Suena cruel, pero es la más pura realidad. Para el gobierno central un habitante de la Ciudad de Buenos Aires es más importante que uno que vive en cualquier otra localidad de la Argentina. Esto fue siempre así y lo sigue siendo, en mayor o menor medida. Hay una interminable lista de ejemplos que corroboran esta afirmación, como, entre otros, la brutal diferencia de inversión en infraestructuras que se realizan con fondos federales en Buenos Aires comparada con la del interior del país. Sólo el soterramiento del ferrocarril Sarmiento en Capital Federal se devorará más de 3.000 millones de dólares (una obra que encima está bajo un manto de sospechas por corrupción en medio del escándalo Odebrecht). Pero también este desequilibrio entre la Capital y el resto del país se da en el transporte urbano de pasajeros. Si no, ¿por qué los rosarinos pagan hoy la tarifa de colectivo un 61 por ciento más cara que los porteños ($9,70 contra $6)? ¿O por qué en Córdoba se abona más del doble ($12,55 contra $6)? Y las comparaciones podrían seguir y seguir pasando lista a cada una de las ciudades del interior.
La explicación de esta diferencia radica fundamentalmente en la distribución inequitativa de los subsidios nacionales para el transporte de pasajeros. Datos frescos de abril pasado: Rosario recibió por cada colectivo 95.992 pesos, mientras que Buenos Aires percibió por cada unidad un 39 por ciento más, es decir $134.249. En montos totales, Rosario obtuvo en abril pasado $82.861.869 por subsidios al transporte, el 6,9% del total nacional. En cambio, Capital Federal se quedó con $643.973.572, el 54,3%. Los números son contundentes.
Así, gracias a estos subsidios discrecionales que reparte el gobierno central, los porteños hoy acceden al boleto de colectivo a valores sensiblemente inferiores a los que paga un pasajero en cualquier otra ciudad del país.
Estas diferencias de precios no son nuevas, y se acrecentaron durante los gobiernos kirchneristas. Mauricio Macri al asumir la Presidencia prometió que esta situación se iba a revertir. Y en rigor, la brecha se achicó, pero la disparidad a todas luces sigue vigente: en junio de 2015 el boleto en Rosario costaba un 70% más caro que en Capital ($5 contra $3), mientras que hoy se ubica un 60% más ($9,70 contra $6). Esto se explica porque en junio de 2015 cada colectivo porteño recibió un 64% más de subsidios que uno del sistema de transporte de Rosario ($118.871 contra $72.213) y dos años después (abril pasado, el último dato registrado) esa diferencia se redujo, pero sigue siendo significativa: un 39% mayor ($134.249 contra $95.992).
¿Por qué esta disparidad de beneficios entre unos y otros? El poderoso establishment porteño (léase, las corporaciones políticas, económicas y mediáticas) y la cruda realidad de que electoralmente cualquier localidad del país pesa menos que la Ciudad de Buenos Aires son los factores que hacen que ningún gobierno se haya animado hasta ahora a modificar este statu quo.
Según un informe de la consultora Economía & Región, publicado ayer en La Capital, el gobierno nacional concentró en el primer trimestre del año cerca de tres cuartas partes de los impuestos federales, quedando en las arcas provinciales sólo un 27% del total, cuando son estas últimas las que deben asumir casi 50% del gasto público que implica educación, salud, seguridad y justicia. Así, la administración central controla la recaudación de gran parte de los recursos tributarios, y sobre esa caja define a su gusto y piacere el destino de los millonarios fondos que controla. Es esta especie de federalismo invertido la raíz de todos estos males.
"La distribución (de los fondos federales) entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional", reza con criterio de ecuanimidad el artículo 72 de la Constitución nacional. Pero todo esto es letra muerta si los gobiernos centrales –abusándose de la docilidad de la dirigencia del interior del país– favorecen sistemáticamente a la Ciudad de Buenos Aires. Cuando, encima, éste es justamente el distrito de mayor ingreso per cápita de la Argentina. Además, producto de su riqueza económica la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un abultado presupuesto que incluso supera al de la provincia de Santa Fe, pese a la abismal diferencia de territorio que abarcan estos dos distritos: el Estado porteño cuenta este año con un presupuesto de $178.223 millones, mientras que Santa Fe tiene $154.456 millones.
El histórico ordenamiento territorial de la Argentina ha producido una enorme concentración de poder político, económico, demográfico y cultural en el área metropolitana de Buenos Aires.
Mientras el centralismo porteño siga en pie son muy escasas las posibilidades de que el país pueda progresar de manera armoniosa, equilibrada e integrada. Boleto, electricidad y naftas más caras en el interior del país, y obras públicas a cuentagotas fuera del área metropolitana de Buenos Aires son sólo algunos síntomas de este histórico problema que arrastra la Argentina.
