Opinión

Una demagogia "punitiva"

Debates. El gobierno nacional busca desalentar la investigación judicial sobre el accionar de la policía. Cuando el presidente recibió a Chocobar marcó el camino. El riesgo está en institucionalizar y naturalizar el asesinato.

Miércoles 07 de Marzo de 2018

El gobierno nacional, ante cada traspié que genera cierto avance en su impopularidad, suele recurrir a algún recurso mediatizable para desviar la atención y sumar adhesión. Apareció así el show de las detenciones a funcionarios K, el criminalizar la protesta, satanizar a sindicalistas, demonizar a la RAM, la revisión del número de desaparecidos, "a Nisman lo mataron los K", y el clásico "pena de muerte si o no", sumado al aumento de facultades con actitudes represivas.

Con el recibimiento del presidente al policía Chocobar se remarca ese camino punitivista que emprendió desde el comienzo de su gestión. Las señales, mensajes, bajadas de línea y directivas que el Ejecutivo manda a las fuerzas de seguridad y al Poder Judicial, son variadas: sostener que, en caso de muerte policial, el Ejecutivo no investigará y tendrá como verdad lo que afirmen los causantes de la muerte (Patricia Bullrich). "Introducir en el Código Penal un cambio para que el policía tenga el beneficio de la duda". Una especie de "presunción de inocencia" para los policías, así lo mencionó Bullrich. Como ya había indicado la vicepresidenta Gabriela Michetti en relación a la RAM.

Se busca así desalentar la investigación judicial sobre el actuar de la policía. El Ministerio de Seguridad dictó una resolución para que las fuerzas federales no obedezcan las órdenes de los jueces si consideran que no son legales, una decisión muy peligrosa.

Volvamos a Chocobar. Un policía mata por la espalda a una persona que debió ser juzgada por las lesiones producidas a un turista. El abatido Kukoc había sido reducido por tres personas, entregó lo robado, y sin sacar armas intentó escapar. Pero recibió dos disparos por la espalda, cuando ya no representaba riesgo alguno. El presidente recibió al agente, y afirmó: "Estamos orgullosos de usted. Es un buen policía". El mensaje llegó a oídos del Poder Judicial: "Que la Cámara revea el procesamiento y sobresea". Acto seguido, el fiscal Ricardo Sáenz pretendió pedir el sobreseimiento cuando ni siquiera su colega de primera instancia había apelado el procesamiento.

Fue tal el bochorno jurídico que los camaristas lo llamaron a silencio. El mensaje también fue dirigido a las fuerzas de seguridad: un buen policía es el de gatillo fácil. Así, Fabián Exequiel también fue baleado por la espalda por el agente Braian Montes, Grupo Halcón de la Policía Bonaerense, en Quilmes.

El "error" policial es demasiado frecuente, producto de su ineficiente formación. En Rosario tenemos el caso de Jonatan Herrera, quien cuando el 4 de enero de 2015 lavaba su auto, fue ultimado a balazos al ser confundido con un delincuente que perseguía el Comando Radioeléctrico. En el accionar, cerca de Seguí y Ayacucho, también participó la policía de Acción Táctica. El caso terminaba en juicio abreviado, de no ser por el acompañamiento de la Multisectorial contra la Violencia Institucional.

Preocupa la habilitación de medidas punitivas más severas y el incremento de facultades policiales. Mientras, no aparecen los estudios que demuestren la efectividad de estas medidas. Como en la criminalización de mapuches por parte del Ejecutivo, es fácil demonizar y deshumanizar, sin entrar a analizar la legalidad del reclamo territorial. Las fuerzas de seguridad no han sido reestructuradas y guardan en su esencia ADN genocida. En nuestros Estados con características coloniales (Segato, Zaffaroni) los agentes de seguridad se "paraestatizan". Y, cuando se le pide seguridad al Estado, el mensaje es leído como un llamado a la guerra, confrontación y enfrentamiento, pero no a pacificar. Young (1999) llama "criminología de la intolerancia" a la "endemonización" con la creencia de superioridad cultural o biológica sobre otros individuos. Esa construcción de un estereotipo negativo (vagos, adictos, narcos, RAM), y la construcción de chivos expiatorios, lleva a su deshumanización, la punición, el castigo.

Esa violencia de Estado alimenta la violencia social y hace posible la aparición de casos extremos, como el de Kukoc, sin que la sociedad se escandalice. El riesgo está en naturalizar e institucionalizar al asesinato, además de ampliar sus fronteras para despolitizar a una sociedad en conflicto.

Santiago Bereciartua

Vicepresidente de la comisión de DDHH, Colegio de Abogados Rosario. Integrante de la Cátedra de Criminología y Control Social de la UNR

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