Opinión

Por una transición republicana

En el marco de la transición entre el gobierno de Mauricio Macri y el recientemente elegido de Alberto Fernández presentamos un proyecto de ley que viene a saldar una deuda histórica de nuestra democracia: la de establecer una transición ordenada, con reglas claras y republicana.

Viernes 08 de Noviembre de 2019

En el marco de la transición entre el gobierno de Mauricio Macri y el recientemente elegido de Alberto Fernández presentamos un proyecto de ley que viene a saldar una deuda histórica de nuestra democracia: la de establecer una transición ordenada, con reglas claras y republicana.

El proyecto tiene como objetivo que el nuevo gobernante electo conozca y reciba del gobernante saliente toda la información necesaria para la implementación, previsión y elaboración del nuevo programa de gestión.

Los funcionarios del gobierno saliente deben cooperar con el proceso de transición y suministrar toda la información necesaria sobre el estado de la administración central, organismos centralizados y/o descentralizados dependientes del Poder Ejecutivo Nacional.

Este proyecto se basa en una Administración moderna y en la transparencia de la información pública, la cual no pertenece a ningún grupo político sino que es propiedad de los ciudadanos. Los funcionarios que dejan un gobierno tienen la responsabilidad de asegurar la continuidad jurídica del Estado. Por eso buscamos que se regule la creación de un equipo de transición republicana integrado por el Jefe de Gabinete de Ministros, el Síndico General de la Nación, el grupo de representantes del gobierno saliente y el grupo de representantes del gobierno entrante.

A la vez, los informes de gestión tienen carácter de declaración jurada y deben contener, como mínimo, la siguiente información: los planes, proyectos o programas correspondientes al área durante la última gestión; la situación presupuestaria y financiera, detalle de los préstamos financieros en gestión, otorgados y solicitados, nivel de endeudamiento total, especificando las obligaciones de corto plazo y el estado de deuda con los proveedores; un inventario de bienes, depósitos, disponibilidades monetarias y obligaciones exigibles; los recursos humanos distribuidos por organismos descentralizados, ministerios, secretarias y direcciones, personal de la planta permanente y transitoria u otra modalidad de contratación, detallando sus respectivas funciones; la situación de todos los procesos judiciales y arbitrales en los que organismos descentralizados, ministerios, secretarias y/o direcciones sean parte; un listado de todas las contrataciones públicas, licitaciones, concursos, obras públicas, adquisiciones de bienes y servicios que se encuentren en curso o pendientes, especificando características, montos y proveedores; el estado en que se encuentran los permisos, autorizaciones y/o concesiones de servicios y obras otorgadas por el área; las cuestiones de gestión que revistan carácter urgente, entendiéndose como tales aquellos asuntos que requieran toma de decisiones, tratamiento o atención prioritaria dentro de los treinta días de finalizado el período de transición.

En la historia, muchos períodos de transición han generado inconvenientes, parálisis, perjuicios y gastos innecesarios que afectan a los gobiernos entrantes, pero, fundamentalmente, al Estado, es decir a todos los argentinos. Por eso consideramos fundamental para el buen funcionamiento de la democracia una ley que regule este proceso con eficacia, y sobre todo transparencia.

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