¿Quién vigilará a los vigilantes?

En momentos de estar a cargo de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe fui visitado por un señor conocido mío y de quien guardaba un excelente concepto, el que me refirió, con indisimulada angustia, su preocupación por la detención de uno de sus hijos, oficial de la policía de la provincia, acusado de instigación y participación en diversos delitos. Recuerdo que al final de la charla me dijo: "La policía convirtió a mi hijo en un delincuente".

Sin abrir juicio sobre esas palabras, recuerdo sí que me vino a la mente aquello adjudicado al legendario Sun Tzu, quien señalaba que en un ejército organizado hasta el cobarde se vuelve valiente y, por el contrario, en uno desorganizado hasta el valiente huye cobardemente. Ese es el peso determinante que muchos académicos le adjudican a las estructuras.

La seguridad que reclama el pueblo de Santa Fe tiene variadas perspectivas de abordaje posibles, dada su complejidad; pero para el caso me detengo solamente en una de ellas que supongo de suma importancia. Me estoy refiriendo a la estructura policial, al sistema articulado de partes que persiguen un mismo propósito, animadas de valores éticos y morales, dictados desde los fundamentos mismos de las responsabilidades del Estado y a mano de la voluntad política.

En lo inmediato, salta a la vista que una organización, cualquiera, pero en particular en esta etapa del conocimiento, que posea treinta mil agentes, dispuestos en orden de mando vertical, con vértice unipersonal, no puede resultar eficaz para ningún cometido propuesto y mucho menos el que exige brindar seguridad pública.

El sistema de seguridad vigente está agotado y desde hace rato.

La obsolescencia ha vuelto a la estructura policial, por su capacidad estructurante, en sospechosa de ser la causal de la corrupción de muchos de sus miembros, por lo que puede inferirse que en el momento oportuno les fue negada por parte del Estado la asistencia adecuada ante los avatares de una profesión que es, de por sí, altamente riesgosa, como lo testimoniara el padre del inicio de la nota.

Contando con el concurso de miembros y colaboradores de la Defensoría del Pueblo, envié a la Legislatura de aquel momento un anteproyecto de ley sobre seguridad, que disponía la cesión a los municipios de Rosario y Santa Fe de todas las facultades y competencias presupuestarias correspondientes, a los fines de que fueran ellos los que la gestionaran en sus respectivas jurisdicciones.

Para ello proponíamos:

a) Delegación de las facultades correspondientes al Poder Ejecutivo en materia de seguridad pública a los municipios de Rosario y Santa Fe, reservándose la provincia aquello que corresponda al tratamiento del delito complejo, nacional o internacional, con integrantes en número mínimo necesario y poseedores de la más alta calificación profesional.

b) La creación del Consejo de Seguridad Provincial, con competencia ejecutiva en el diseño de la política integral sobre la seguridad pública, con la participación activa de los intendentes de las ciudades de Rosario y Santa Fe.

c) La agremiación policial, mediante la creación de colegios profesionales que posibiliten la contribución efectiva de todos los efectivos policiales en el mejoramiento de su gestión, la permanente tutela de la eficacia y corrección en el desempeño de sus funciones, como también de la conducta y prestigio de sus colegiados, que conservarían su dependencia administrativa provincial.

d) Aspectos que hacen a la formación académica del personal policial.

Hemos manifestado en estas columnas que creemos en la urgente necesidad de reformar la Constitución de la provincia, contemplando la creación de "municipios departamentales" con las atribuciones que otorga el artículo 123 de la Constitución nacional vigente, que establece el régimen de autonomía municipal.

Pero, no obstante ello y dada la emergencia provincial en este factor de seguridad, proponemos que se legisle de modo de proceder en lo inmediato a la delegación de las facultades de gestión y recaudación a los municipios de Rosario y Santa Fe como hemos señalado.

Seguramente el contacto cercano con el ciudadano asegurará de éste su imprescindible colaboración, además de su fiscalización comprometida.

Estamos persuadidos de que esta nueva organización municipal de seguridad que proponemos resultará mucho más efectiva que la que poseemos actualmente, y acorde al reclamo ciudadano.

(*) Ex defensor del Pueblo de Santa Fe. Ex presidente de la Cámara de Diputados de la provincia