Seguros: una condena que no fue justa

Reflexiones, por Juan Manuel del Cerro. En el pasado mes de agosto, su publicó en La Capital la noticia de un fallo judicial dictado por el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual N° 6 de la ciudad de Rosario, dando cuenta de que se había extendido la condena a la compañía aseguradora citada en garantía pese a que la cobertura contratada por el demandado se hallaba suspendida...
26 de septiembre 2011 · 01:00hs

En el pasado mes de agosto, su publicó en La Capital la noticia de un fallo judicial dictado por el Tribunal Colegiado de Responsabilidad Extracontractual N° 6 de la ciudad de Rosario, dando cuenta de que se había extendido la condena a la compañía aseguradora citada en garantía pese a que la cobertura contratada por el demandado se hallaba suspendida al momento del siniestro con motivo de la falta de pago de la prima del seguro.

Habiendo efectuado un detenido análisis del fallo, debo decir que disiento con la solución adoptada por los distinguidos vocales del tribunal colegiado entendiendo que la misma, pese al esfuerzo argumental ensayado y a los loables principios de derecho meritados, padece serios defectos de fundamentación que la tornan arbitraria, al no constituir una derivación razonada del derecho vigente con relación a los hechos y circunstancias comprobadas de la causa, no satisfaciendo así el derecho a la jurisdicción consagrado en nuestra Constitución nacional.

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A los fines de fundar la extensión de la condena a la aseguradora, el Tribunal ha realizado una interpretación irrazonable de las normas que integran el denominado "Estatuto del Consumidor", conformado principalmente por el artículo 42 de la Constitución nacional, la ley 24.240 y sus modificatorias, haciendo el Tribunal particular hincapié en la reforma introducida en el año 2008 por la ley 26.361.-

Llama la atención que el Tribunal haya omitido toda referencia al precedente dictado en fecha 22 de febrero de 2011 en la causa "/Recurso de Hecho deducido por La Economía Comercial SA Compañía de Seguros Generales (citada en garantía) en la causa Ardiles, Feliciana Haydée c/ Nuevo Ideal S.A. s/ daños y perjuicios" (A. 685. XLV.)/. En este caso, la Corte hizo lugar al recurso de queja interpuesto por la aseguradora condenada y, remitiéndose a sus precedentes, dijo: "/los agravios de la recurrente remiten al examen de cuestiones sustancialmente análogas a las examinadas por el Tribunal en Fallos: 329:3054 y 3488; 330:3483; 331:379, y en las causas O.166.XLIII "Obarrio, María Pía c/ Microómnibus Norte S.A. y otros" y G.327.XLIII "Gauna, Agustín y su acumulado c/ La Economía Comercial SA de Seguros Generales y otro", sentencias del 4 de marzo de 2008, cuyas consideraciones se dan por reproducidas. Por ello, resultando inoficioso que dictamine el señor procurador general, con el alcance indicado y sin que sea necesario examinar otros planteos efectuados por la recurrente, se declara procedente la queja, formalmente admisible el recurso extraordinario y se revoca la decisión apelada. En consecuencia, corresponde admitir que la franquicia prevista en el contrato de seguro es oponible al tercero damnificado y que la sentencia no podrá ser ejecutada contra la aseguradora sino en los límites de la contratación …/".

Este precedente de la Corte dictado este mismo año 2011 y como tal dictado en fecha largamente posterior a la entrada en vigencia de la reforma introducida a la ley de defensa del consumidor por la ley 26.361 (2008), por un lado, echa por tierra el argumento ensayado por el Tribunal respecto de que los precedentes dictados por la Corte en materia de oponibilidad de las franquicias a los terceros damnificados eran anteriores a la ley 26.361 y por ello esta última norma no había sido considerada por la Corte y, por el otro, pone de manifiesto que nuestro prestigioso y probo alto tribunal no modificó un ápice su jurisprudencia en la materia pese a la innovación legislativa ("/nuevo basamento normativo/" dice el tribunal colegiado) incorporada por la ley 26.361.-

Entiendo también que resulta reprochable que el tribunal colegiado haya omitido toda referencia a los precedentes de la Corte que guardan con la presente causa relación de identidad, como son los casos "Vasena Marengo, José F. y otra c. Rodríguez, Jorge M. y otra" (CS 28/09/2004) y "Recurso de hecho deducido por la Federación Patronal Cooperativa de Seguros Limitada (citada en garantía) en la causa Yegros, Abel Baltazar c/ Tornal S.A. y otro" (CS 19.04.1999), ambos posteriores a la reforma constitucional del año 1994 que otorgó en su artículo 42 rango constitucional al derecho del consumidor y a la sanción de la ley 24.240 ocurrida en el año 1993. En "Vasena Marengo" sentó como doctrina que "/Toda vez que se tuvo por demostrada la existencia de una cláusula de cobranza del premio y al tiempo de la ocurrencia del siniestro la demandada estaba incursa en la situación de mora en el pago de la prima allí prevista, no hay razón legal, ni contractual para hacer extensiva a la aseguradora la responsabilidad por el siniestro./".

