Opinión

Un debate en emoción violenta

El caso del joven que causó la muerte a dos ladrones en Fisherton desata discusiones sobre el límite estatal a la reacción individual ante el delito. Pero también sobre si el conductor quiso deliberadamente matar o provocó eso buscando lo robado

Domingo 18 de Abril de 2021

El 18 de abril de 2011 a la noche un muchacho de 22 años que estaba en su auto junto a su esposa llamó a su padre por teléfono para pedirle ayuda porque había pinchado una cubierta en la entrada a Rosario desde la autopista a Córdoba. Al llegar el hombre de 53 años estacionó su camioneta al lado del auto de su hijo cuando vio que dos personas en la oscuridad se acercaban a ellos. Pensando en un asalto inminente fue a la gaveta de su vehículo, extrajo una pistola Ballester Molina 11.25 y vio como uno de los hombres sujetaba a su hijo al verlo con el arma. Se generó una tensión que terminó con un tiroteo en el lugar. Uno de los asaltantes usó de escudo al muchacho que estaba a punto de cambiar la rueda. Ambos murieron en el incidente. La pericia balística determinó que los mató la misma bala gatillada por el padre del joven.

Las formas de reaccionar o defenderse de un delito muchas veces quedan legítimamente amparadas por la ley. El hombre que fue sometido a proceso por ese caso de hace una década resultó sobreseído al determinarse que actuó en legítima defensa. Pero su intervención de unos instantes le acarreó unos costos que nadie en su lugar termina jamás de pagar. Estas cosas irreparables suelen suceden cuando alguien no preparado para reprimir un delito se pone en ese lugar. Decirlo no es justificar la ofensa previa sino detenerse en la pesada obviedad de lo ocurrido.

El caso ocurrido en Fisherton hace diez días, cuando un joven de 25 años persiguió en su camioneta y causó la muerte de dos ladrones que le robaron una mochila con dinero, trae la resonancia de tantos otros donde se discuten nociones y valores cruzados de emocionalidad. Legítima defensa ante un robo, justicia por mano propia, reacción proporcional, reacción desmedida, son todas ideas que cruzan los debates de una sociedad fatigada por el delito urbano pero que también sabe que tolerar la intervención privada para reparar un agravio lleva a la ley de la selva. A cosas como matar al propio hijo.

Es para esto que las instituciones de la modernidad sacaron de las manos del ciudadano la posibilidad de resolver un conflicto privado. Aunque la policía tarde en llegar o no gusten la decisiones judiciales el Estado es el que aplica la ley y traza el límite de lo aceptable. Si eso no pasa se rompe el orden simbólico que permite vivir en comunidad. Todo esto lo sabemos pero igualmente frente a casos como el de Fisherton la emotividad extrema reaparece.

Hay dos planteos disonantes que llegan desde campos ideológicos diversos. Uno dice muy fuertemente que los ladrones se la buscaron al ponerle un arma en la cabeza a alguien para arrebatarle dinero. El otro indica que la supresión de la vida es imposible de ser equiparada al robo de un maletín y que eso merece la mayor severidad. Esas dos versiones resuelven el problema muy rápidamente pero en este caso dificultan ver el hecho. En el medio todos damos por cerrado algo que acaba de pasar por hacer prevalecer nuestros presupuestos ideológicos.

El fiscal del caso eligió una figura de homicidio simple para imputar a Diego C, el conductor de la camioneta. Entre las evidencias recogidas toma para esa imputación un video que registra al conductor manejando en la vereda hasta que se produce el choque con resultado mortal para los dos asaltantes. El juez dijo al dejarlo preso por 60 días que alguien que maneja un vehículo así no podría haber tenido otra intención que causar la muerte.

Desde la cosmovisión con que se escribe este texto domina la idea de que es gravísimo que alguien pueda hacer justicia por mano propia o que una resolución judicial tolerante habilite la venganza privada. ¿Pero fue eso lo que hizo Diego C.? Al menos en esta instancia preliminar, donde hay prueba decisiva por producirse, para muchos que participan de aquella idea esto no puede decirse. Y solo por los elementos del legajo –no por cuestiones ideológicas o de pretender favorecer o perjudicar intereses– la proyección del caso hoy hace ver que muy difícilmente se logre una condena por homicidio simple, es decir, por una muerte provocada por voluntad deliberada.

El debate se centra en si opera o no en favor de Diego C. el permiso que da el Derecho de defenderse de una manera justificable cuando se sufre una conducta ilegítima. Si fue un medio razonable proporcional y necesario. Si no hubo legítima defensa o si comprendió lo que hacía. Nada de esto todavía era definible cuando se fue a la audiencia que lo dejó preso.

La persona acusada no es alguien de quien un segundo antes de ser sorprendida por ladrones pudiera pensarse que iba a salir a matar a alguien. Algunos elementos operan en su favor objetivamente. Más allá de que para el campo del análisis penal haya dos secuencias diferenciables (el asalto/las muertes) existe una relación de inmediatez entre el robo probado que sufre el conductor y la acción que despliega él para perseguir a quienes lo robaron. Hay testigos que observaron que lo hicieron agachar y le apuntaron con un arma. Luego está la desbocada persecución por siete cuadras que termina con la muerte de los dos jóvenes ladrones.

