Viernes 03 de Mayo de 2019

La crisis de confianza hacia las instituciones judiciales no se basan en un mito. No hay que remontarse a los gestos parciales de dos miembros del tribunal del caso de María Soledad Morales en Catamarca o la servilleta de Corach en los 90. Ahora mismo hay un proceso judicial en Dolores que muestra cómo algunos funcionarios de la Justicia y del gobierno se sirven de agentes de inteligencia para direccionar investigaciones fiscales, plantar testigos falsos o amenazar a personas para hacerlas declarar en determinada dirección. También se ve que en idéntica situación algunos imputados en casos de corrupción son liberados porque hablan y otros porque hablan quedan presos. Se promete la calle a los llamados "arrepentidos" si acusan a un adversario político o se se les anuncia el derecho a hacer silencio y permanecer encerrados.

En Santa Fe no trascienden ejemplos de tanta ordinariez pero hubo casos que abonaron esa erosión de la confianza. En la Justicia Federal las persecuciones por narcotráfico omitieron a actores evidentes de ese rubro. No hay condenas de empresarios detectados en evasión o delitos económicos. En la Justicia provincial nunca prosperaron casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos o policiales. La idea de impunidad no es, por tanto, una elaboración arbitraria.

Pero hay que separar paja de trigo. Acciones de selectividad que omiten acusaciones o demoran procesos con el efecto de proteger a responsables generan impunidad. Pero no puede llamarse impunidad a la falta de condena cuando fiscales que tienen la libertad de acusar no logran fundamentar en pruebas el caso que llevan a juicio. Es difícil de aceptar pero es lo que pasa con el juicio por la desaparición de Paula Perassi que terminó ayer.

La desaparición de esta mujer de San Lorenzo es una historia enloquecedora. Tiene dos hijos que no la vieron más, sigue desaparecida, nada se sabe de su destino. Su familia buscó una explicación institucional de los motivos de su ausencia. Los investigadores del caso armaron una explicación verosímil al respecto y varias personas estuvieron presas en base a ese relato. Pero al cabo de un juicio que duró un mes de audiencias los jueces, que son los encargados de valorar el proceso, y no de investigar, dijeron de modo unánime que la historia contada por los fiscales y los querellantes no estaba acompañada de ninguna prueba.

Verosímil no equivale a verdad. Y un proceso jurídico democrático no puede condenar a nadie sin evidencia certera. Nada más riguroso para definir inseguridad jurídica que declarar culpable a alguien sin pruebas. Estas cosas que parecen una abstracción dejan de serlo ante el caso concreto. En 1998 una veintena de ataques sexuales en el centro de Rosario produjeron miedo en la población e inquietud en las autoridades. A finales de ese año un joven llamado Leandro R. fue procesado por violación y privación de la libertad. Un juez lo encontró culpable y lo condenó a 7 años de prisión. Llevaba 14 meses preso cuando lo salvaron de la cárcel. No lo salvó la Justicia sino la confesión tras un ataque fallido del verdadero violador. Al defensor que siempre alegó por la inocencia de Leandro solo le creyeron cuando otro asumió la culpa. Por azar ese mismo abogado era ayer defensor de uno de los absueltos en el caso Perassi.

Algo como las violaciones de hace 20 años en el centro de Rosario puede producir estremecimiento. Pero la constatación de que algo ocurrió y nos conmueve no es suficiente para condenar a alguien. A veces no se puede acusar a alguien con pruebas porque esas pruebas no se obtienen. Si no se obtienen puede ser, también, porque el acusado no cometió el delito. Frente a una sociedad aterrada que pedía fin a la impunidad la Justicia condenó a Leandro. A pocos importó que no hubiera pruebas contra él. Recién se evaluó el costo al aparecer el verdadero culpable.

Lo inquietane es cómo con evidencia que al final se revela inexistente se detienen personas y se celebran juicios. Al ratificar la semana pasada la absolución de un inspector municipal, acusado por incumplir deberes en un bar en el que murió un músico por una descarga eléctrica, tres camaristas en forma unánime dijeron que el caso nunca debió haber llegado a juicio, precisamente por falta de pruebas. Los camaristas ordenaron investigar a los fiscales por apartarse de la objetividad. Pero también es cierto que hay una investigación preparatoria donde son jueces de garantías los que convalidan procesos donde, se sabe después, no había nada sólido para acusar.

Cada vez es más común que se someta a personas a prisión preventiva. En cada juicio se ventila el destrozo económico e íntimo que implica en el grupo familiar tener un pariente preso. Al que resulta absuelto no le importa la estadística: si es un 5, un 20 o un 30 por ciento los presos provisorios que luego no reciben condena. La presión social para que se esclarezcan situaciones tremendas debería implicar rigor en las investigaciones antes que llegar a juicio sin evidencia razonable de que haya condenas.

Hay motivos constatados que fundan la sensación de lejanía de la comunidad con el Poder Judicial. Los jueces que ayer absolvieron a los acusados por lo ocurrido con Paula Perassi no agregan uno más. Aunque sea difícil de percibir, al no hacer algo arbitrario, tienden un puente. La ilusión vital de los padres de Paula en este juicio era alcanzar, más que condenas, algún indicio de la suerte corrida por su hija. Imposible no acompañar con cabeza y corazón ese deseo de remover una angustia que crece a cada hora. Queda como discreta enseñanza que el alto costo de un proceso judicial con detenidos sin prueba no redunda en alivio para nadie. Lo que no implica renunciar, porque nada terminó, a las imprescindibles preguntas que nos lleven a encontrar a Paula.

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