El Concejo Municipal de Rosario no deja de sorprender con proyectos de difícil, por no decir imposible, concreción. La idea de prohibir que bicicletas y monopatines eléctricos transiten por las calles donde hay carriles exclusivos para colectivos es uno de ellos.

En una ciudad donde estos rodados cruzan semáforos en rojo en forma permanente, pensar en impedirles circular por determinadas arterias parece una sinrazón. O, al menos, una iniciativa de cumplimiento cuasi nulo.

Si bien las bicis están incluidas en la ley de tránsito, se trata de vehículos que no pueden ser identificados, lo que imposibilita aplicarles una sanción a sus conductores o responsables por incumplir una norma. Jamás podría un simple inspector de tránsito hacerles una multa por infracción, salvo que el funcionario estuviera acompañado por la policía y que ésta detuviera a quien esté al mando del rodado.

Bicicletas: muy compleja y costosa sanción

Se trataría entonces de un mecanismo de sanción muy complejo y que acarrearía una enorme inversión de recursos y herramientas del Estado, más aún cuando los agentes de seguridad son prioritarios en otro tipo de delitos. En este caso, los uniformados tendrían que colaborar con los empleados municipales, estando presentes.

El concejal Federico Lifschitz, autor del proyecto, indica en el texto correspondiente que será “la Municipalidad la que determine la autoridad de aplicación de la medida para llevar adelante controles y fiscalización”.

No obstante, parece una decisión sujeta sólo a la buena predisposición de los ciclistas que, a juzgar por su comportamiento vial, no suelen ser empáticos con las normas.

Aunque no hay lugar a dudas de que el espíritu de la ordenanza es altruista en virtud de impedir situaciones riesgosas (hay un factor de peligrosidad en la convivencia entre autos particulares, bicicletas y monopatines eléctricos en un único carril, dijo Lifschitz), pareciera más demagógica y de impacto mediático que otra cosa.

Por eso, es menester analizar todas las variables y las verdaderas posibilidades de implementación antes de presentar una idea de manera oficial y, paralelamente, movilizar resortes humanos y económicos que es preferible ahorrar en tiempos complejos.