El video presentado en la audiencia es impresionante. ¿Pero qué prueba? ¿Necesariamente que había una determinación encaminada a matar? Será discutible. Si lo que se atribuye es puro cálculo de inferir daño o muerte lo más probable es que quien sube a una vereda con un vehículo ancho se cause daño a sí mismo más que a terceros. De hecho terminó estrellado contra un árbol. Voluntad hubo. Pero quien persigue a alguien en dominio de estabilidad emocional, ¿lo hace a toda velocidad por arriba de una vereda? Obviamente sin persecución no hay muertes. Tampoco hay persecución sin robo.

El fiscal tenía un hombre sin antecedentes penales, al que acababan de apuntarle a la cabeza con un arma encontrada, que se presentó detenido. El caso tenía dos personas muertas pero no evidencia concluyente de homicidio simple. No podía ser probado peligro de fuga ni entorpecimiento probatorio. Se podían imponer restricciones como el secuestro del dinero, el embargo de sus cuentas bancarias, una fianza alta para asegurarse su sujeción al proceso penal, una prisión domiciliaria.

No obstante el fiscal optó por la figura del homicidio simple que será ardua de probar y el juez avaló la prisión de Diego C. Se lo podrá entender al fiscal desde el lugar de que haya querido sentar la idea de que ninguna acción individual puede suplantar la acción del Estado para reprimir un robo. Pero de vuelta. ¿Fue eso lo que hizo el acusado? ¿Quiso ir a matar o quiso recuperar ante la agresión, acaso en un colapso emotivo, lo que era suyo? Otro punto es que en general por casos menos graves se impone prisión preliminar. La selectividad culturalmente instalada genera miradas o tratos diferentes según la pertenencia social del acusado de un hecho. El fiscal honorablemente no quiso transitar esa distinción. ¿Pero tiene un caso para obtener una pena de ocho a 25 años?

La respuesta personal es que, salvo que incorpore nueva evidencia, no parece. Y que sí tenía alternativas que tampoco suponen ser concesivo al clamor de allegados a Diego C. Hay horribles mensajes racistas y ofensivos de parte de quienes pedían que el conductor no quedara preso. Pero también es cierto que una zona fuerte de esa demanda es un reclamo de protección, no un llamado a armarse sino un pedido de cuidado dirigido al Estado.

Suele pensarse que la emoción violenta es la coartada que ofrece la ley para justificar una conducta prohibida. Pero tampoco se puede no dar dimensión al acto previo o convertirlo en un detalle más del caso. Será arduo determinar si en el momento en que seguía a sus ladrones Diego C. discernía con claridad lo que estaba haciendo. En el informe los médicos dicen que no tiene rasgos para comportarse así pero que según él pudo el asalto pudo ser posible desencadenante. Algo que aún no nos aclara nada.

El psicólogo forense Jorge Degano remarca que hechos violentos como estos producen un fuerte desorden en la trama social. “Tanto el robo como la persecución y muerte tienen que ser reparados. Y la acción pacificadora tiene que ser con la confirmación de la presencia del sistema legal en este caso”, observa.

El especialista no opina del caso de Fisherton porque no tiene elementos. Pero le tocó trabajar en otros con semejanzas. Y señala que el desafío que tiene el orden jurídico es discernir qué clase de persona es la que fue llevada ante el juez. “Muchas veces encontramos en la clínica que esos actos que motivan la reacción violenta no reflejan la verdadera naturaleza de la persona. Que incluso se asombra o sufre o le cuesta reconocer ese acto como propio. No hablo de este caso”, subraya.

En sucesos como estos nunca habrá una solución penal que conforme a todos. Lo mismo vale para esta nota. Este hecho está atravesado por múltiples interpretaciones pero también por pasiones. Debe marcarse el límite simbólico y legal: no se puede salir a matar a alguien que robó, el ciudadano no es policía, ni juez que aplica sentencia, ni verdugo que la ejecuta. Pero dicho esto debe ponerse el caso concreto en el centro, determinarse la culpabilidad del acusado y si fue su decisión causar dos muertes.

Otro punto central es seguramente el déficit de esta nota. Que no habla de los usos deplorables de la emocionalidad de estos casos donde algunos políticos ven el río revuelto para pescar algún voto. Y que tampoco enfatiza en que hay dos muertos, Diego Nicolás Quiroga García y Luciano Escudero, a los que sus lazos con el delito convierten en personajes secundarios o anecdóticos. Como dice Gabriel Kessler en su libro “Muertes que importan”, estas vidas que terminan en estas muertes tienen una historia sumergida y marginalizada que no se convierte en problema público. Dos periodistas de este diario escribieron una admirable nota sacando de la invisibilidad a los padres de Diego. También ellos pedían protección, seguridad y mirada estatal que en la carencia de la zona de Ludueña donde viven no encuentran.

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