Lunes 11 de Mayo de 2009
Con este tipo arquitectónico de vivienda muy compacta, de dos dormitorios con un baño, cocina y estar, devenido de las transformaciones sociales, económicas, y consecuentemente urbanístico-arquitectónicas de los comienzos del siglo XX en la Europa central, denominado comúnmente "existent-mínimun", el gobierno democrático del presidente Juan Domingo Perón logró consolidar la tarea de dar solución a la demanda habitativa migratoria del campo a la ciudad, a mediados de la década del 40, de los sectores trabajadores en la Argentina.
Anteriormente, distintas experiencia puntuales en municipios de nuestro país lo habían intentado con relativo éxito, como en Rosario el prestigioso Servicio Público de la Vivienda, fundado a fines de la década del 20. Este modelo, que se aplicó en las zonas más urbanas, tuvo su versión "chalet californiano" en las áreas más periféricas.
Cualquier pibe nacido en la década del 50 puede haber vivido en una casa como la que está ubicada en Gálvez al 2700, obra recién acabada, atesorando seguramente recuerdos imborrables.
En lotes que no excedían habitualmente los 100 m2, en este caso lindando con la "vía del Central Córdoba", donde circulaban los trenes varias veces por día. Después de la vía, en lo que hoy es la calle Virasoro, sólo se veían quintas y pastizales.
En la proximidad de los studs, con sus vareadores de caballos de carrera, que caracterizaban el vecindario por la cercanía del hipódromo del parque Independencia, se podía jugar en un pequeño patio, en una pequeña terraza y en las noches de verano en una pequeña porción de vereda.
Estos reducidos y felices espacios privados, "pedacitos de cielo" que en esa época parecían infinitos, en septiembre del 55 fueron surcados por las aeronaves de las fuerzas armadas "argentinas", a muy baja altura, amedrentando cobardemente al pueblo rosarino para consolidar la ignominiosa autodenominada "revolución libertadora", que suspendió por décadas un proceso de identificación plena entre el pueblo, su gobierno y las políticas públicas.
Estas viviendas eran suficientes y necesarias para que una familia se desarrollara dignamente, siendo posible también, dada la dinámica social y económica vigente, cambiar de hogar si así lo necesitaba, créditos mediante sin indexación.
La vivienda, la salud y la educación fueron y son un derecho inalienable para los sectores trabajadores, y estas necesidades deben tener su rango accesible o gratuito para los más humildes. O la incidencia del salario trabajador en el PBI permite adquirir genuinamente estos bienes y servicios, o el Estado deberá asistir públicamente la demanda.
El deterioro de la "cosa" pública nunca es responsabilidad del pueblo sino siempre del modelo económico impuesto por los sectores dominantes, sus socios políticos de turno, la patria contratista y los profesionales eventualmente necesarios para la legitimación técnica.
No vale la pena abundar en estas aburridas historias conocidas. Actualmente el gobierno nacional hace seis años que está empeñado en revertir esta compleja situación, con resultados diversos.
Después de más de dos décadas de democracia contemporánea en la Argentina, la solución todavía se está buscando, paciente y desconfiadamente.
Por otro lado, carecen de interés obsoletas muletillas sobre la falta de cultura cívica, de capacidad de convivencia o de la falta de recupero, en los frágiles adjudicatarios de los mal llamados "Fonavis" u otros planes de vivienda, sostenidos por los que quieren a los pobres lejos de la vista.
El gobierno provincial, brazo ejecutor del fondo nacional, ha construido una importante cantidad de viviendas (aproximadamente 30.000 unidades en los últimos 20 años) en todo el territorio santafesino, concertadamente con comunas y municipios —grandes, medianos y pequeños— en una gestión sostenida que debería tender progresivamente a obtener mejores resultados, principalmente en ciudades de alta complejidad urbanística como lo es Rosario, donde aún no se pudo implementar el Plan Federal de Vivienda en toda su magnitud.
El desafío actual abarca múltiples frentes, involucra aspectos de financiamiento, gestión, localización, proyectos urbano-arquitectónico, tipologías, participación y accesibilidad de los usuarios, articulación con las áreas de espacio público, equipamiento y servicios, convivencia de distintos sectores sociales, calidad de la ejecución de obra y su control, etcétera.
La disciplina arquitectónica e incluso otras técnicas y ciencias han consolidado un conjunto de conocimientos, experiencias, estudios, investigaciones, patrones, propuestas críticas, recomendaciones, etcétera, que están depositados en distintos ámbitos institucionales locales a disposición de la comunidad y los entes públicos competentes.
La Universidad Nacional de Rosario, en sus distintas facultades (Arquitectura, Ingeniería, Trabajo Social) constituye un puente natural al servicio de esta tarea constructiva entre el gobierno nacional y el pueblo.
(*) Vicedecano de la Facultad
de Arquitectura, Planeamiento
y Diseño de la UNR