Opinión

Salario docente y cláusula gatillo

La mirada gremial. El gobierno de Santa Fe debe demostrar en los hechos sus palabras en favor de la educación pública y su voluntad de defender el salario de los docentes

Sábado 25 de Agosto de 2018

De ningún salario se habla tanto como del salario docente. Cada año la pelea por defender y recomponer nuestro salario instala un debate gremio/gobierno en el que también participan "opinólogos" varios y buena parte de la población.

El tema no es menor: la marcha de la educación afecta de manera directa a la gran mayoría de las familias santafesinas. Pero no únicamente los días de huelga, sino todos y cada uno de los días del año. El pago a los docentes repercute en la labor cotidiana en las escuelas y en los aprendizajes de nuestros niños y jóvenes. Inevitablemente, en muchos casos los bajos salarios vienen acompañados de sobreacumulación de trabajos, estrés laboral, escaso tiempo para formación y preparación de clases, etcétera.

El logro de un salario mínimo y vital que, tal cual establece la Constitución Nacional, permita cubrir el conjunto de las necesidades de la familia del trabajador (lo que comúnmente se conoce como "canasta familiar") sigue siendo una tarea pendiente de la lucha docente.

Para el gobierno provincial la discusión es de suma importancia. Frente a un gobierno nacional "sin escuelas" y que ni siquiera aparece dispuesto a cumplir con la ley que establece la obligatoriedad de la paritaria nacional docente, la discusión y prácticamente la totalidad de los fondos son asunto de cada provincia.

En prácticamente todos los presupuestos provinciales el Ministerio de Educación se lleva el porcentaje más elevado. Santa Fe no es la excepción, pero vale destacar que en los últimos años el porcentaje correspondiente a educación viene descendiendo de manera notoria en nuestra provincia: así, pasó de superar el 35 por ciento en el año 2013 a rodear el 30 por ciento en la actualidad. Una baja muy significativa que sin dudas repercute en los salarios de maestros y profesores y en muchas otras carencias del sistema educativo.

El gatillo

No fue sencilla la discusión salarial de comienzos de año. Alta inflación y "ajuste" hacen la combinación perfecta para empujar hacia abajo el poder adquisitivo de los salarios. La voluntad del gobierno nacional de imponer un techo del 15 por ciento a las discusiones paritarias fue la expresión clara de una política que busca que, una vez más, seamos los trabajadores los que paguemos el costo de la crisis.

El gobernador Miguel Lifschitz jugó a diferenciarse, pero no mucho. En la mesa paritaria se habló más de defender el poder adquisitivo (ya de por sí muy bajo) que de una necesaria recomposición. La oferta final del gobierno —para los docentes y el conjunto de los estatales— fue de un 17 por ciento de aumento real en dos tramos: marzo y agosto. Hablamos de aumentos promedio y decimos 17 por ciento y no 18 por ciento porque el gobierno toma la referencia del salario de finales del 2017 antes de aplicarle el 1,1 por ciento que faltaba para compensar la inflación de ese año.

Además, incorporó la "cláusula gatillo" como un mecanismo que permitiera seguir los avances de la inflación. La teoría es que cada aumento de los precios generales "dispara" automáticamente un aumento equivalente de los salarios. Pero algo no funcionó y nuestros ingresos se deterioran. La cláusula gatillo se aplica tarde y mal y eso lo sentimos inevitablemente en nuestros bolsillos.

Veamos lo que pasa en estos meses: en agosto cobramos el salario de julio. Este salario (ya con la primera aplicación de la cláusula gatillo) tiene un aumento real promedio del 11,8 por ciento, pero los precios aumentaron —según el propio IPEC — un 19,8 por ciento. ¡Se activó la cláusula gatillo, pero perdimos 8 puntos!

El mes próximo, en septiembre, cobraremos el segundo escalón del aumento, es decir llegaremos al 17 por ciento prometido, pero el 3,5 por ciento de inflación proyectado para agosto hará que el aumento de precios en los 8 primeros meses llegue al 24 por ciento. Es decir que habremos perdido un 7 por ciento.

La explicación es sencilla. Con una inflación alta y creciente, la aplicación demorada de los ajustes de salario impacta de manera claramente negativa en nuestros ingresos.

Es obvio que el gobierno sabe estas cosas mejor que nosotros. Ir por detrás de la inflación entre un 4 por ciento y un 8 por ciento según los meses hace que en el año la pérdida aproximada sea de dos terceras partes de un salario mensual.

Esto es lo que venimos denunciando. Esto es lo que no podemos aceptar.

Los docentes, y el conjunto de los trabajadores, no estamos dispuestos a seguir pagando los costos de una crisis que no generamos.

El gobernador Lifschitz debe demostrar en los hechos sus palabras en favor de la educación pública y su voluntad de defender el salario de los docentes.

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