En "Yegros" nuestro alto tribunal sostuvo: "/5°) Que, en efecto, conforme con la ley 17.418, el asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad prevista en el contrato. En virtud de ello, las obligaciones que se atribuyan al asegurador no deben serle impuestas más allá de los términos pactados en la póliza, pues la misma ley establece que el contrato es la fuente de sus obligaciones, y en dicho instrumento se determinan los alcances y límites de la garantía debida (Fallos: 319:3489). 6°) Que, si el a quo tuvo por demostrada la existencia de la cláusula de cobranza de premio y, al tiempo de la ocurrencia del siniestro, la demandada estaba incursa en la situación allí prevista de mora en el pago de la prima (prueba pericial contable fs. 129/132 y 242/243), no hay razón legal ni contractual para hacer extensiva a la aseguradora la responsabilidad por el siniestro reclamado en autos. 7°) Que, por tanto, la referencia del tribunal a la inoponibilidad de las condiciones estipuladas frente al tercero beneficiario, no constituye fundamento válido para excluir la aplicación de las cláusulas pactadas en el contrato de seguro. Importa establecer una restricción indebida al ejercicio de los derechos, con desconocimiento de la vigencia del régimen específico que, además de regular la ejecución de la sentencia contra el asegurador "en la medida del seguro", le permite a éste oponer las defensas nacidas antes del siniestro, como la invocada por la recurrente. En tales condiciones, corresponde declarar procedente el recurso extraordinario e invalidar lo resuelto, pues media relación directa e inmediata entre lo decidido y las garantías constitucionales que se dicen vulneradas (art. 15 de la ley 48)".

Sin duda el tribunal colegiado de Rosario debió considerar estos precedentes de la Corte, demostrar su injusticia y luego formular su argumentación jurídica en contrario. No lo hizo.

El fallo en comentario desconoce el funcionamiento e interacción recíproca de obligaciones esenciales del contrato de seguro, como lo es la obligación esencial a cargo del asegurado de pagar en tiempo propio las primas de seguro y la lógica consecuencia jurídica que se deriva de su incumplimiento, esto es, la suspensión de la cobertura por falta de pago.

Tampoco hizo alusión alguna el Tribunal a las consecuencias seriamente perjudiciales que se derivarán para el interés general involucrado en la actividad aseguradora de seguirse la doctrina del fallo pues, los asegurados, muy probablemente se sentirán relevados de cumplir en tiempo y forma la obligación de pago de la prima a su cargo atento que, en definitiva, de ocurrir el siniestro estando aquél en mora, su aseguradora igualmente deberá hacerse cargo de la cobertura. Esta falta de pago repercutirá directamente en el fondo de primas que forman las aseguradoras para hacer frente a los siniestros de sus asegurados y, más pronto que tarde, podremos encontrarnos con aseguradoras imposibilitadas de hacer frente a los siniestros; con asegurados "sin seguro" por el colapso de sus aseguradoras y, por último, con víctimas privadas de su derecho a la reparación. Ello demuestra que una solución que pretende aparecer justa, coloca en serio riesgo a todos los actores involucrados en la actividad aseguradora y, principalmente, vaya paradoja, a los consumidores y víctimas que se quiere proteger.

Así también, no encuentro razonable -no se formula una explicación adecuada- la decisión del tribunal que, por un lado, reconoce que la disposición legal del artículo 31 de la ley de seguros que autoriza al asegurador a suspender la cobertura por falta de pago es legítima y como tal oponible al asegurado (a la sazón auténtico consumidor del contrato de seguro) y, seguidamente, concluye que la misma disposición legal -incorporada al contrato de seguro- resulta inoponible a la víctima, quien también es considerada por el Tribunal como consumidora al estar expuesta a una relación de consumo. Fundar dicha distinción en la ley de defensa del consumidor resulta, entiendo, insuficiente e inapropiada pues no existe ninguna norma ni principio en dicho cuerpo legal que amerite la descalificación de la referida disposición legal que consagra un derecho esencial, justo y equitativo de los aseguradores, cual es suspender su obligación principal -mantener indemne a su asegurado en los términos del contrato- en el supuesto de que el asegurado previamente incumpla la principal y esencial obligación a su cargo, esto es, el pago de la prima en el plazo establecido. En efecto, no puede afirmarse que dicha disposición legal resulte abusiva y/o que la misma desnaturalice la obligación del asegurador y/o que restrinja irrazonablemente los derechos del consumidor ni mucho menos que la misma sea justa y oponible al consumidor contratante e inoponible al consumidor expuesto al contrato de seguro.

Por último, no resulta atinado el razonamiento del tribunal al sostener que si la aseguradora optó por mantener con vida el contrato y cobrar las primas, "no es justo que la falta de pago sea oponible a la víctima" por cuanto, por una parte, no brinda explicación alguna acerca de cuál es el reproche o descalificación legal que merece la conducta cumplida por la aseguradora al obrar como lo hizo y, por la otra, resulta una verdad incontrastable que si la aseguradora hubiera extinguido el contrato, la situación de la víctima en nada habría mejorado, al estar extinguido el contrato de seguro al momento del accidente. En adición a ello, cabe traer a colación que el ejercicio regular de un derecho no puede constituir como ilícito ningún acto y que, en la especie, el principio de autonomía de la voluntad autoriza a los contrayentes a establecer con amplia libertad sus derechos y obligaciones con la única limitación que su acuerdo no sea contrario a las leyes de orden público, a la moral y a las buenas costumbres.

El estándar constitucional que ostenta el derecho del consumidor en modo alguno autoriza a conculcar el derecho de propiedad y el derecho a la jurisdicción de la compañía aseguradora, ambos de igual rango y merecedores de la misma protección por los tribunales de justicia. Ninguno de los loables principios de derecho abordados por el distinguido tribunal, los que comparto por supuesto, autorizan, en mi opinión, a extender la condena a la aseguradora citada en garantía.

Para finalizar, a todo evento, aclaro que no defiendo ni soy asesor legal de compañías de seguros y que soy un entusiasta defensor de los derechos de los consumidores.

(*) Abogado

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