Por Marcela Isaías
La escuela pública y sus docentes hacen eso y mucho más. Cuando la comida no alcanza dividen panes y hasta ponen de su propio bolsillo para que haya siempre una galletita a mano y "engañar al estómago"; cuando no hay zapatillas porque las únicas que tienen se mojaron en la última lluvia siempre está el "roperito" salvador; cuando hay que armar un paseo inolvidable (y hasta viajes de estudio) siempre están las profesoras que se las ingenian mejor que cualquier ministro de Economía para que nadie se lo pierda; cuando el discurso conservador, basado en la opresión, pretende avasallar derechos en la educación sexual integral, siempre hay docentes que siguen adelante porque saben que para muchas chicas y chicos es la única oportunidad de aprender a construir relaciones cuidadas, basadas en el respeto y libres de abusos y violencias. Y cuando los discursos antiderechos, discriminatorios, meritocráticos y que promueven el olvido llegan hasta desde las propias políticas de gobierno, siempre hay un docente que les hace frente.
Desnaturalizar los destinos escritos de la pobreza, hacer memoria y respetar la diversidad no es una tarea sencilla para la escuela. En especial cuando el relato mediático, de las redes y de quienes deciden los destinos de un país se empeñan en contradecir esos valores de la enseñanza.
Las declaraciones recientes de la ministra de (in)Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, avalando que "quien quiera andar armado que lo haga" está en esa línea de pensamiento. Atenta contra los valores del cuidado, del respeto y aprecio por la humanidad que la educación debe garantizar. La propia ley de educación nacional 26.206 señala en sus principios que "la educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando/a la capacidad de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común" (Artículo 8, Capítulo 1).
Por el contrario, la "Pedagogía Patricia Bullrich" se alimenta del fascismo de los Bolsonaro, se apoya en la xenofobia y se acerca a los niveles de violencia más atroces propios del modelo norteamericano, donde cada tanto las escuelas son blancos de los desquiciados que portan armas "en forma libre", en una sociedad claramente enferma.
El desafío de las escuelas argentinas es muy grande: cuidar que las enseñanzas de solidaridad, convivencia y reconocimiento de la diferencia que se construyen a largo plazo, en acciones que no entran en ninguna prueba estandarizada, no se derrumben ante declaraciones de una representante del Estado que contradicen, tristemente, con eficacia todo ese empeño.
A fines de octubre pasado, la ministra Bullrich estuvo en la ciudad invitada a participar en las Jornadas sobre Narcocriminalidad, organizadas por el Ministerio Público Fiscal de Santa Fe, y que se daban en el ámbito de la Universidad Nacional de Rosario. Hasta la Facultad de Derecho (UNR) llegó una multitud de representantes de diferentes organizaciones para declararla "persona no grata", además de entregarles a las autoridades de Derecho y a los asistentes un documento en el que recuerdan que es la responsable de la represión ordenada contra quienes se manifestaban frente al Congreso de la Nación, rechazando la aprobación del proyecto de Presupuesto 2019. Una protesta legítima si se considera que la propuesta oficial contempla un fuerte ajuste para la educación pública: "El presupuesto educativo del Estado nacional en 2019 será, en términos reales, un 17 por ciento más bajo que el de 2016 (de 122 mil millones a 101 mil millones). Como en este período, la cantidad de estudiantes en todo el sistema educativo se habrá incrementado en 500 mil, la inversión educativa real por alumno del Estado nacional en el período 2016-2019 habrá descendido más de un 20 por ciento". Datos del estudio "El presupuesto educativo entre 2016 y 2019: degradación del financiamiento y debilitamiento de las políticas nacionales", realizado por investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional, la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), el Centro Cultural de la Cooperación, y las universidades nacionales de Hurlingham, de Avellaneda, de Quilmes (UNQ) y General Sarmiento.
En ese documento que difundieron los manifestantes ante la Facultad de Derecho recordaron que la ministra "es la representante de la definición de las políticas represivas que el Ejecutivo nacional ejecuta contra el pueblo, que aumentan y avanzan en concordancia con el brutal ajuste". Y que se expresan en la criminalización de los jóvenes de los sectores populares, además de promover "la ejecución de prácticas policiales abusivas" y "la naturalización de la violencia institucional, como herramienta de disciplinamiento social".
Tremenda tarea les queda una vez más a la educación pública y sus docentes: educar para la paz y la justicia haciéndoles frente en forma desigual a las políticas oficiales sostenidas en el odio.