Opinión

Reforma constitucional y autonomía municipal

La Reforma de la Constitución de Santa Fe es, actualmente, un tema de agenda y debate por parte de las distintas fuerzas políticas y entidades de la sociedad civil de nuestra provincia.

Lunes 07 de Mayo de 2018

La Reforma de la Constitución de Santa Fe es, actualmente, un tema de agenda y debate por parte de las distintas fuerzas políticas y entidades de la sociedad civil de nuestra provincia. Es una deuda histórica y, a nuestro entender, resulta imperioso y oportuno poder llevarla adelante.

La Constitución provincial es nuestra ley fundamental, porque en ella se encuentran establecidos los derechos, obligaciones y garantías que tenemos todos los santafesinos. Esos derechos responden a los valores que en un momento determinado decidimos proteger y jerarquizar, entre ellos: el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la cultura, etcétera.

La Constitución vigente en Santa Fe se dictó en 1962 en un contexto histórico de gran inestabilidad política, en momentos en que estaban intervenidas las instituciones democráticas de la Nación y las provincias. Desde entonces la vida ha cambiado, y mucho. Tanto en el plano social, político, económico y en el modo de concebir la organización institucional. Nos debemos, entonces, una Constitución que responda a las necesidades de nuestros tiempos, que garantice nuevos derechos, que otorgue herramientas y mayor participación a los ciudadanos, y que conceda la autonomía a los municipios (legado de la Constitución nacional de 1994) con el fin de que éstos tengan mayor injerencia en el manejo de los recursos públicos, mayores competencias y más independencia sobre la prestación de servicios públicos municipales y sobre el ordenamiento territorial a nivel político e institucional de nuestra ciudad.

La autonomía municipal, que a nuestro entender se debe definir con rango constitucional, es también una deuda pendiente y de primer orden. Rosario continúa reclamando la instauración de la autonomía municipal luego de veinte años del reconocimiento de ésta en la Constitución Nacional reformada de 1994, la cual establece que las provincias dictan su propia Constitución asegurando la autonomía municipal y regulando su alcance y contenido.

En las últimas décadas, los gobiernos locales (municipios y comunas) han asumido nuevas responsabilidades, a partir de la provisión de servicios a sus habitantes tales como salud, educación, desarrollo económico, producción, medio ambiente. En este sentido, es necesario que adaptemos nuestro marco institucional y normativo a la realidad de nuestros tiempos.

La autonomía de los municipios, sin perjuicio de obstáculos y crecientes desafíos, constituye una oportunidad para los gobiernos locales en orden a la transformación de la sociedad con perfiles más democráticos, más solidarios, participativos e inclusivos. El municipio es un observador privilegiado de las necesidades de los habitantes, ya que se encuentra más cercano a los ciudadanos; sin embargo, su campo de acción es limitado. Abogamos, entonces, para que los municipios expandan su campo de acción, pues deben tener un papel fundamental como promotores de políticas activas y de desarrollo local, y para ello es necesaria la autonomía.

La autonomía municipal significa, en el aspecto institucional, el derecho de cada ciudad a la sanción de su propia Carta Orgánica (una especie de Constitución local). En el orden político, implicaría la potestad de elegir sus autoridades a partir de un régimen propio y a partir del análisis entre diferentes formas de gobierno local y distintos sistemas electorales. En cuanto al orden administrativo, importa la posibilidad por parte del municipio de la prestación de los servicios públicos y demás actos de gestión local sin interferencia de autoridad de otro orden de gobierno.

En último término, la autonomía de orden económico y financiero, implicaría poder contar con mayores recursos propios, así como administrarlos y gestionarlos sin tener que pedir "permiso" (por ejemplo, en el caso de la toma de crédito público) a otros niveles del Estado.

En concreto, la autonomía profundizará procesos de democratización, como en Rosario lo han sido, de manera embrionaria, la creación de los centros municipales de distrito o el presupuesto participativo; la autonomía posibilitará crear, por otra parte, una justicia de pequeñas causas que permita resolver los conflictos propiamente locales más rápido y eficazmente; permitirá asegurar un mayor y mejor control de sus gobernantes; posibilitará compartir recursos entre las localidades que se beneficien con servicios como educación y salud; facilitará compatibilizar la facultad de recaudar impuestos como el inmobiliario y la patente automotor, disminuyendo desigualdades; logrará dar mayor injerencia y participación en el diseño e implementación de políticas de seguridad ciudadana y comunitaria.

En definitiva, Rosario aspira a regirse por sus propias normas e instituciones de gobierno y a decidir por sí mismo respecto de los asuntos que le son propios, sosteniendo siempre su tradición de participación ciudadana. Queremos definir libremente la ciudad que queremos, necesitamos y merecemos para el bienestar de todos.

Invitamos a todos los rosarinos a sumarse al debate y seguir construyendo juntos el camino que nos conduzca a lograr la autonomía para nuestra ciudad.

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