud pública, con muertes evitables (desde 1983 hasta 2016 murieron 3.030 mujeres por abortos realizados de manera insegura). En Uruguay desde que se implementó la ley hace siete años dejaron de morir mujeres de manera escandalosa y si se apelara al misoprostol, la mortalidad se reduciría a cero.
Quienes fuimos parte de esa alegría verde, verdísima, recordamos momentos imborrables, de tristeza y pavor. Hace dos años nomás una diputada decía: "Seguro que muchos de ustedes tienen mascotas ¿Qué pasa cuando una perrita queda embarazada? No la llevamos al veterinario a que aborte. Enseguida salimos a buscar a quien regalarle los perritos. Fíjense como son los animales, hasta las peores fieras quieren a sus crías. ¿Qué nos pasa a los seres humanos que tenemos esta maldita razón que nos tapa el corazón? Si fuéramos un poquito más animales, no mataríamos a nuestras crías, las criaríamos como fuera", había señalado la diputada Estela Regidor (UCR-Corrientes) cuando rechazó un proyecto que se debatió cuatro meses, similar al actual.
Quienes sentimos que vuelve a la agenda nacional la discusión de este derecho negado por décadas llevamos la memoria a cuatro años antes de esa vergonzosa argumentación y llegamos a Belén, la joven tucumana quien, sin saber que estaba embarazada y tras un aborto espontáneo, se despertó en una cama de hospital en 2015, rodeada de policías y médicos. Los profesionales habían roto el secreto profesional, la denunciaron y le mostraron un feto mientras le gritaban "es tu hijo". La joven quedó presa varios años.
Quienes seguimos sintiendo una satisfacción verde, verdísima, incluso fuimos a un recuerdo más pretérito y cercano geográficamente. Llegamos al 2007 y a la santafesina Ana María Acevedo, la mujer embarazada y ya madre, a la que le diagnosticaron un cáncer en la mandíbula cuando tenía 19 años y los médicos del hospital Iturraspe rehusaron practicarle un aborto. Los médicos desconocieron brutalmente que su caso no era punible porque peligraba su vida y todo terminó mal, murieron el feto y la mujer.
Quienes leímos, debatimos y comparamos este proyecto con el que presentó por primera vez la campaña en 2007 nos detuvimos en varios puntos. Esta propuesta otorga desde el requerimiento de la práctica un plazo de diez días para hacerla efectiva (y no cinco como proponía la Campaña). ¿Será un riesgo si en ese lapso se supera la semana 14?
También el actual proyecto refiere a la objeción de conciencia individual, que necesita de un serio control estatal para que se asegure el derecho a abortar. Es de destacar que se prevén acciones penales para quienes no deriven el caso o lo dilaten, y se aclara que no se puede objetar la atención pos aborto.
Y dos aspectos más que le ponen sal a la herida, del proyecto tal vez más debatido de la historia argentina.
A diferencia de las iniciativas de la Campaña, la propuesta del Poder Ejecutivo penaliza a la mujer y persona gestante que aborte después de las 14 semanas por fuera de las causales (violación o riesgo de salud) y no establece la interrupción del embarazo como un derecho humano (sólo de salud pública) en los contenidos de la Educación Sexual Integral (ESI).
El debate sigue en pie y continuará en el Congreso Nacional de quien dependerá una vez más que miles de mujeres que hace años decidieron que el aborto salga de la clandestinidad celebren verde, verdísimas, el derecho a decidir voluntariamente el destino de sus vidas.