Opinión

Un proyecto para terminar con la violencia en el fútbol

En Diputados. La iniciativa propone la persecución penal y el desfinanciamiento de las barras bravas para imposibilitar su accionar.

Miércoles 03 de Abril de 2019

Proponer cambios no sirve de mucho si no se tiene la firme convicción para llevarlos adelante y una decidida voluntad política de implementarlos. Cambiemos ha venido a hacerse cargo de importantes demandas de la sociedad que durante muchísimos años no encontraron eco en la clase dirigente. Somos conscientes de que muchas veces proponemos cambios estructurales, cambios culturales que van a contrapelo de intereses poderosos que están enquistados en distintos sectores de nuestra sociedad. Y el fútbol no es ajeno a eso.

En agosto de 2016 el Ejecutivo envío al Congreso un proyecto de ley para prevenir y sancionar los hechos de violencia en el fútbol y combatir a las barras bravas pero la oposición no nos acompañó y el proyecto perdió estado parlamentario el año pasado. Conscientes de la importancia del tema y de los intereses que debemos enfrentar, en diciembre volvimos a presentar un proyecto muy similar al anterior al que esperamos darle media sanción en los próximos días. Una legislación que posibilite luchar contra la violencia en los espectáculos futbolísticos, haciendo especial hincapié en la actuación de las organizaciones delictivas y atacando sus modos de financiamiento.

La voluntad del gobierno queda explicitada si vemos como se viene trabajando en estos últimos años con los clubes en la aplicación del derecho de admisión o como se está implementado el programa Tribuna Segura del Ministerio de Seguridad de la Nación (hasta enero de este año se realizaron operativos en 1.063 partidos, controlando a 8 millones de espectadores, se aplicaron 1899 admisiones y se capturaron 545 prófugos). Claramente algo cambió en la gestión pública cuando se comparan estas decisiones con otras políticas que apuntaban, por ejemplo, a la creación del colectivo Hinchadas Unidas Argentinas y al dudoso financiamiento de esa organización con visos de asociación ilícita.

El proyecto que estamos tratando en Diputados tiende a instrumentar un régimen legal especial en materia de espectáculos futbolísticos denominado "Régimen Penal y Procesal para la Prevención y Represión de Delitos en espectáculos futbolísticos".

En 1985 se sancionó la ley 23.184 que estableció un régimen penal y contravencional para la prevención y represión de la violencia en espectáculos deportivos. Pero pasaron más de 30 años y, pesar de las modificaciones que se le introdujeron, la norma ha quedado desactualizada y no resulta adecuada para dar soluciones a la problemática. La violencia generada en torno al fútbol se ha incrementado, pero tenemos la decisión de recuperar las condiciones de tranquilidad, orden y seguridad necesarias a fin de que la sociedad recobre el hábito de disfrutar de un deporte tan arraigado en nuestra idiosincrasia.

En el espíritu de este proyecto subyace la férrea voluntad de terminar con las barras bravas por lo cual apunta a la persecución penal y al desfinanciamiento de esos grupos a fin de imposibilitar su accionar. El proyecto define el ámbito de aplicación de la ley, incluyendo a espectáculos futbolísticos nacionales, internacionales, amistosos y hechos que se cometan con motivo o en ocasión o vinculados a la realización de los mismos, contemplando prácticas, entrenamientos, y traslados de los concurrentes o los protagonistas, resultando indistintos los sitios y los momentos en los cuales los hechos puedan tener lugar. Prevé, asimismo, un agravante genérico de la pena para los delitos del Código Penal más comúnmente cometidos en el marco de un espectáculo futbolístico.

También se tipifican nuevas conductas que se producen de manera habitual y que deben ser contempladas de manera específica por su gravedad, como la venta de entradas no autorizadas o falsas, la facilitación de ingreso a los estadios sin contar con las entradas correspondientes, el cuidado de vehículos en la vía pública sin autorización legal, el entorpecimiento del transporte y el peligro de aglomeración o avalancha.

Con esta ley vamos a poder cambiar actos ilícitos que hoy son considerados como contravenciones en delitos de índole penal, lo cual nos va a ayudar muchísimo a que los violentos vayan presos. Determina la figura del "accionar de grupo" como la asociación o grupo de tres o más personas que está destinado a cometer con habitualidad cualquiera de los delitos previstos en el presente proyecto. No procederá la probation para algunos delitos y se dispone como pena accesoria a la condena la inhabilitación para concurrir a todo tipo de espectáculo futbolístico. Asimismo se sanciona con multas a las entidades si alguno de los delitos enumerados fuera cometido por sus dirigentes; y contempla también la figura de enriquecimiento ilícito de los dirigentes. Se incorpora el instrumento de la prohibición de concurrencia administrativa, la cual dota al Ministerio de Seguridad de la Nación de la potestad de prohibir la concurrencia a determinados espectáculos futbolísticos a aquellas personas que puedan poner en riesgo la seguridad pública y a los presuntos infractores de la presente ley. También se incorpora la figura del arrepentido introducida en nuestro ordenamiento jurídico mediante la ley 27.304, y que tan positivos resultados viene arrojando en materia de investigaciones judiciales sobre hechos de corrupción. Una mención especial merece la iniciativa de establecer la incompatibilidad de quienes son funcionarios públicos de cualquiera de los poderes del Estado Nacional para ser dirigentes de clubes de Primera A o de Primera B Nacional, o de la AFA. Esta es una buena y novedosa medida en aras de la ética en la función pública, la transparencia y que permite evitar eventuales conflictos de intereses.

Sabemos que una ley seguramente no sea la solución total para erradicar la violencia, los delitos y las organizaciones mafiosas del fútbol, pero es la respuesta que desde el Estado debemos empezar a dar. Debemos trabajar desde lo educativo y lo social, desde las fuerzas de seguridad y con las leyes que viene sancionando el Congreso. Y todo eso debe ser completado por jueces que envíen una señal clara a la sociedad de que violar la ley tiene costos. La dirigencia política, los jueces, fiscales y las fuerzas de seguridad tenemos que trabajar en conjunto para terminar con la violencia y las organizaciones delictivas. Necesitamos, para lograrlo, que todos nos pongamos del lado del respeto por la ley y la paz.


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