Todos contra la corrupción

La corrupción no se puede combatir de manera unilateral. La lucha por dar batalla la este flagelo debe tener varios "soldados". Además de un sólido marco legal, dos grandes pilares sin duda son el sector privado, y la sociedad misma.

El correlato de la corrupción en el sector público es el fraude que ocurre en el sector privado. Como especialista en investigaciones de fraude corporativo hace más de 20 años, he comprobado que la corrupción y la impunidad con la que se manejan los autores de los ilícitos dentro de las compañías están directamente relacionados al hecho de que esas personas y compañías operan en sociedades corruptas, o con alto grado de tolerancia a la corrupción.

Según la última edición del informe anual de Transparencia Internacional en el que se analiza el nivel de corrupción de 179 países, la Argentina ocupa el puesto 95, con una calificación de 36 puntos (en donde 100 corresponde a los países libres de corrupción y 0 refleja el puntaje de los más corruptos). Por su parte, Trace Matrix, una publicación especializada de similar tenor, realiza un informe bianual sobre los riesgos de corrupción y soborno aunque presenta una escala inversa definiendo a los más riesgosos con 100 y a los menos riesgosos con 0. En este ranking, Argentina recibe una puntuación de 69, entre los países de alto riesgo. Uno de los 4 parámetros claves de ese estudio —que se nutre de datos aportados por el Foro Económico Mundial, el Banco Mundial y las Naciones Unidas— está dado por la capacidad de las sociedades civiles de los países de vigilar y exponer la corrupción.

En este punto el ranking califica el grado de tolerancia a la corrupción de la sociedad civil de cada país. Y Argentina aparece bastante mejor que la puntuación global antes mencionada. A pesar de estos números favorables, los hechos están indicando otra cosa. Si efectivamente la sociedad civil del país mayoritariamente rechazara la corrupción, ya debería estar en vigencia un abanico legal acorde a los nuevos tiempos, como la ley que admite la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y una Ley del Arrepentido más efectiva.

Tanto en los países de Europa como de América aparecen en forma permanente casos en donde las propias empresas transnacionales declaran voluntariamente los potenciales casos de corrupción o se prestan a colaborar en procesos iniciados por la justicia, para reducir los costos de las sanciones por prácticas irregulares alrededor del mundo. También esas leyes modernas anticorrupción han sido adoptadas por los países vecinos como Brasil, Chile, Colombia y Perú, para sólo mencionar a los más notables.

Matías Nahon