Opinión

Qué hay detrás del veto a las tarifas

La ley sobre tarifas. La decisión express presidencial no hace más que ratificar qué intereses defiende Macri y su grupo de CEO's empresarios, que no creen en la política, la democracia ni el bien común.

Viernes 01 de Junio de 2018

En el marco del debate de la Ley de Readecuación de Tarifas el oficialismo expresó que si no la vetaba tendría que compensar a las empresas en unos 115.000 millones de pesos, lo cual constituía a la votación legislativa —en el relato del gobierno— un acto irresponsable de parte de la oposición política. Vale la pena aclarar que el impacto fiscal previsto por la ley era mucho menor al que argumentó el gobierno nacional. Pero aun siendo ciertos esos números del oficialismo, no podemos olvidar que los argentinos pagamos hoy 800 millones de pesos por día para satisfacer el apetito de la timba financiera. Con lo cual, el alivio en las tarifas que votamos en el Congreso y el presidente veta hubiera sido un vuelto comparado con esa verdadera hemorragia de recursos públicos que es hoy el pago de las Lebac.

En relación a esta política conviene hacer una serie de aclaraciones, que van más allá de los comentarios superficiales que suelen escucharse para justificar las posiciones que han estado en juego en torno a esta controvertida norma.

En primer lugar el subsidio que pagaría el Estado surge de la diferencia entre el precio de referencia que se acordó con las empresas del sector de generación de energía y los valores tarifarios que pagan los usuarios. La ley aprobada el jueves a la madrugada abordaba las tarifas desde la lógica de un servicio público. Tarifas justas y razonables, con ganancias normales para las empresas. Ahora bien: ¿de dónde salió que el precio de referencia establecido por el Ministerio de Energía de la Nación es justo y adecuado?

En realidad lo que hay que decir al respecto es que los precios de referencia fueron acordados entre el gobierno nacional y un grupo de empresas amigas, convalidando valores muy altos, incluso a nivel internacional. Aranguren privatizó y dolarizó el valor de las tarifas. Por ejemplo, en las tarifas de gas y de combustibles, el valor surge de la cotización internacional y no por los costos de producción de ambos insumos, que están mucho más bajos.

De este último tema el oficialismo no habla. En este punto, en vez de haber vetado la ley, el gobierno nacional tendría que haberse sentado con las empresas prestadoras y pactar un precio de referencia más razonable, que no implique una transferencia descomunal entre la sociedad y un pequeño grupo de empresas oligopólicas. O sea, sacar las tarifas del negocio privado para tratarlas como lo que son, un servicio público.

Lo anterior nos lleva a un segundo tema muy controvertido. ¿Cuál fue el argumento que utilizó el gobierno nacional en su momento para convalidar precios de referencia tan elevados a favor de las empresas prestatarias? El argumento fue que hay que hacer un esfuerzo en términos de inversión y que esa tarifa alta permitirá que las empresas puedan encarar en los próximos años las obras de infraestructura que necesita el país.

En relación a este tema caben las siguientes consideraciones:

1No se conoce ningún cronograma de obras comprometido entre el gobierno nacional y estas empresas. Están ya recibiendo recursos para obras que no están registradas en ninguna parte.

2En la mayor parte de las licitaciones un criterio normal es que la empresa tiene que hacer la inversión, que luego amortiza cobrando los servicios. Aquí la lógica esta planteada al revés. Primero subimos las tarifas, les generamos a las empresas un gran excedente y con el colchón de recursos que se genera en el tiempo, las empresas se comprometen a hacer obras en los próximos años (De palabrita, porque como expresamos en el punto anterior, ni siquiera hay un cronograma de obras comprometido formalmente).

3Como broche de lo expresado anteriormente, hay que decir que algunas de esas empresas ya comenzaron a distribuir utilidades, por cifras siderales, según consta en los balances presentados ante la Comisión Nacional de Valores hace algunos meses. Cito aquí las ganancias declaradas por las firmas energéticas en 2017: Metrogas $774,8 millones, Gas Cuyana $588 millones, Gas Natural Ban $542,9 millones, Camuzzi Gas $824,9 millones, Gas del Norte $841,8 millones, Gas del Centro $770 millones, Gas del Sur $2.793 millones. Ganan más y no invierten.

Todo lo anterior constituye poco menos que un escándalo, del cual la mayor parte de la sociedad argentina empieza a darse cuenta a pesar de que no son muchos los medios de comunicación que ayudan a informar con la verdad. Estamos frente a una transferencia de recursos de parte de la sociedad argentina hacia un grupo reducido de empresas amigas del gobierno. El veto express presidencial no hace más que ratificar intereses defiende Mauricio Macri y su grupo de CEO's empresarios, que no creen ni en la política pública, ni en la democracia, ni en el bien común.

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