Peiti

Todo el Senado bajo la luz del reflector y el valor de los gestos en la democracia

El debate que empieza en breve sobre el eventual desafuero del jefe de bloque del PJ pone a prueba el sentido corporativo de una institución y es un test sobre la confianza pública en ellas.

Viernes 18 de Diciembre de 2020

No se necesita haber ido cinco años a la Facultad de Derecho. Los elementos de convicción de un caso penal pueden ser evaluados por cualquiera. Por eso hay juicios por jurados. Porque ciudadanos comunes están en perfectas condiciones de distinguir en qué situación hay prueba y en qué situación no. En qué circunstancia una persona está razonablemente complicada en un caso o no hay evidencia suficiente. El sentido crítico es algo que no se adquiere en la academia. Está al alcance de cualquiera que tenga capacidad de reflexión y sentido de la responsabilidad.

Leonardo Peiti conversa con su mujer por teléfono en 2017. Ellos no saben que la línea está interceptada. Ella le dice. “¿Fuiste a San Lorenzo?” El responde: “Sí, ya fui. Lo vi al Pipi, le di lo que le tenía que dar y me volví”.

Hay un contexto explicado razonablemente donde funciona una estructura para cobrar dinero del juego ilegal, en el que dos fiscales garantizan a cambio de coimas la impunidad a personas que se mueven en la ilegalidad, y por eso están presos por decisión de un juez. Si Peiti dice en ese contexto que fue a San Lorenzo no da la impresión que haya ido al Campo de la Gloria a ver a los granaderos. Y si dice le dio algo a un tal Pipi, que coincide con el apodo de un senador que se reúne con los fiscales presos y con ese empresario de juego de manera reiterada por tres años, ese “algo” parece sugestivo, no en sí mismo, sino en el despliegue coherente de otros indicios y evidencia.

Peiti y su mujer hablan sin saber que los escuchan. ¿Deberían fingir para armar un complot? ¿Por qué mentirían? ¿Por qué lo harían tres años antes de que estalle esta historia?

También le avisa Peiti hace tres años a un amigo que va a pasar por una financiera a comprar unos dólares y que luego se reunirá en un bar en Córdoba y Dorrego con Traferri a las 15. Las pericias de antenas ubican luego a los teléfonos de ambos ese día en Córdoba y Dorrego a las 15.

En 2017 el secretario parlamentario del Senado es escuchado hablando con Peiti a quien le dice “tráeme plata”. Peiti le responde “No me hables más por teléfono que vamos a ir todos en…”. Esto pasa en la misma causa de un fiscal de Melincué donde investigan a Peiti por juego ilegal y aparece Traferri.

No es imprescindible ser experto en lógica proposicional para concluir que con mucho menos que esto un ciudadano común ya estaría imputado en un proceso penal sin arbitrariedad. Pero el Senado, con algunas posiciones matizadas, mantiene un cerrojo defensivo sobre uno de sus 19 miembros, con el argumento de que las pruebas que los fiscales les presentaron ayer no son contundentes.

En ese caso, ¿por qué no levantar la inmunidad al senador Traferri, dejar que un juez valore la entidad de esa prueba y confiar en que si es inconsistente obre en consecuencia? La respuesta defensiva es debido a que hay un complot. Algo que no puede esgrimir alguien que no tiene fueros para evitar que con esta carga probatoria lo lleven esposado a una audiencia.

El problema enorme que tiene un Senado devaluado es la distancia social entre sus integrantes y quienes los eligen. Es una crisis genérica de las instituciones: la de la legitimación política. Un problema que se profundiza cuando se advierten estas lógicas cerradamente corporativas de defenderse en base a un principio de fuerza bruta. “Yo tengo el poder de rechazar un juicio penal, yo lo ejerzo”.

La complicación adicional es que los fiscales que están acusados en este mismo hecho no tuvieron esa opción, dado que no manejaban esa inmunidad, y por eso están tras las rejas, vale repetirlo que por decisión de jueces. Y que en este caso se está hablando de financiamiento ilegal de las campañas políticas. Algo que debería animar a todos los senadores a lo contrario: exponer, persuadir, debatir, cuidar en el ágora la honra de que eso que se desliza no es así.

La democracia está hecha de gestos. Este régimen político que ha costado tanto conseguir viene arrinconado por la ruptura de sus promesas de origen, entre ellas, la de igualdad de los ciudadanos. En el país hay un 50 por ciento de pobres. A eso se agrega que los actores de un cuerpo potente pero minúsculo, 19 integrantes, pueden decidir que uno de ellos contra el que se presenta evidencia pública no debe ser tocado. Hay un papel estructurante de la desconfianza en la democracia basado en la convicción pública de la asimetría entre representantes y representados, que proviene de la formulación de un juicio de la sociedad civil sobre sus gobernantes y sus acciones. La sociedad en este tema está tomando la palabra. En este panorama de leso realismo, lo que tiene que decidir el Senado hoy equivale a la decisión de un cojo de darse un tiro en el pie, o de empezar a repuntar a partir de recobrar la confianza de los otros con el mensaje y el ejemplo. Nada de esto es un alegato antipolítico. Es precisamente la postulación de que la necesaria fe en la política no se recobra con gestos corporativos.

El senador Lisandro Enrico fue ayer, aunque hoy se abstendrá, principal defensor de no levantar la inmunidad en nombre de las garantías. Hace siete años este legislador hizo eje de su campaña en la presentación de un proyecto para reforzar salidas represivas contra acusados de delitos como es la prisión preventiva. Decía entonces que los jueces tienen las manos atadas por la doctrina que impide poner en prisión a imputados salvo que se pruebe que podían entorpecer el proceso. Postulaba la idea de mantener en la cárcel a la mayoría de imputados en un sistema donde la mitad de los presos no tenía condena.

En ese momento no había ningún senador públicamente sospechado de un delito, ni dos fiscales pidiendo someterlo a proceso, ni mostrando públicamente la evidencia.

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