Opinión

¿Reformas a la Justicia en tiempo de elecciones?

A destiempo. El Poder Ejecutivo nacional debería ser más prudente a la hora de proponer cambios que pueden confundir a la población y ofender a los jueces.

Viernes 30 de Agosto de 2019

Por estos días distintos medios periodísticos dieron a conocer la intención del actual ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, de evaluar la posibilidad de introducir reformas a la Justicia a raíz de un proyecto presentado por el Consejo Federal del Notariado, que pretende modificar para todo el territorio nacional la forma de celebración de los matrimonios civiles, divorcios, adopciones, sucesiones y prescripciones adquisitivas.

Este anteproyecto de "Ley de Jurisdicción Voluntaria" fue elaborado por el escribano Leandro Posteraro Sánchez y cuenta con el aval de la Comisión de Legislación del Consejo Federal del Notariado Argentino, vale decir: fue redactado por escribanos y revisado también por escribanos. Quiere decir que es una propuesta de reforma legislativa confeccionada y revisada por los mismos interesados, cuando —en realidad— sería deseable o recomendable que una reforma legislativa de tamaña magnitud e impacto social e institucional contara con un amplio consenso y minucioso estudio de sus efectos, cosa que no ha ocurrido hasta el momento. Es, sin dudas, el Ministerio de Justicia de la Nación el que debería conducirse con menos ligereza y mayor prudencia al opinar sobre la Justicia y sus posibles reformas.

Asuntos cuestionables

Resulta por lo menos cuestionable que el ministro Garavano esté valorando que los procesos sucesorios, las prescripciones adquisitivas, divorcios y adopciones se realicen en forma extrajudicial ante escribanos, en lugar de hacerse ante la autoridad y jurisdicción de un juez.

Garavano promete disminuir los tiempos y costos de la justicia, privatizando los procesos que serían derivados a los escribanos para que encarguen de llevar adelante "procesos de jurisdicción voluntaria" por fuera de la justicia ordinaria. Como funcionario y máxima autoridad gubernamental de la justicia, el ministro no debería desconocer que el proyecto que se le ha presentado adolece de falencias técnicas que lo tornarían inviable en la práctica y que no tardaría de ser tachado de inconstitucional ante cualquier tribunal del país.

La Constitución nacional es clara y determinante cuando en su artículo 18 establece que ningún habitante de la Nación puede ser juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Este texto legal de nuestra Carta Magna que claramente prohíbe que cualquier ciudadano pueda ser sustraído de la justicia ordinaria es el principal obstáculo de esta iniciativa que no tardará en fracasar si se insiste en su implementación.

La impericia técnica y contradicción con la Constitución, sumado al contexto eleccionario, nos obliga a reclamar al Poder Ejecutivo Nacional una actitud más responsable y prudente a la hora de realizar este tipo de anuncios que pueden generar confusión y falsas expectativas a la población, además de significar una ofensa para todos los jueces del Estado que ejercen correctamente su función y a los abogados que dignificamos nuestro rol indelegable de auxiliares de la Justicia en la defensa de los intereses de nuestros representados.

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