Opinión

Ponerle el cascabel al gato

El gran debate. El gobierno provincial intenta conseguir aprobación para adherirse a la ley de desfederalización del narcomenudeo, una experiencia que ya fracasó en la provincia de Buenos Aires.

Lunes 14 de Mayo de 2018

Desde hace tres años, figuras fuertes de los diversos poderes provinciales y en clara sintonía con el pedido del Ejecutivo nacional intentan sancionar la adhesión a ley 26.052 de desfederalización del delito de narcomenudeo. La ley data de 2005 y fue la respuesta de la clase política de aquel entonces a la demanda por mayor seguridad. Un año antes había sido asesinado Axel Blumberg. Potenciado por el accionar de su padre, el caso conmovió a todos los estamentos de la opinión pública. Al ser el conurbano bonaerense el epicentro de este y muchos casos más, la norma tal cual hoy la conocemos fue promovida por el entonces gobernador de Buenos Aires Felipe Solá y su ministro de Seguridad, León Arslanian. Estos, al igual que el grupo de legisladores que la promulgaron, consideraban a la comercialización minorista de estupefacientes como la principal causante de la violencia e inseguridad en sus territorios.

De esta manera, gestada e implementada en Buenos Aires, la nueva ley habilitaría al resto de las provincias que adhieran la posibilidad de que sus aparatos de justicia y seguridad operen de manera conjunta sobre el delito del narcomenudeo. Los delitos más complejos seguirían siendo regulados por la vieja ley 23.737 de estupefacientes de 1989, esto es por los fueros federales en sus diversos estamentos. La desfederalización planteaba un esquema normativo complementario que en teoría redundaría en una mayor eficacia para el abordaje del narcotráfico.

Críticas al por mayor

Durante su promulgación hubo críticas provenientes de todos los frentes. Se consideró que la ley potenciaría la tendencia al autogobierno de la "Bonaerense" por efecto de la la recaudación de "cajas" clandestinas; que la mentada transferencia de fondos desde el fuero federal a los provinciales (estipulada por la ley) no iría a acontecer; que solo redundaría en una criminalización del eslabón más débil del narcotráfico con la consecuente sobrecarga del sistema judicial y el aumento de la población carcelaria, obviamente de los sectores más vulnerables.

Se argumentó razonablemente que todos estos hechos de ningún modo harían mella el proceso global que es el narcotráfico. Un año después de promulgada en 2006, desde la ciencia jurídica la ley fue objeto de un sesudo análisis por parte del actual Ministro de la Corte Suprema de Justicia provincial Daniel Erbetta y por el actual Defensor Regional Daniel Fransechetti.

A trece años de promulgada, las prevenciones y reparos que dictaminaban esos diagnósticos se volvieron una realidad y la pretendida eficacia buscada no aconteció. Fundamentalmente el tratamiento por orden de la Justicia local de los delitos de narcomenudeo se hicieron en detrimento de otros mayores. Una vez en manos de los fueros locales, por la misma lógica del procedimiento, estos se desvinculan de los procesos de investigación mayores.

El crecimiento de las causas por narcomenudeo es inversamente proporcional al decrecimiento de las causas de delitos de gran magnitud tales como los de comercio agravado, almacenamiento simple, organización y financiamiento de actividades ilícitas, transporte de estupefacientes agravados, entre otros. En definitiva los delitos relevantes que hacen a la trama sustancial del narcotráfico quedan desestimados. Esta situación motivó a legisladores nacionales (Pichetto, Carrió y Giustiniani) a presentar diversos proyectos de derogación de la ley en cuestión.

Todas las políticas públicas orientadas a abordar la problemática de las drogas se ponderan a partir de un criterio binario. Están aquellas orientadas a la reducción de la oferta afincada en criterios securitarios y están las que pretenden reducir la demanda ahondando generalmente en una perspectiva sanitaria. La ley de desfederalización es un instrumento jurídico que se enmarca dentro del primer caso.

El fracaso del prohibicionismo

A a más de cien años de la puesta en vigencia de la prohibición de las drogas, el consumo a nivel global no cesa de aumentar. Situación que pone en entre dicho la eficacia de las medidas de neto corte securitario en tanto constituyeron y aún lo hacen el principal baluarte del prohibicionismo. Sin embargo, aquellas orientadas a reducir la demanda han logrado que la curva en el consumo sea menos empinada. Entre todos los casos, la política pública de regulación estatal del cannabis en Uruguay muestra datos favorables respecto de esta tendencia. Según un estudio de la Universidad de la República, desde que se implementó la medida hubo un fraccionamiento de los mercados ilegales de estupefacientes. Al sacar de la clandestinidad a la marihuana, quien va en busca de esa sustancia no se topa con otras. Esta situación ha tenido un impacto positivo en la merma del consumo de otras drogas entre las cuales se halla la cocaína y la pasta base, además de una sustancial reducción de la violencia asociada a su comercio.

Trece años después de implementada y a la luz de sus cuestionables resultados, el actual gobernador de Santa Fe y su ministro de Seguridad, en la misma senda que legisladores y fiscales, insisten por motivos similares a los de Solá y Arslanian, en un instrumento jurídico gestado y pensado en la siempre convulsionada realidad del conurbano bonaerense. Como queda demostrado, la oposición a la norma no parte de un infatuado chauvinismo provincial, contrario a las imposiciones del gobierno nacional y lo que dictaminó la experiencia bonaerense, sino en la evidencia empírica que muestra su fracaso.

Que no se quiera o no se pueda por motivos de fuerza mayor pensar y actuar en otra dirección a las políticas de reducción de oferta, no permite argumentar en favor de la norma en base a juicios bien fundamentados. Ningún juicio es infalible, pero su falibilidad no depende de opiniones temerarias sino de la oposición de otros juicios con evidencia científica que demuestren lo contrario. Algo que en Santa Fe y Argentina no está aconteciendo.

En definitiva, como reza la fábula, que nadie quiera ponerle el cascabel al gato no significa que este vaya a dejar de comer ratones.

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