Sobre embargos a contribuyentes

Mediante la resolución general 07/08 del 15 de mayo de 2008, la Administración Provincial de Impuestos (API) ha instrumentado embargos en las cuentas corrientes de los contribuyentes que ella estime necesario realizarlo. Dichos embargos se los desfigura bajo la denominación de retenciones o percepciones, lo cual resulta demostrativo de la ilicitud del procedimiento instaurado.

Invocando una adhesión al Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb) aprobado en 2004 por la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, se realizan ilegítimos embargos a los que se los disfraza bajo la apariencia de retenciones o percepciones. Ambos conceptos son diferentes. Las retenciones son las que realizan por imperio de la ley quienes intervienen en un negocio u operación y a quienes la ley los declara agentes de retención quienes deben retener en el momento del pago un importe para depositarlo en la administración. Dichas retenciones son realizadas a cuentas de determinados impuestos que el contribuyente podrá así descontar de su declaración jurada.

Percepciones son las que realiza también por imperio de la ley quien percibe un dinero en ocasión de un pago, el cual va destinado a la administración, a la que debe entregarlo en un plazo exiguo. Ambas se realizan con el necesario consentimiento del contribuyente que sabe que de no cumplirse con la ley no es posible realizar la operación. (art. 24 del Código Fiscal).

Absolutamente contrario es la figura del embargo, la cual permite a un acreedor solicitar a un juez del Poder Judicial que retire del comercio un bien de propiedad de otra persona y lo destine al pago de una deuda cuando esta se halle así declarada. El embargo puede recaer también sobre fondos bancarios procediendo la institución financiera en cumplimiento de una orden judicial a retirar una cantidad de dinero de una cuenta bancaria quitándole la disponibilidad de ese dinero a su titular. Pero es claro que los embargos son facultad exclusiva de los jueces y jamás de la administración pública ni de ningún otro acreedor. Será necesario una acción judicial necesariamente para que un juez de derecho ordene trabar un embargo sobre bienes del patrimonio de

otra persona.

El único fundamento que se le da a esta arbitraria e ilegítima resolución general que se utiliza diariamente es que la API debe "propender a la utilización de todos los mecanismos disponibles en materia de recaudación, de modo de dotar al sistema de eficiencia y eficacia". No dudamos que así debe proceder la API pero debe hacerlo dentro de la ley y ella no le otorga el derecho de obligar a las instituciones financieras, sean las de la ley 21526 u otras, a realizar verdaderos embargos, pues ellos son facultad exclusiva de los jueces que integran el Poder Judicial. Es más, las instituciones financieras no debieran cumplir una orden de embargo dada por la administración pública, pues la ley no las obliga a ello.

La resolución general de la API que analizamos resulta extorsiva, ilegítima e implica un avasallamiento al patrimonio del ciudadano retenido.

Se está así produciendo perjuicios importantes, al ordenar sorpresivamente la indisponibilidad de fondos en cuentas bancarias, aumentando la inseguridad jurídica indispensable para el funcionamiento de la economía, la producción de bienes y servicios y la pacífica convivencia ciudadana. Serán los jueces de derecho quienes debieran declararla nula esta norma ante la solicitud en tal sentido de cualquier contribuyente afectado. API deberá también responder por los daños y perjuicios que su accionar ilegítimo pudo

haber creado.

(*) Abogado