Opinión

Sin necesidad, sin urgencia. ¿Cambiamos?

Alejandro Grandinetti

Lunes 22 de Enero de 2018

La tentación de gobernar por decreto no es nueva, es cierto, lo que sí es novedoso es que el actual gobierno propuso a los argentinos mejores instituciones y más República, y sin embargo ratificó el fallido del nombramiento en comisión de dos jueces de la Corte Suprema de Justicia con otro DNU. En este caso con la firma del presidente Mauricio Macri, en el decreto 27/18 que consta de 192 artículos divididos en 22 capítulos pretende inhabilitar al poder legislativo en su rol que asigna la Constitución Nacional.

Antes de ir al análisis del DNU algunas definiciones y antecedentes.

El 19 de mayo de 2010 el máximo tribunal de Justicia de nuestro país se expide en una causa donde se discutía la validez de un DNU firmado por el ex presidente Eduardo Duhalde, el 558 de 2002, que modificó la ley de entidades de seguros. Este decreto, sancionado durante la emergencia económica, fue objetado por la ONG Consumidores Argentinos, y fue declarado nulo por un juez, una Cámara y luego por la Corte.

El fallo de la Corte sostiene: "En el precedente "Verrocchi", esta Corte resolvió que para que el presidente de la Nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir, que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal, ó 2) que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de las leyes.

Es más, deja en claro que "cabe descartar de plano, como inequívoca premisa, los criterios de mera conveniencia del Poder Ejecutivo que, por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad, no justifican nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la Nación en circunstancias que no lo son. El texto de la Constitución Nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto". "La reforma constitucional tuvo por objetivo fijar rigurosos límites al Poder Ejecutivo en la materia con el objeto de establecer frenos formales al voluntarismo presidencial imperante con anterioridad a la reforma de 1994. El texto constitucional no hablita a concluir que la necesidad y urgencia del art. 99 inc. 3, sea la necesidad y la urgencia del Poder Ejecutivo en imponer su agenda, habitualmente de origen político circunstancial, sustituyendo al Congreso de la nación en el ejercicio de la actividad legislativa que le es propia".

Prosigue la Corte. "La facultades para dictar un DNU son admitidas en condiciones de rigurosa excepcionalidad para limitar y no para ampliar el sistema presidencialista" (considerandos 1 a 10). (Lorenzetti, Highton, Fayt, Maqueda, Zaffaroni y Argibay)

• Que los constituyentes de 1994, al resolver incorporar a la Constitución Nacional los Decretos de Necesidad y Urgencia, tuvieron en cuenta la sistemática extralimitación del ejercicio de tal facultad por parte de los titulares del Poder Ejecutivo y que su consecuencia había sido el debilitamiento del sistema republicano democrático.

• Que por esta razón, la finalidad de su regulación fue atenuar el sistema presidencialista, fortaleciendo el rol del Congreso y la mayor independencia del Poder Judicial.

• Que ello no puede ser cambiado, porque los constituyentes decidieron sujetarse a unos principios fundamentales para convivir en sociedad, pensados para que sean perdurables e inmunes a las tentaciones de cambiarlos frente a las previsibles mudanzas de opinión.

• Que el principio que organiza el funcionamiento del estatuto del poder es la división de funciones y el control recíproco.

• Que no caben dudas de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción a exigencias formales, que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país.

Esta advertencia al Ejecutivo de entonces, se produce a pocos meses del conflicto desatado cuando la ex presidenta firmó un DNU para la creación del Fondo del Bicentenario, con 6.569 millones de dólares provenientes de reservas del Banco Central, y otro para la posterior destitución del titular del Banco Central, Martín Redrado.

Lo interesante es la reacción de la oposición de entonces que acudió a la Justicia para frenar esos decretos.

Se recoge en uno de los diarios de más circulación del país un día después de la resolución de la Corte: "Tanto la Coalición Cívica (CC) como la UCR celebraron ayer el fallo de la Corte. El titular de la UCR, Ernesto Sanz, destacó que el Gobierno "ha tenido hasta acá un concepto equivocado" al usarlos como "vía habitual y no excepcional". Sería bueno saber que opinan ahora con un DNU de 192 artículos que afecta, directa o indirectamente, a los ministerios de Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Energía y Agroindustria, Anses (asimila el FGS a una entidad financiera), Banco Central y a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y modifica 29 leyes

Otro punto polémico del DNU es sobre las actividades portuarias. Se centraliza la habilitación de todos los puertos en el Ministerio en cuyo ámbito se encuadre la autoridad portuaria nacional (hoy Transporte) y se obliga a comunicar dicha decisión al Congreso dentro de los diez días hábiles.

Como se puede apreciar, un decreto de 192 artículos, que modifica a 29 leyes, más otros decretos, no resiste ninguna justificación de urgencia. También está claro que ya la Corte Suprema de Justicia dejó claro que la "necesidad" de un decreto no equivale a necesidad de imponer una agenda por parte del ejecutivo. Y que el DNU no es una variable a la ley como atajo. Para cumplir con lo prometido por el oficialismo de más República y más institucionalidad se debe respetar la Constitución y la división de poderes.

Pero de esta forma no, no hay necesidad, ni urgencia.

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