Con el gobernador Miguel Lifschitz afuera del país, dos de los tres poderes (Ejecutivo y Judicial) del Estado santafesino quedaron envueltos en una crisis de todos contra todos, y con un estofado que huele mal, muy mal.
Debe decirse desde el vamos: la decisión de escuchar las conversaciones del ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, es de una gravedad difícil de equiparar desde 1983 hasta ahora. Salvo que haya habido presunciones severas de que Pullaro estaba gravemente involucrado en el caso de las horas extras de la policía, nada debe llevar a pincharle el teléfono a quien debe estar todo el tiempo decidiendo y resolviendo causas sobre la vida y la libertad de las personas. Al margen de su propia intimidad. La de Pullaro y la de todos.
También el lector debe interiorizarse de una cuestión clave. Ya había escuchas disponibles, con las transcripciones de rigor, al menos diez días antes de las elecciones del 22 de octubre. Incluso, dirigentes políticos de la oposición al gobierno del Frente Progresista tuvieron acceso a ellas. O sabían de su existencia.
Dicho esto, aparece una cuestión primaria y urgente sobre el contexto: el caso debe aclararse rápidamente. Funcionarios del gobierno dicen que Pullaro reiteradamente les comentaba su sorpresa por cómo se frustraban operativos e investigaciones de la propia policía, o cómo trascendían diálogos suyos por la reforma policial. "A veces pareciera como que tenemos algún teléfono pinchado", les dijo el ministro a algunos habitantes de la Gobernación.
En paralelo a la aparición del caso, previo a las elecciones de octubre, se comentaba en los pasillos de la política santafesina que Pullaro se iba a alejar del cargo, que ese lugar sería ocupado por Pablo Farías, actual ministro de Gobierno, y que a la cartera política regresaría Rubén Galassi. En ese momento, los voceros del gobernador desarticularon las especies: "Es una operación política de los sectores exonerados de la policía y del peronismo". Hoy dicen lo mismo.
Pullaro fue ratificado en el cargo vía WhatsApp por Lifschitz, y goza de un amplio apoyo en todos los sectores del Frente Progresista, incluso del presidente de la UCR, Julián Galdeano, quien milita nacionalmente en Cambiemos. La clave es el rumbo que tomen las denuncias que hizo Pullaro, una penal y otra administrativa. Si al final del camino se comprueba que hubo una estafa procesal y que el juez de la causa fue engañado por los fiscales, éstos no sólo deberán ser echados del Poder Judicial, sino que deberían pagar alguna condena.
Por lo pronto, el que dijo que "el juez fue engañado" y que "existió una estafa procesal" fue el ministro de Justicia de la provincia, Ricardo Silberstein. ¿Si esto no es una crisis entre poderes del Estado, la crisis dónde está?
Pero a la hora del análisis político, hay que decir que se trata de un ladrillo más en la pared de una relación tormentosa entre los gobiernos del Frente Progresista, la Justicia y la policía. De tan repetida, se torna intolerable, cansadora. Vienen a salto de mata desde el mismo momento en que Hermes Binner asumió la Gobernación. "No son todos los policías ni es todo el Poder Judicial. Son los policías, los fiscales y algunos jueces que se niegan a aceptar que las cosas cambiaron", dice un protagonista central del planillero oficialista.
Esa tensión permanente, esa pelea para ver quién la tiene más larga, es lo que tuvo su último capítulo por estas horas. Anoche, el ministro Pullaro le dijo a este diario: "Voy a ir hasta el final contra las mafias y los sectores oscuros desplazados de la policía provincial. Voy a ir hasta el final. Fue sumamente grave lo que paso".
Hasta tal punto fue grave que el propio juez Nicolás Falkenberg explicó que "en ningún momento" se le informó que entre los números que se lo solicitaron intervenir estaba el del ministro de Seguridad. Sin embargo, una de las conversaciones comienza con un "hola, ministro".
Pullaro es un ministro muy valorado adentro del oficialismo y, si tomara la decisión de irse, a Lifschitz le costaría mucho encontrar un reemplazante a la altura de las circunstancias. En tanto y en cuanto, los índices de seguridad sigan mejorando este episodio perderá espesor, pero lo imperioso es que se esclarezca.
En otro orden, Lifschitz regresará hoy desde Estados Unidos en el mismo avión que el presidente Mauricio Macri. El gobernador irá a la reunión con el resto de los gobernadores, tratando de planear entre el buen trato con Macri durante estos días y cierto malestar del resto de los mandatarios por lo que se les viene a las provincias. Lifschitz y Juan Schiaretti mantuvieron largas charlas, mientras caminaban por las calles de Manhattan.
Por lo pronto, la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se reunió con el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, con foto para los medios incluida. Ese evento llenó de ira a Lifschitz, quien tuvo que verse hace semanas atrás con Lorenzetti en el más absoluto de los secretos, sin fotógrafo y sin comentarios.
La Corte Suprema debe decidir sobre el recurso que presentó Santa Fe para que el gobierno cumpla con la suma adeudada por coparticipación. En paralelo, Vidal quiere que le otorgue vía libre a nuevos fondos para el conurbano.
Por encima de todo eso, Macri les muestra a los gobernadores las tijeras que quiere que usen para bajar el gasto en las provincias. "Son raros estos muchachos. No pagan las deudas, piden que hagamos los ajustes y la gobernadora de ellos exige más y más guita para el conurbano", bramó un alto funcionario desde el otro lado de la línea.
Esto recién empieza.
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