La entente formada por Cambiemos y el Frente Progresista en el Concejo Municipal de Rosario, decidió aumentar nuevamente el boleto del transporte urbano de pasajeros, para suplir el retiro progresivo de subsidios en el área por parte del gobierno de Mauricio Macri. Esta medida representa un duro golpe al bolsillo de los trabajadores y los estudiantes, principales usuarios del sistema. Los números resultan elocuentes: en noviembre del año 2015 el pasaje de colectivo costaba 5,75 pesos, hoy alcanza los 14,80, que representan un 157 por ciento de aumento, frente a un Salario Mínimo Vital y Móvil (Smvm) que sólo creció un 70 por ciento en el mismo período. Una familia de cuatro integrantes, para realizar 160 viajes mensuales, gastaba 920 pesos en noviembre del 2015, y hoy pasará a gastar 2.368: lo que antes le insumía un sexto de un salario mínimo, hoy representa un cuarto del mismo. Parafraseando a Perón podemos decir que los salarios suben por la escalera, mientras el costo del transporte público lo hace por el ascensor. Y en este caso los números expuestos valen solamente para trabajadores y trabajadoras cuyos ingresos tienen al menos la chance de correr de atrás este brutal proceso inflacionario con la herramienta de las paritarias, aunque sean a la baja. En el caso de los trabajadores informales o de la economía popular —que mayoritariamente utilizan el transporte público— la porción de sus ingresos destinados al rubro resulta aún mayor.
Sumado a las consecuencias sociales de la decisión adoptada, hay otra derivación que resulta igual de preocupante: los números oficiales demuestran que a cada suba de tarifa le sobreviene una baja en la cantidad de usuarios, poniendo en riesgo el sostenimiento del sistema. Durante el año 2015 se cortaron 139 millones de boletos, en 2017 solamente 119 millones. Estamos frente a una caída abrupta de un 15 por ciento de usuarios en dos años, solo comparable con las que se produjeron anualmente desde mediados de los 90 hasta el año 2002. Claro está que una baja tan acentuada de usuarios se funda en varios factores concurrentes: los ya reseñados aumentos del pasaje, el escenario macroeconómico adverso y la sostenida pérdida de calidad en la prestación del servicio.
Para corroborar este último aserto basta con revisar los kilómetros recorridos por la totalidad de la flota del transporte urbano de pasajeros de Rosario durante el año pasado —52 millones de kilómetros— y compararlo con los de 1994 —84 millones de kilómetros—, el resultado es contundente: las frecuencias han caído un 40 por ciento en comparación a 23 años atrás. La percepción de los usuarios reflejada en encuestas que realizamos desde el Observatorio Social del Transporte, pero también —y fundamentalmente— las mediciones que efectuamos periódicamente en la calle, reflejan incumplimientos de las frecuencias declaradas en la grilla oficial del Ente de la Movilidad —y el consiguiente hacinamiento con el que se viaja en horarios pico—, cese de servicios nocturnos en una veintena de barrios de la ciudad, e incumplimiento del pliego en materia de unidades adaptadas para personas con movilidad restringida, entre otros aspectos. El lector ya habrá adivinado que empresa resulta campeona en todos los rubros deficitarios: Rosario Bus. La empresa ganadora del fenomenal proceso de concentración que vivió el transporte público de nuestra ciudad en las últimas décadas, es también la que con aceptación pasiva del Municipio presta el peor servicio, por lejos.
La explicación es simple: el mal llamado "déficit estructural" de la Mixta y la Semtur (en la medida de que estamos hablando de un servicio público) es cubierto con sucesivas capitalizaciones que, acertadamente, permiten sostener un estándar mínimo en las prestaciones de las empresas estatales; en el caso de Rosario Bus, que se ha quedado con las líneas más apetecibles en términos comerciales, la tasa de ganancia se asegura resintiendo el servicio, con pleno conocimiento de la Municipalidad de Rosario. Hoy no es necesario realizar inspecciones in situ, basta con observar el mapa interactivo que se encuentra en el Ente de la Movilidad —que geolocaliza cada unidad del sistema en tiempo real vía GPS—, para detectar el fraude. El Ejecutivo no publica ese mapa en la web como lo exige la normativa vigente, ni responde pedidos de informes aprobados por el Concejo Municipal en los que se requieren precisiones sobre multas por incumplimientos, o sobre kilómetros reales recorridos anualmente discriminados por empresa, porque de hacerlo se confirmaría escandalosamente lo que el usuario percibe en su experiencia cotidiana.
¿La delegación total de facultades a la intendenta para aumentar el boleto revertirá esta situación crítica del transporte público local? Entendemos que no. Eliminando el debate democrático, solo se logrará profundizar la lógica de traslado sistemático al usuario del alza de los precios de los insumos del sistema, vaciándolo aún más de pasajeros, y olvidando que un buen transporte público favorece no solamente a quien lo requiere para trasladarse sino también a la movilidad necesaria para el desarrollo de la actividad económica, social y cultural de una ciudad.