El Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress), cuya función es regular y controlar el servicio público de provisión de agua potable y desagües cloacales, tiene 131 empleados (diez años atrás sólo contaba con 71) y demandará este año 2017 del Tesoro santafesino 82.085.000 pesos para su funcionamiento (85% lo destina en personal). No es un gasto para nada menor, pero ¿en los hechos cumple con su razón de ser, controla a la empresa
Aguas Santafesinas —que brinda este servicio público en 15 ciudades de la provincia—, defiende los intereses de sus usuarios, fiscaliza sus tarifas, sanciona efectivamente a la compañía cuando detecta faltas como cortes en el suministro o baja presión en la red de agua potable? A todas luces el Enress viene haciendo agua por todos lados.
El pasado 2 de junio el gobierno provincial autorizó a la empresa estatal Aguas Santafesinas a realizar un aumento de la tarifa del 20 por ciento, con lo que el ajuste anual acumulado en las boletas trepará al 70,3 por ciento. En agosto de 2016 la Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en contra del entonces tarifazo del gas exigiendo al gobierno nacional "razonabilidad y proporcionalidad" en los incrementos. En este marco, el 70,3% de suba de Aguas parece como mínimo desmedido teniendo en cuenta que las paritarias están cerrando este año en un promedio del 25%.
En rigor, este incremento de la tarifa se explica fundamentalmente por la decisión del gobierno santafesino de reducir con fuerza los subsidios del Tesoro provincial que cubren el déficit de Aguas (paradójicamente un recorte similar al que en forma periódica el socialismo le critica al macrismo a nivel nacional en otros servicios públicos).
Frente a este nuevo tarifazo, el Enress sólo atinó a decir que era cosa juzgada ya que el ente se había expedido. Su titular, Oscar Pintos, recordó que en diciembre pasado emitieron un análisis válido para todo el 2017, en el que cuestionaron el incremento reclamado por la empresa y sugirieron una fórmula alternativa que daba una suba en torno a un también exagerado 50%. Además, pusieron bajo la lupa la política de gastos de Aguas. Este pronunciamiento no vinculante pero obligatorio (el Ministerio de Infraestructura define las tarifas) se efectuó tras la realización de audiencias púbicas donde hubo un fuerte rechazo de los usuarios al pedido de incrementos de la compañía. Si no se tienen en cuenta las opiniones de los usuarios, ¿para qué están las audiencias públicas? ¿Para hacer sólo catarsis? Si no se tienen en cuenta las recomendaciones del ente regulador, ¿para qué se gastan 82 millones de pesos anuales en el Enress? ¿De qué vale tener un ente regulador si no se aceptan los mecanismos de control?
"Si no se tienen en cuenta las opiniones de los usuarios, ¿para qué están las audiencias públicas? ¿Para hacer sólo catarsis?"
La performance del Enress siempre dejó mucho que desear. En 1995 el entonces gobierno provincial del Partido Justicialista (en modo neoliberal), encabezado por Carlos Reutemann, privatizó los servicios de agua potable y cloacas a cargo hasta ese entonces de la Dipos (Dirección Provincial de Obras Sanitarias). Los concesionó a la firma Aguas Provinciales de Santa Fe SA (perteneciente mayoritariamente al grupo francés Suez). Como parte de ese proceso se creó un ente regulador (el Enress) que en teoría debía controlar a esta sociedad privada. Esta concesión fue un rotundo fracaso: no abonó canon, el servicio empeoró, no cumplió con las inversiones que iba a realizar y aún está pendiente un fallo del tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) de 170 millones de dólares contra la provincia y a favor del grupo Suez. En los diez años que duró esta concesión el Enress optó por la política del avestruz (esconder la cabeza en la arena para ignorar los problemas y fingir que no existen) y jamás le exigió al grupo francés el cumplimiento de sus obligaciones.
En enero de 2006 el gobierno provincial del Partido Justicialista (en esta ocasión en modo nacional y popular), a cargo de Jorge Obeid, decidió rescindir el contrato con el grupo Suez y estatizar el servicio creando la firma Aguas Santafesinas SA. Así, el Enress pasó a regular a un prestador que no es un tercero, sino el propio Estado. Con lo cual sus resoluciones obligatorias, pero no vinculantes deben pasar por el filtro del Ministerio de Infraestructura (la autoridad de aplicación), que difícilmente vaya contra la política de la empresa que controla su propio gobierno.
El actual titular del Enress reclamó justamente la semana pasada que el ente que preside debe tener "la facultad plena y no interferida al momento de la regulación tarifaria" de Aguas. Incluso, remarcó que tampoco tienen capacidad sancionatoria. Y para esto sólo basta un ejemplo: en 2010 el Enress multó a Aguas por el corte total del suministro en la ciudad de Santa Fe, pero el entonces gobierno de Hermes Binner ordenó su suspensión.
Además, los cinco directores del Enress no se eligen por concurso, sino que lo hace el Poder Ejecutivo previo acuerdo de la Asamblea Legislativa. Con lo cual siempre el oficialismo "controla" el ente regulador. Su directorio siempre estuvo cooptado por la política partidaria. Hasta el ex intendente Horacio Usandizaga y Jorge Hammerly (primo del ministro de Obras Públicas del reutemismo, Alberto Hammerly) han sido directores del Enress, entre otros.
Por qué el Estado provincial gasta más de 82 millones de pesos en un ente que lejos está de defender los derechos de los usuarios es una pregunta de difícil respuesta, es un verdadero enigma.
