Opinión

Sobre el acuerdo Mercosur-UE

Bajo la lupa. Lo que garantiza el éxito de cualquier acuerdo comercial es la propia política de desarrollo nacional.

Viernes 05 de Julio de 2019

Lo primero que tenemos que hacer como país es ser inteligentes, como lo hacen los países desarrollados (donde hay poca ideologías en estos asuntos y muchos intereses). Lo podríamos resumir en "saber abrirnos al mundo, y también protegernos, porque hay asimetrías que son irreversibles".

Pero lo que garantiza el éxito de cualquier acuerdo comercial es la propia política de desarrollo nacional. Y la Argentina se debe hace mucho tiempo una política de desarrollo integral y sustentable de largo plazo.

Por lo tanto, no se puede discutir un modelo de desarrollo desde un acuerdo comercial. Nuestro país se debe, en paralelo, una política de desarrollo industrial que no tiene, no de ahora, sino desde hace décadas.

Mirando a un sector de la industria -no a todos-, la Argentina lleva tiempo sin crecer en términos de productividad, de competitividad, de mejora eficiente de su aparato productivo.

Por ello, pretender resolver esta debilidad desde un acuerdo comercial con un país o bloque de países es una falta de visión estratégica. Un país puede firmar malos o buenos acuerdos comerciales, pero lo que le garantiza el éxito a una Nación en el largo plazo es que tenga una política de desarrollo industrial.

La Argentina ha crecido y decrecido según los años, con o sin acuerdos comerciales, pero hemos transitado las últimas décadas sin un plan, sin habernos puesto de acuerdo qué queremos como país.

En ese punto, estoy proponiendo que pongamos la mirada en los temas estructurales del país. Los beneficios de los acuerdos comerciales vienen por añadidura, si somos capaces de resolver temas fundamentales como por ejemplo la competitividad sistémica e integral de la producción nacional.

Debemos establecer también que ser eficientes o conseguir mejoras tecnológicas debe ser una preocupación central para quienes creemos en el paradigma del desarrollo nacional. No podemos regalar la bandera de la competitividad a los mercados y a sus grandes jugadores. Lo que tenemos que lograr es mejorar el empleo en cantidad y calidad, articular cadenas de valor en los territorios, encadenamientos productivos, desarrollos regionales, innovación y extensión tecnológica, matriz energética, sustentabilidad ambiental, entre otros objetivos.

Por eso estoy proponiendo crear por Ley un Consejo Nacional de la Competitividad (Conacom), con un funcionamiento autárquico, federal, con presencia del sector científico, de la producción, que pueda impulsar y planificar el crecimiento sostenible, el desarrollo de cada región, la modernización de los bienes de capital (para dejar de ser dependientes de la importación de bienes intermedios), el acceso al crédito productivo, otra logística, potenciar la infraestructura productiva, la innovación, la transparencia en los mercados, en la determinación de precios, etcétera.

De lo contrario, si solo pensamos a los acuerdos comerciales como un atajo para resolver los problemas que no estamos resolviendo en el país en los últimos 30 años, se puede llegar a tener resultados desfavorables, ahún con acuerdos comerciales favorables. Entonces el problema no sería el acuerdo comercial en si mismo, sino la ausencia de un plan de desarrollo nacional.

El Conacom que propongo es un organismo descentralizado, con autarquía económica-financiera, técnica y administrativa cuyo objetivo fundamental es desarrollar políticas publicas que alienten la competitividad sistémica, innovación y productividad, con la participación institucional público privada, orientado al desarrollo económico nacional, regional, provincial y local.

Promueve que las provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituyan sus propios Consejos Provinciales de Competitividad sistémica, productividad e innovación, para darle un verdadero carácter federal.

Con la finalidad de financiar programas y proyectos emanados de los distintos consejos provinciales de competitividad, se destinará el 0,5 por ciento del total de los derechos de importación ad-valoren que recauda el Poder Ejecutivo Nacional, para no afectar ninguna gasto extra del presupuesto nacional.

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