La locura política instalada en la Argentina desde hace tiempo no encuentra un techo, ni siquiera en medio de una pandemia que transcurre su segunda ola con altísima cantidad de casos y muertes.

Desde el propio Frente de Todos, liderado por el kirchnerismo más ortodoxo, le exigen al presidente Alberto Fernández acciones políticas que ni siquiera en las dos administraciones de Cristina Fernández ni en la de Néstor Kirchner se motorizaron. La reforma judicial y la estatización de la hidrovía, entre otras. Y, últimamente, la suspensión de pagos al FMI y al Club de París. El gobierno de Alberto Fernández, sin embargo, sí logró obtener consenso legislativo para aprobar las leyes de aborto y de reforma del impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores, cosa que no pudieron o no quisieron hacer sus antecesores.

Con “fuego amigo” el gobierno se ve presionado por la línea política más dura e inflexible del peronismo que no admite dilaciones en sus proyectos ni siquiera en este catastrófico marco sanitario. Pero tras doce años de kirchnerismo el nivel de pobreza en la Argentina siguió siendo muy alto y pese a que el macrismo empeoró todos los indicadores, inflación, pobreza y deuda externa incluidos, no hubo ningún resultado absolutamente diferenciador como el que le están exigiendo al actual presidente. Tampoco en el mentado asunto de las tarifas públicas, que fueron subsidiadas a todos durante años sin segmentación, por lo que los pisos exclusivos de Barrio Norte, en Buenos Aires, pagaban lo mismo de luz y gas que una pensión de ancianos en un barrio humilde. El llamado del kirchnerismo en 2012 a renunciar voluntariamente al subsidio estatal fue un fracaso total, porque ni siquiera logró adhesión entre los militantes del propio partido del gobierno de ese entonces. En Rosario hubo menos de doscientas personas que renunciaron al beneficio en las facturas de gas.

¿Estas presiones desde la entraña del poder son genuinas, ideológicas o tienen la última intención de que Cristina vuelva a la Presidencia, en un remedo de “Cámpora al gobierno y Perón al poder”. Claro que Perón ganó las elecciones tras la renuncia de Cámpora, cosa para la que hoy Cristina seguramente no tendría votos suficientes.

Desde otro sector del peronismo, el más ligado a la ortodoxia, se forma un bloque que conjuga al ex secretario de Comercio Interior kirchnerista Guillermo Moreno, al ex presidente Eduardo Duhalde y hasta sectores ultranacionalistas, algunos neonazis, que también embate contra Alberto Fernández. Duhalde, no se sabe si por senil o por estrategia, repite que el presidente no terminará su mandato, y Moreno, que niega haber amenazado a empresarios con una pistola en la mesa de sus despacho, califica al presidente de “socialdemócrata”, como si fuera un insulto que, incluso por extensión, comprendería a muchas democracias europeas.

Del lado de enfrente, Juntos por el Cambio, que congrega a macristas, radicales y un núcleo duro de antiperonistas (no solo de este gobierno sino de todos, con la única excepción tal vez de Menem), propaga un discurso con posiciones casi destituyentes. Compara al gobierno con la ex Unión Soviética y parangona la situación actual de la Argentina con Venezuela, donde hay una crisis social y política de magnitud pero muy lejos de lo que ocurre aquí.

Es cierto que dentro de la oposición hay sectores más permeables al diálogo, enfrentados a la conducción de Patricia Bullrich, con quien el gobierno podría mantener acuerdos razonables. Pero la intransigencia desde el mismo kirchnerismo lo hace inviable. Además, contribuye el fanatismo de Patricia Bullrich que, sin duda, concentrará millones de votos, si su aspiración presidencial se concreta, en un sector de la población que, como dijo algún comunicador porteño, exige un poco más de “autoritarismo”.

Los medios juegan un papel decisivo en este delicado tablero de ajedrez. La inefable y repetida Viviana Canosa habla de prender fuego a la Casa de Gobierno, el macrismo tiene una pléyade nocturna estable de periodistas, que hace rato que abandonaron el periodismo y todas las noches operan políticamente contra el gobierno. Y el oficialismo cuenta con espacios mediáticos que difunden la voz oficial que no hacen más que convencer a los ya convencidos, pero no suman a nadie nuevo porque tampoco ven los matices ni reflexionan con total independencia de criterio.

De la misma manera que se pide la intervención de la Asociación de Médicos para frenar a los profesionales antivacunas que organizan charlas públicas para difundir falsedades, ¿no sería conveniente que las entidades que nuclean a la prensa evalúen si el papel de algunos comunicadores se ajusta a los lineamientos éticos de la profesión?

También desde el establishment se intentó empujar al gobierno al abismo económico que, como siempre en la Argentina, comienza con el salto imparable del dólar. El ministro de Economía, Martín Guzmán, logró domar por ahora la cotización del billete verde y sus otras modalidades para adquirirlo y sacarlo del país en base a estrategias de política monetaria y con viento a favor del sector exportador que liquida dólares de la cosecha a un precio que no se veía desde hace años. Pero no logra frenar la inflación, ese es su punto débil.

El cuestionamiento al gobierno, sea por derecha o por izquierda o desde el establishment, es funcional a un mismo objetivo: limar el poder del presidente, hacerlo ceder de acuerdo a los objetivos de cada sector y, si fuera necesario, alejarlo del gobierno antes de tiempo, aunque nadie quiera reconocer públicamente ese deseo.

Si eso ocurriese, como la democracia es un valor ya inamovible en el país y los golpes de Estado son cosa del pasado, la sucesión presidencial volvería a instaurar en la Casa Rosada a la actual vicepresidenta. Si esto llegara a concretarse, la brecha política, ideológica y social se agigantaría. Esta es la Argentina, desbordada por las mezquindades y egoísmos políticos y económicos sectoriales que complotan contra el bienestar general.